El Senado aprueba la modificación de la Ley de Glaciares con la abstención de Julieta Corroza

El Senado de la Nación aprobó este jueves 26 de febrero de 2026 la modificación de la Ley de Protección de Glaciares (Ley 26.639), una normativa que desde 2010 regula la preservación de los glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de recursos hídricos. Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una única abstención, la Cámara Alta otorgó media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno Nacional y muchos de sus aliados legislativos, y ahora lo girará a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

La reforma redefinió el alcance de las zonas protegidas, diferenciando las geoformas y áreas periglaciales que cumplen funciones hídricas de aquellas que no, con la intención declarada de facilitar la ejecución de proyectos mineros y otras actividades productivas que estaban frenadas bajo la normativa vigente. El texto incorpora nuevos criterios para la actualización del Inventario Nacional de Glaciares y mantiene la obligación de evaluación de impacto ambiental previa para actividades con potencial efecto sobre estos ambientes, aunque organizaciones ambientalistas han denunciado que la modificación achica la protección y favorece la explotación económica en territorios sensibles.

La senadora nacional Julieta Corroza, representante de Neuquén por el espacio La Neuquinidad, se abstuvo en la votación, convirtiéndose en la única legisladora en esa posición en el recinto. La abstención de Corroza fue consignada en los registros nominales de la votación, que marcaron la ajustada mayoría obtenida por el oficialismo y sus aliados para otorgar media sanción a la reforma.

El debate por la modificación de la ley de Glaciares estuvo antecedido por intensas negociaciones y discusiones en las comisiones del Senado, donde expertos, representantes ambientales, científicos y referentes del sector minero expusieron posiciones encontradas sobre el equilibrio entre la protección de los recursos hídricos de montaña y la posibilidad de promover inversiones productivas en zonas cordilleranas.

La Ley de Glaciares original, aprobada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección ambiental de estas formaciones naturales y de sus ambientes periglaciales, prohibiendo actividades industriales y mineras que pudieran alterar su estado, con el objetivo de resguardar fuentes de agua para consumo humano, agricultura y recarga de cuencas. La reforma aprobada introduce criterios interpretativos que han generado críticas por parte de organizaciones ambientalistas que advierten sobre riesgos de debilitamiento de la protección ambiental.

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares ahora será analizado por los diputados nacionales, donde se espera un nuevo debate que podría mantener la polarización sobre el futuro legislativo de una norma clave para la protección de los recursos hídricos de la Cordillera de los Andes.