A más de una década del acuartelamiento policial de 2013, la policía neuquina vuelve a expresar su malestar por salarios bajos, falta de recursos y desgaste laboral. Con denuncias de abandono por parte del gobierno de Rolando Figueroa y amenazas de medidas de fuerza, el conflicto actual refleja una continuidad preocupante en las tensiones no resueltas entre la fuerza y las autoridades provinciales.
REGIONALES29/10/2024
NeuquenNews
La seguridad pública en la provincia de Neuquén atraviesa una crisis que se intensifica día a día. En un comunicado reciente, sectores representativos de la policía provincial expresaron su profundo descontento con el gobierno, denunciando abandono institucional, condiciones laborales precarias y un aumento alarmante en los niveles de delincuencia. Las críticas se enfocan tanto en el gobernador Rolando Figueroa como en las autoridades policiales, a quienes acusan de montar una “puesta en escena” para simular el correcto funcionamiento de la fuerza.
Un panorama sombrío: policías por debajo de la línea de pobreza
El malestar de la fuerza policial encuentra su origen en un contexto donde los salarios de los efectivos se ubican por debajo de la línea de pobreza. “Arriesgamos la vida día a día, pero vivimos de adicionales y no llegamos a fin de mes. El agotador horario no nos permite llevar una vida normal”, expresa el comunicado, poniendo en evidencia la fragilidad de quienes están en la primera línea de combate contra el delito.
La precarización laboral ha llevado a que cada vez más efectivos abandonen el cuerpo, lo que agrava aún más el problema de seguridad. El comunicado advierte que los policías deben utilizar sus vehículos particulares para cubrir tareas de vigilancia, una señal contundente de la falta de recursos logísticos: “Hoy efectivos tienen que usar sus autos para cubrir perimetrales y custodias domiciliarias de personas condenadas a prisión”.
La promesa de una policía digna, incumplida
El reclamo no solo señala el deterioro de las condiciones laborales, sino también la ruptura de la confianza entre el gobierno provincial y la policía. El gobernador Figueroa, electo en parte gracias al apoyo del personal policial, es acusado de no cumplir las promesas de campaña. “Usted está hoy donde está gracias a la gran familia policial que lo eligió y lo sabe”, dice el comunicado, cuestionando duramente el liderazgo del mandatario. Las promesas incumplidas de un salario digno, mejores horarios y equipamiento adecuado para el personal son el eje central de la crítica.
La implementación parcial del horario 12x36 –que solo beneficia a algunos escalafones– es otro de los puntos de discordia. “Pedimos el mismo régimen para todo el personal, no solo para Sargentos Ayudantes y Suboficiales Mayores”, reclama la fuerza. Esta demanda refleja el descontento con la gestión interna, donde los privilegios y beneficios no se distribuyen equitativamente entre los distintos niveles del escalafón policial.
Un aumento del delito sin respuesta efectiva
El contexto social agrava la situación. La deserción de personal y la falta de recursos coinciden con un crecimiento sostenido de los niveles de delito. Los efectivos denuncian la falta de patrulleros y móviles operativos: “No hay recursos, no hay móviles, el delito crece cada vez más, y cada vez son más los efectivos que se marchan porque no sienten amparo para trabajar”. La desconexión entre las autoridades y la realidad cotidiana de los policías es evidente, y la confianza interna parece haberse quebrado: “Se engaña a la gente con fotos y videos para hacerles creer que la policía está bien, pero la verdad es otra”.
Crisis institucional y el dilema del derecho a reclamar
Uno de los aspectos más delicados del comunicado es la referencia al carácter restrictivo del reglamento policial, que impide a los efectivos realizar reclamos o medidas de fuerza. “Nuestro reglamento anticonstitucional no nos permite reclamar ni peticionar, pero los tiempos han cambiado”, afirman, sugiriendo que podría estar gestándose un conflicto mayor si no se toman medidas inmediatas. La mención a posibles protestas conjuntas entre efectivos en actividad y retirados marca una advertencia clara hacia el gobierno.
En este contexto, la policía enfrenta un dilema institucional. La falta de canales legales para expresar sus demandas podría derivar en acciones más disruptivas, como medidas de fuerza no oficiales o autoconvocatorias. El antecedente más cercano de protestas policiales en Neuquén data de 2013 como veremos mas adelante, y alerta sobre las consecuencias de no atender estos reclamos de manera oportuna.
La urgencia de una solución política
El llamado del comunicado es claro: el gobierno provincial debe responder con hechos concretos. La demanda de los efectivos no se limita solo a una recomposición salarial, sino a un rediseño integral de las condiciones laborales y operativas. En el fondo, este conflicto pone en evidencia un problema estructural: el abandono de la política de seguridad por parte del Estado, una situación que no solo afecta a la policía, sino a toda la comunidad neuquina.
El gobernador Figueroa y su equipo de seguridad enfrentan un desafío que va más allá de la gestión cotidiana. Restablecer la confianza con la fuerza policial es fundamental para evitar una escalada del conflicto. Además, es imprescindible reforzar los recursos materiales y humanos para contener el crecimiento del delito y brindar una respuesta efectiva a la demanda social de seguridad.
