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Paulo Marcelo Antriao, María Luz Ricardes, en su carácter de Presidente y Secretaria, respectivamente, de “Defensores de la Tierra Comunidad Angostura Asociación Civil”, denunciaron penalmente al intendente Fabio Stefani por una posible comisión de delitos de Incumplimiento del deber de la funcion publica y requirieron su debida investigación.
Además, solicitaron que se aleje del cargo de jefe comunal.
Desde el colectivo, afirman que el jefe comunal cometió “omisión de fiscalizar y clausurar comercios que operan integrantes de la comunidad Mapuche local y que según afirman los denunciantes, “no cuentan con habilitaciones correspondientes, conforme indican los deberes de la Carta Orgánica Municipal”.
Además, recusaron al Fiscal del Caso Dr. Adrián DE LILLO, y auxiliar letrado Dr. Jorge Ramiro AMAYA
El caso
Según el texto de la denuncia al que accedió DiarioAndino, conforme surge de las actuaciones los instrumentos públicos acompañados como evidencias, dan cuenta de "una alarmante falta actividad por parte del Municipio de Villa La Angostura, cuando se observan carencias en los oficios públicos debidos, conforme dispone la Carta Orgánica Municipal”.
Los denunciantes sostiene que Stefani incumplió su deber de fiscalización de la administración municipal, y consecuente omisión del ejercicio de clausura, conforme al art.248, Cód. Penal-, en hechos distintos que relacionan, todos, a usurpaciones (art.181, C.P.) donde se desarrollan actividades prohibidas y explotaciones comerciales y turísticas clandestinas llevadas adelante por una colectividad de infractores, integrantes de la pseudo comunidad mapuche conocida como “Lof Paisil Antriao”, sin respuesta legal debida por parte del denunciado señor Intendente.
Es así, que afirman que el camping municipal “Correntoso”; y el camping conocido como “Quilla Hue”, “están fuera de las disposiciones de la ley orgánica en razón que existen actualmente explotaciones comerciales y de tipo turístico en pleno funcionamiento –incluyendo lucrativas actividades relacionadas a la náutica- donde al lado también funciona un atracadero de embarcaciones clandestino denominado “Puerto Elma”; ingreso al Mirador Cerro Belvedere y cascada Inacayal, donde funcionan estacionamientos vehiculares clandestinos explotados por personas que dicen pertenecer a la mencionada pesudo comunidad; todo al margen de la ley, sin la debida fiscalización y mucho menos la esperada clausura de dichos emprendimientos, conforme se aprecia en las constataciones arrimadas en este acto”.
En ese marco, agregaron que “más allá del palmario desconocimiento de la norma constitucional local por parte del señor Intendente aquí denunciado, precipita evidente, asimismo, la falta de vocación por el entendimiento y respeto de los valores jurídicos que consagra la C.O.M.; ello, a la hora de observar en crisis la contestación a la escritura n°25, fechada en 14 de marzo de 2023 -anejada in re-, cuando el titular del órgano ejecutivo - ahora imputado- sostiene, en tercer párrafo -textual- “Asimismo, me veo en la obligación de rechazar por improcedente la petición de proceder a Clausurar las actividades comerciales que Ud. refiere, toda vez que el titular del ejecutivo municipal carece de toda potestad y facultad para ello”.
