NeuquenNews
El anuncio del presidente Donald Trump de autorizar aranceles punitivos contra cualquier país que suministre petróleo a Cuba —declarando una emergencia nacional en nombre de la “seguridad” estadounidense— no es un episodio aislado. Es parte de una continuidad histórica y operativa que, en los últimos años, exhibe un patrón de acción contundente, siempre violento o extralegal, con el objetivo de remodelar regiones completas según la conveniencia de Washington.
Bajo la apariencia de proteger intereses estadounidenses, las sanciones, bloqueos, operaciones militares y amenazas económicas constituyen herramientas de presión masiva sobre poblaciones enteras, no solo sobre los gobiernos a los que se dirige la retórica oficial.
1. Cuba: sanciones, aranceles y la estrangulación del acceso energético
La orden ejecutiva anunciada a fines de enero de 2026 permite imponer aranceles a productos provenientes de países que suministren petróleo a la isla. La justificación oficial habla de una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad estadounidense, un calificativo que con frecuencia se usa para encubrir objetivos geopolíticos amplios y ambiguos.
La medida agrava una crisis energética profunda en Cuba, la cual enfrenta un colapso inminente de sus reservas de combustible, que según datos especializados podrían agotarse en pocas semanas. Esta presión económica tiene efectos directos sobre la vida cotidiana: apagones prolongados, desabastecimiento de servicios esenciales, problemas logísticos en salud y alimentación, y una profundización del sufrimiento social en un país ya golpeado por décadas de sanciones.
Para países como México, la política estadounidense plantea una disyuntiva brutal: no ayudar humanitariamente a Cuba o hacerlo y someterse al castigo económico de Washington. Brindar combustible para hospitales, transporte o generación eléctrica —es decir, sostener vidas— pasa a ser tratado como una provocación geopolítica. La advertencia de Claudia Sheinbaum expone el núcleo del problema: Estados Unidos no solo sanciona a quienes define como “enemigos”, sino que disciplina a sus aliados, convirtiendo la solidaridad en un acto de desobediencia y la ayuda humanitaria en una falta punible. Es la lógica del poder sin matices: obediencia o castigo, incluso cuando lo que está en juego es la supervivencia de una población civil.
2. Venezuela: intervención, captura y dominio sobre recursos
El año 2026 comenzó con un hito sin precedentes: una operación militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, con su traslado a territorio estadounidense para enfrentar cargos federal de ser jefe del "Cartel de Los Soles", organización que la justicia estadounidense reconoció como inexistente.
Esta intervención —cuya legalidad fue cuestionada incluso por aliados de Estados Unidos— no solo impacta la soberanía venezolana, sino que altera el equilibrio de poder en la región al consolidar el control efectivo estadounidense sobre los recursos energéticos del país caribeño, tradicionalmente uno de los más ricos en petróleo del mundo.
La combinación de sanciones, bloqueos navales a embarcaciones petroleras y la presión directa sobre los envíos de crudo ha dejado a Venezuela incapacitada para operar con normalidad en el mercado internacional. Este patrón —bloqueos, sanciones económicas y presión militar indirecta— se observa como un mecanismo persistente para controlar no solo gobiernos adversarios, sino también petróleo, mercados y alianzas regionales.
3. África, Oriente Medio y más allá: los límites del “orden internacional”
El uso de la fuerza por parte de Estados Unidos no se limita al Caribe o al continente americano. En conflictos como la crisis del Mar Rojo (Operación Rough Rider), Washington lanzó cientos de ataques aéreos y navales contra objetivos en Yemen en 2025, provocando víctimas civiles y exacerbando una crisis humanitaria que aún repercute en la región.
Aunque estas operaciones se enmarcan en narrativa contra grupos “hostiles” o “terroristas”, la realidad es que su efecto sobre poblaciones civiles, economías locales y la estabilidad regional es profundo y a menudo incompatible con los principios del derecho internacional.
4. La lógica de la coerción económica y militar
Lo que vincula estos casos —Cuba, Venezuela y operaciones en África y Oriente Medio— es una lógica estratégica consistente: Estados Unidos utiliza un espectro completo de herramientas de poder, incluyendo:
Este repertorio de instrumentos demuestra que el centro de gravedad de la política exterior estadounidense no solo está en la diplomacia ni en las alianzas, sino en la capacidad de usar el poder económico y militar para remodelar el sistema internacional según sus intereses.
5. El desapego al derecho internacional y la ONU
La recurrencia de estas acciones levanta preguntas fundamentales sobre el respeto al derecho internacional y al sistema multilateral que los mismos Estados Unidos ayudaron a construir después de la Segunda Guerra Mundial.
La utilización sistemática de sanciones unilaterales, bloqueos, amenazas arancelarias y operaciones militares sin aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas contradice principios básicos de soberanía, no intervención y solución pacífica de controversias.
Aunque estas prácticas han sido criticadas desde múltiples foros internacionales, la capacidad de Estados Unidos para evadir mecanismos internacionales de control y rendición de cuentas sostiene un status quo en el que el derecho internacional se convierte en una herramienta política más, no en un límite real al ejercicio del poder hegemónico.
Geopolítica del poder duro
La escalada contra Cuba y sus proveedores de petróleo, cuando se inserta en este patrón más amplio, deja en evidencia una política exterior estadounidense cada vez menos guiada por normas multilaterales y cada vez más por la lógica del poder duro: coerción económica, presión militar y dominación estratégica.
El resultado no es solo una pandemia de crisis humanitarias, apagones, hambrunas controladas o estados debilitados: es un mundo en el que la legalidad internacional se subordina a los intereses de la potencia dominante.
La comunidad internacional puede seguir declarando principios, resoluciones y condenas. Pero mientras el principal actor global tenga la capacidad de imponer su voluntad con sanciones, aranceles, bloqueos y fuerzas armadas, el orden internacional seguirá siendo una ficción acomodaticia, antes que una estructura de justicia y equidad entre Estados.
El comienzo del bloqueo
El bloqueo (embargo) económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba tuvo su formalización clave durante el gobierno de John F. Kennedy, cuando el 3 de febrero de 1962 firmó la Proclamación Presidencial 3447, que estableció un “embargo sobre todo comercio” entre ambos países. En ese instrumento —dictado bajo autoridad legal estadounidense vinculada a la asistencia exterior— se proclamó el embargo y se dispuso la prohibición de importar bienes de origen cubano (y bienes importados desde o a través de Cuba), con vigencia efectiva desde el 7 de febrero de 1962.
Ese acto no fue un gesto simbólico: fue el anclaje jurídico inicial de un sistema de sanciones que luego se amplió y se consolidó en regulaciones posteriores, convirtiéndose en una de las políticas coercitivas unilaterales más prolongadas del mundo contemporáneo.
