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Desde la Secretaría de Energía, justificaron esta medida señalando que aún existen “ineficiencias en la asignación de los recursos”, lo que distorsiona el propósito de apoyar a quienes realmente lo necesitan. En los considerandos de la resolución, se destacó la importancia de “avanzar gradualmente con las señales que estimulen el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales” en todos los hogares del país, mientras se focalizan los subsidios de manera más eficiente.
Según los cálculos oficiales, los usuarios residenciales actualmente pagan hasta 80% de la tarifa de luz y gas que consumen, mientras que el subsidio cubre el porcentaje restante. La segmentación, que se implementó en 2022, divide a los hogares en tres categorías según sus ingresos: altos, medios y bajos. La medida busca que los hogares de menores recursos continúen recibiendo el apoyo necesario, mientras que los de mayores ingresos asuman una mayor proporción del costo.
La resolución 384 también explica que la reestructuración de los subsidios debe ser realizada de manera ordenada, previsible y gradual. La medida busca evitar que los cambios abruptos afecten a la población y garantizar que las familias más vulnerables puedan seguir accediendo a los beneficios. Sin embargo, la intención del Gobierno es eliminar los subsidios por completo en 2025.
Hace unas semanas, el Gobierno extendió la emergencia energética por seis meses, lo que se suma a la postergación de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), que debía establecer los aumentos en las tarifas de las empresas distribuidoras de electricidad y gas para los próximos cinco años. La decisión de prorrogar ambos aspectos del sistema energético busca evitar aumentos drásticos en un contexto de alta demanda de energía, especialmente durante el verano.
A pesar de los esfuerzos por segmentar los subsidios, las autoridades han tenido que ajustar su cronograma original debido a la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo y la necesidad urgente de prevenir cortes masivos de servicios en el periodo estival. Esto ha implicado un retraso en la eliminación total de los subsidios, que en un principio estaba previsto para 2024.
La resolución también subraya que el Gobierno está comprometido con una transición ordenada, para evitar efectos adversos en la economía doméstica de los hogares más vulnerables. La Secretaría de Energía seguirá evaluando el impacto de las medidas, asegurando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan sin generar distorsiones en el sistema.
Esta medida es vista como un intento por parte del Ejecutivo de mantener el equilibrio entre el cuidado del gasto público y el respaldo a las familias de menores recursos, mientras se busca una reestructuración sostenible del sistema energético en el país.
