Emergencia Ígnea por DNU: Nación centraliza el manejo del fuego mientras la cordillera arde y la prevención sigue en deuda

Qué dispone el decreto y por qué es relevante para Neuquén. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026 declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año, en los términos del artículo 2°, inciso e) de la Ley 27.287. El objetivo formal es habilitar medidas inmediatas de presupresión y combate del fuego, además de acciones de restauración ambiental y prevención de nuevos focos.

En paralelo, el decreto declara “zona de desastre” a los territorios afectados, bajo el artículo 2°, inciso d) de la misma ley, lo que habilita un régimen excepcional de intervención del Estado nacional ante daños de magnitud.

La norma encomienda la coordinación general de la emergencia a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) —organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad de la Nación—, que queda a cargo de articular acciones de: prevención y combate del fuego, mitigación del daño social y económico, asistencia a provincias y municipios, y ejecución de políticas dentro del sistema nacional de gestión del riesgo.

Las acciones deben implementarse en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales y bajo los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, y el DNU debe ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como establece la Ley 26.122. El decreto entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

El propio texto oficial reconoce el núcleo del problema sin eufemismos: “la capacidad de respuesta del Estado ha sido superada”, y justifica la urgencia en la combinación de sequía prolongada, vientos intensos, daños ambientales y riesgos directos sobre la vida, los bienes y las comunidades.

Lo que cambia (y lo que no)

Lo que cambia: La Nación formaliza un “modo emergencia”, centraliza la coordinación operativa en la AFE y ordena la intervención federal bajo el andamiaje legal del Manejo del Fuego y del sistema nacional de protección civil. En términos administrativos, hay un mando claro, un esquema unificado y una cadena de decisiones más corta.

Lo que no queda claro: El decreto no detalla montos, partidas extraordinarias, mecanismos de financiamiento, compras, contrataciones ni refuerzos presupuestarios concretos. Declara, encomienda y coordina, pero el “cómo” —en dinero, medios, tiempos y capacidad operativa real— queda fuera del texto.

Ese vacío no es menor: cuando el fuego se desborda, los minutos valen brigadistas, aeronaves, logística, equipamiento y prevención previa. Y la prevención, por definición, no se improvisa con un decreto: se construye con políticas públicas sostenidas, presupuesto estable, planificación territorial, manejo de combustibles, cortafuegos, control, sanción y educación comunitaria.

Un DNU para una crisis inminente

El Gobierno justifica el uso del DNU en que el trámite legislativo “irrogaría un importante retraso”, apelando al mecanismo constitucional de necesidad y urgencia. Es cierto: el fuego no espera.
Pero también es cierto que la crisis de incendios en la Patagonia no es un fenómeno repentino ni imprevisible. La región arrastra temporadas críticas recurrentes, con un riesgo que se intensifica por sequías más persistentes, olas de calor y cambios en los patrones climáticos.

El Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur (SMN) ya había advertido que el verano 2025-2026 requería “vigilancia y articulación institucional” para gestionar el riesgo de incendios en Argentina.
Y el monitoreo satelital lo confirmó: imágenes de la NASA detectaron actividad generalizada de incendios desde el 6 de enero en la zona del Parque Nacional Los Alerces, con focos persistentes y columnas de humo visibles durante días.

La Patagonia en llamas: contexto inmediato
La emergencia no se activa por un hecho aislado. En las últimas semanas se registraron reactivaciones y expansión de focos en Chubut, con localidades cercadas, rutas afectadas y comunidades organizándose para contener el avance del fuego en un contexto de altas temperaturas, sequía estructural y vientos intensos.

A esto se suman los reportes diarios del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que muestran incendios activos en distintas jurisdicciones, configurando un mapa de recurrencia y dispersión que ya no puede leerse como episodios excepcionales, sino como un patrón estructural.

El punto crítico: centralización sin rendición de resultados
El decreto concentra el comando coordinador en una agencia bajo el Ministerio de Seguridad. Esa decisión puede ordenar recursos y evitar superposiciones burocráticas. Pero también abre una pregunta política inevitable: ¿se está fortaleciendo realmente el sistema o solo se está reordenando el organigrama mientras el incendio corre por delante?

Porque el propio decreto reconoce que los medios fueron superados, pero no expone qué falló antes: prevención, alerta temprana, infraestructura aérea, disponibilidad de brigadas, planificación territorial, control del uso del suelo, coordinación interjurisdiccional o gestión de la interfase urbano-forestal.

Sin ese balance, la emergencia corre el riesgo de convertirse en un gesto reactivo de control posterior, cuando lo que se necesita es capacidad instalada permanente y política pública de largo plazo.

Qué debería mirarse desde Neuquén

Para Neuquén, el decreto implica quedar bajo el paraguas formal de emergencia y desastre, con la AFE como articulador federal. En lo inmediato, la lupa pública debería estar puesta en tres ejes concretos:

• Recursos reales desplegados: brigadistas, aeronaves, logística, equipamiento e insumos, y su distribución territorial.
• Transparencia operativa: qué se compra, qué se contrata, con qué fondos y con qué resultados medibles.
• Prevención estructural 2026–2027: planificación territorial, manejo de combustibles, fortalecimiento de brigadas, educación comunitaria, control y sanción efectiva.

Desfinanciamiento y subejecución: el dato que el decreto no menciona

La emergencia se decreta después de años de recortes reales y subejecuciones en las políticas de manejo del fuego.
Organizaciones que monitorean el presupuesto público señalaron que:

En 2024 se ejecutó solo el 22% del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En 2025 quedó sin usar alrededor del 25% de los fondos asignados (casi $20.000 millones). Proyecciones del Presupuesto 2026 muestran nuevas caídas reales frente a años previos, con recortes que, según el año de comparación, superan el 50% y llegan a valores cercanos al 70% en términos reales.

La situación hoy

A 30 de enero de 2026, el diagnóstico es que el frente ígneo en la cordillera sigue activo y con comportamiento errático, con reactivaciones favorecidas por la sequía, temperaturas altas y viento, lo que complica el control definitivo y obliga a sostener operativos largos. En la Patagonia, los reportes periodísticos más consistentes hablan de un daño ya masivo: casi 230.000 hectáreas arrasadas en el sur del país, con Chubut como la provincia más golpeada y focos todavía activos en áreas sensibles como Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces.  En paralelo, la situación se mantiene dinámica por provincia: hay coberturas que estiman miles de hectáreas afectadas también en Río Negro y Neuquén (además de La Pampa y Santa Cruz), y el propio esquema de alertas oficiales de peligrosidad siguió marcando nivel de alerta en Neuquén y la franja patagónica en los últimos días del mes, señal de que el riesgo de nuevos focos y rebrotes continúa alto.