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El poder adquisitivo del bono a los jubilados se redujo en un 35 por ciento desde diciembre a la fecha, según estimaciones privadas. El mismo no se actualiza desde el mes de marzo mientras que la inflación siguió aumentando incluso por encima de la pauta deseada por el Gobierno. De esta manera, y pese al sostenimiento del pago del bono este último mes, el poder de compra del haber mínimo más bono caerá en agosto respecto al mes anterior y también está por debajo de diciembre pasado. Se espera que en agosto sesione el Senado de la Nación para evaluar la aprobación de una nueva fórmula de movilidad y compensación para los jubilados.
El Gobierno podría haber suplido la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones en agosto con un pequeño ajuste nominal del bono –pues fue marginal, de apenas 1 por ciento- pero esa discusión no aparece en la agenda del ministerio de Economía, casi exclusivamente concentrado en el ajuste de las cuentas públicas y del balance del BCRA. Asimismo, según cálculos de la consultora Vectorial, desde diciembre pasado al próximo pago que se concretará en los primeros días agosto, las jubilaciones mínimas junto con el bono cayeron un 6,3 por ciento: medidas a precios constantes del último mes sumaron 295.540 pesos contra 315.505 pesos en diciembre. Mientras que los haberes mínimos vienen ajustando por inflación con algunos rezagos, el bono permanece estable desde el mes de marzo y su poder de compra se deteriora.
La compensación por las pérdidas en los haberes previsionales no sólo no preocupa al ministro de Economía sino que el propio presidente Milei aseguró que vetará la nueva ley de movilidad jubilatoria que proponen diputados de todo el arco político opositor –desde Unión por la Patria, hasta la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica- y que será tratada seguramente en agosto por la Cámara Alta. El proyecto de ley aprobado en los primeros días de junio establece un incremento del 8,1 por ciento para las jubilaciones a modo de resarcimiento por la pérdida en el poder de compra acaecida en enero de este año, ya que el Gobierno otorgó solo un aumento del 12,5 por ciento luego de la suba de precios del 20,6 por ciento en enero, tras la devaluación ensayada en diciembre con el cambio Gobierno.
Ese proyecto de ley establece como fórmula de movilidad un aumento en función de la inflación de dos meses atrás, en línea con lo vigente desde abril cuando entró en vigencia el último decreto presidencial de Milei. Pero además contempla el resarcimiento del 8,1 por ciento, establece que en marzo de cada año deberá aplicarse un aumento del 50 por ciento de la variación salarial (según Ripte) y estipula que el haber mínimo tendrá como piso un monto equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total medida por Indec. De esta forma, con datos al mes de junio, el pago de los haberes mínimos en agosto debería alcanzar como piso unos 308.011 pesos, casi 12.400 pesos más que el pago que se efectivizará la semana próxima.
El presidente Milei ya anunció que vetará ese proyecto de Ley, lo cual es coherente con una posición de no reconocer el ajuste que se está ejerciendo sobre distintos sectores de la sociedad –trabajadores, jubilados, beneficiarios de planes sociales, etc.- que claramente no son “la casta”. Es sabido que la recesión económica auto-inducida por este Gobierno es funcional a su modelo económico (contiene la aceleración de precios y contribuye al superávit externo), pero roza la perversión cuando recae sobre los más vulnerables en la escala social de los ingresos. Desde la consultora Vectorial calcularon que la pérdida del poder adquisitivo del bono que –desde el Gobierno de Alberto Fernández- perciben mes a mes los jubilados que cobran la mínima fue de un 35 por ciento desde diciembre pasado.
Esta semana el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial el aumento del 4,6 por ciento para las jubilaciones a pagarse en los primeros días de agosto, según la fórmula basada en el IPC de dos meses previos aprobada por el decreto presidencial. Los haberes mínimos percibirán el bono de 70.000 pesos y totalizarán un monto de 295.540 pesos, como además ningún jubilado podrá cobrar menos de esa cifra, aquellos beneficiarios con haber superior al mínimo percibirán el pago un bono proporcional hasta alcanzar ese piso. El debate en el Senado reabrirá la discusión sobre las compensaciones “justas”, según cada partido político, para los jubilados que una vez más soportan con el peso del ajuste bajo el comando de un Gobierno (neo)liberal.
