Una pareja que celebraba su casamiento en un templo evangélico de Cipolletti tuvo que suspender la ceremonia, cuando luego de recibir una denuncia, inspectores municipales llegaron al lugar y constataron in situ la realización de un evento que no se podía hacer.

Hasta ese momento, la ciudad se encontraba en fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio; y castigaba con severas multas a los organizadores de reuniones y fiestas masivas denunciadas oportunamente, que luego fueron corroboradas por el Estado.

El hecho ocurrió en noviembre pasado, pero trascendió cuando a partir del acta de infracción que recibieron los realizadores del evento religioso se inició un expediente en el Juzgado de Faltas municipal.

La multa asciende a los 220 mil pesos y está pendiente de ejecución porque el plazo estipulado de 30 días hábiles para que se dicte una sentencia todavía no caducó.

Se indicó que había 30 personas, aproximadamente, reunidas en un salón, y que si bien se habían aprovisionado con alcohol en gel e intentaban cumplir con la distancia social de 2 metros, un evento de estas características estaba prohibido, como lo fueron las reuniones sociales en una vivienda o los entrenamientos de fútbol en canchas habilitadas y no habilitadas.

"La celebración se tuvo que suspender. Es el único casamiento que tenemos con una multa en pandemia", informaron desde el Juzgado de Faltas municipal.

En los últimos días, el pastor de la iglesia donde se celebró la ceremonia se acercó hasta el juzgado para mirar el expediente en trámite. En la oportunidad, solo manifestó que eran familiares.

La multa está pendiente de ejecución porque todavía están en plazo. Pasados los 30 días hábiles se dicta sentencia, y la sanción que no se abona, luego se traslada al departamento de Legales, como ha ocurrido con las fiestas clandestinas que tuvieron difusión pública en la ciudad.

Por caso, la reunión multitudinaria que convocó una familia de gitanos en el barrio Manzanar Milenium, en agosto pasado, y provocó mucho ruido y quejas en una calle que se pobló de camionetas 4 x 4. Por el hecho denunciado, los responsables del festejo tienen que pagar una multa de $250.000. Todavía no lo hicieron.

Otro escándalo que tuvo repercusiones públicas fue otra fiesta que se llevó a cabo en el barrio San Lorenzo, en septiembre pasado. Más precisamente, en la calle Vucetich al 1.900.

La reunión familiar que violó las restricciones sanitarias terminó en graves incidentes cuando llegó la Policía: apedrearon los móviles de la Comisaría 32 y dos jóvenes fueron detenidos. En la ocasión, también intervino la fiscalía y el Juzgado de Faltas dispuso una multa de $220.000.

O bien, el evento social del cual participaron alrededor de 30 personas en el quincho de una chacra, y que tuvo lugar el pasado 23 de octubre. El hecho se dio a conocer por las historias de Instagram que subió uno de los organizadores.

También tuvo difusión pública, y una vez que los responsables fueron individualizados, el Juzgado de Faltas impuso una multa de $250.000 que sigue impaga.