La organización ambiental cuestiona además que una decisión con semejante impacto ambiental se trate a las apuradas, en sesiones extraordinarias, sin un debate público y federal.
El doctor en Geología y glaciólogo Lucas Ruiz explicó a Radio 750 los principales puntos de esta reforma, hecha a medida de las mineras. “El principal problema es que la ley no intenta modificar qué es ambiente periglaciar o dar una definición más precisa”, sino que -al contrario- “busca darle la potestad a las provincias para que digan qué quieren proteger y qué no”. Qué entienden, y qué no, por ambiente periglaciar, pero sin establecer un mecanismo de medición precisa.
“Y esto entra en conflicto con el objetivo que tienen las leyes de presupuesto mínimo ambiental, que es generar un estándar de protección ambiental. Son elementos que requieren un consenso a nivel país”, alertó.
Si se cambia la ley, advirtió, las consecuencias serán claras: “La modificación que quieren hacer es muy arbitraria. Porque sin decir cuáles van a ser los elementos a evaluar, dicen que las provincias pueden evaluar y decir qué importa y qué no”.
“Esto pone a las provincias a competir por cuál es la que protege menos”, dijo, señalando cómo se puede generar una suerte de liberación para quedarse con la menor regulación posible, pero con la mayor cantidad de inversiones mineras.
Fuentes: Perfil y Página12