Seguridad en crisis, Estado en deuda
El reclamo de la policía de Neuquén no es solo un pedido de mejoras salariales; es una denuncia profunda sobre el deterioro del sistema de seguridad y la falta de respaldo institucional. Las palabras finales del comunicado reflejan la urgencia de la situación: “Sr. Gobernador, luche un poco más por la policía neuquina”.
La posibilidad de que efectivos activos y retirados tomen medidas de fuerza abre un escenario incierto para el gobierno provincial. Si bien el conflicto se origina en cuestiones salariales, su resolución requiere una respuesta política integral que contemple las condiciones de trabajo, la distribución de recursos y la recuperación del tejido institucional. El futuro inmediato de la seguridad en Neuquén depende de la capacidad del gobierno para escuchar estas demandas y actuar en consecuencia.
En un contexto de creciente violencia y fragmentación social, la seguridad pública no puede ser dejada al azar ni reducida a promesas de campaña. La crisis actual es una llamada de atención que exige decisiones urgentes y responsables, tanto para garantizar la estabilidad de la fuerza policial como para proteger a la ciudadanía neuquina.
Una historia que se repite: Similitudes entre el conflicto policial actual y las protestas de 2013
El malestar que hoy atraviesa la policía de Neuquén, expresado en un comunicado donde se denuncia desamparo salarial, desgaste laboral y falta de recursos, trae reminiscencias inquietantes con un evento clave de la historia reciente de la provincia: el acuartelamiento policial de 2013. A más de una década de aquella medida extrema, algunas de las demandas actuales revelan problemas estructurales no resueltos, lo que sugiere una preocupante continuidad en las tensiones entre el personal de seguridad y los gobiernos provinciales.
El acuartelamiento de 2013: antecedentes y detonantes
En diciembre de 2013, la policía neuquina llevó adelante una protesta que se extendió por varios días. La protesta surgió en el marco de un conflicto salarial, donde los efectivos reclamaban un incremento de sueldo para salir de la precariedad económica y mayor equipamiento para enfrentar el aumento del delito. En ese momento, la medida generó una crisis política que derivó en levantamientos de personal policial en distintas localidades de la provincia, lo que puso en jaque al gobierno provincial y obligó a negociar apresuradamente con los policías acuartelados.
El conflicto se resolvió con incrementos salariales parciales y promesas de mejora en las condiciones laborales, aunque nunca se alcanzó un acuerdo definitivo sobre las demandas estructurales que originaron el conflicto.
Demandas recurrentes: ¿un ciclo sin fin?
El comunicado actual de los policías expone reclamos similares a los de hace 11 años:
- Salarios por debajo de la línea de pobreza: Al igual que en 2013, los efectivos denuncian que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, obligándolos a depender de adicionales.
- Falta de equipamiento y recursos: Nuevamente se señala que la policía debe usar vehículos propios para cumplir tareas oficiales, denunciando la ausencia de móviles y herramientas básicas.
- Desgaste laboral y deserción: La protesta de hoy hace hincapié en el horario extenuante y la falta de incentivos, lo que está empujando a muchos efectivos a abandonar la fuerza. Este punto coincide con las deserciones que marcaron la crisis de 2013.
Una crítica política recurrente
En ambos conflictos, la policía denuncia una falta de voluntad política por parte del gobierno provincial para atender sus reclamos de fondo. En 2013, los efectivos expresaron que habían sido ignorados hasta que la crisis escaló. Ahora, en 2024, el malestar se dirige al gobernador Rolando Figueroa, acusado de incumplir las promesas de campaña y de montar una "puesta en escena" para aparentar que la situación de la fuerza policial está bajo control.
La frustración con las autoridades internas de la policía también es un punto de contacto entre ambos momentos. En 2013 y ahora, se acusa a la cúpula policial de ser cómplice de la política oficial y de priorizar la imagen pública en detrimento de las verdaderas necesidades del personal.
Un futuro incierto
El conflicto actual presenta un riesgo latente de escalada similar al de 2013. Aunque el comunicado no menciona explícitamente un acuartelamiento, la referencia a tomar "medidas de fuerza" en conjunto con policías retirados genera preocupación. Además, las tensiones salariales se agravan en un contexto de crisis económica nacional y creciente malestar social, lo que podría amplificar los efectos de un posible paro policial.
La historia parece repetirse, revelando que los problemas de fondo no fueron resueltos en estos años. Las demandas de 2013 regresan casi intactas, planteando una pregunta incómoda para las autoridades: ¿por qué la policía neuquina sigue enfrentando las mismas carencias después de más de una década?
El conflicto actual no puede analizarse como un evento aislado, sino como parte de un ciclo de tensiones no resueltas entre la fuerza policial y el gobierno provincial. El antecedente de las protestas de 2013 es un recordatorio de las graves consecuencias que puede tener la falta de respuesta a estos reclamos. Si las autoridades no toman medidas urgentes y efectivas, la provincia de Neuquén podría enfrentarse nuevamente a una crisis de seguridad con repercusiones sociales y políticas difíciles de contener.
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