En una causa en que la coalición judicial-política-mediática trató, a toda costa, de inculpar a Cristina Kirchner -pese a que nunca se encontró ninguna cuenta ni sociedad oculta a su nombre o de su familia- el propio fiscal Marijuan indicó que no se pudo comprobar la participación de la ex mandataria en las maniobras de lavado por las que fue condenado Lázaro Báez.
 
Después de diez años desde que se inició la causa y de cinco de haberla indagado, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez, y que mediáticamente se conoció como la "ruta del dinero K" sin poder probar ninguna vinculación con algún funcionario kirchnerista.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

"Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió" interrogarla, sostuvo el fiscal.

El pronunciamiento de Marijuan llega semanas después de que la Cámara de Casación redujo de doce a diez años la condena de Báez por lavado de dinero pero que, indirectamente, benefició a Cristina Kirchner porque golpeó en tres argumentos que se usaban contra la vicepresidenta.

Los magistrados sostuvieron que no está probado que el dinero de Báez provenga de ilícitos en la construcción de las rutas de Santa de Cruz.

Afirmaron que la plata que Báez mandó al exterior era --y siempre fue-- del santacruceño. Es decir que desestima la idea de que Báez era testaferro de la familia Kirchner.

Los jueces sobreseyeron a las hijas de Báez, Melina y Sabrina, porque nunca tuvieron participación alguna en los negocios del constructor ni firmaron nada de nada.

El fallo de la Sala IV de la Casación fue demoledor para sostener la acusación contra la vicepresidenta, pese a que Marijuán calificó como desacertados o erróneos los argumentos de los camaristas.

"Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su 'patrimonio', que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento", señaló.

En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares aunque votaron de manera dividida al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que el juez Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

"Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios", sostuvo, de todas formas, Borinsky en su voto.

El fiscal Marijuan afirmó en su dictamen que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación "resulta a todas luces desacertado" porque implica "anular" como delito precedente "la asignación irregular de obra pública", lo que a su criterio implica "esconder una realidad innegable".

El fiscal resaltó es su dictamen que no tiene "duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez", y agregó: "La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años".

Párrafos más abajo sostuvo que "de esas comunicaciones, cuatro se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez", por lo que sostuvo que eran "algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido".

Tras todo ese análisis, Marijuan concluyó que en los diez años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación "en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero".

La vicepresidenta "fue imputada formalmente por esta parte el 8 de abril de 2016 con motivo de la ampliación del requerimiento fiscal realizado en el presente sumario luego de la declaración indagatoria prestada por Jorge L. Fariña, en su carácter de imputado colaborador", recordó Marijuan.

"En aquella oportunidad y en su extensa declaración, Jorge Leonardo Fariña confesó haber llevado adelante maniobras de lavado de dinero por orden y cuenta de Lázaro Antonio Báez entre los meses finales de 2010 y mitad de 2011, a través de la aplicación de fondos de origen espurio en bienes en el país y cuentas bancarias en Suiza titularidad de sociedades off shore, armadas para la actividad ilícita desplegada", recordó el fiscal.

Además sostuvo que en su declaración Fariña le había dicho que Báez había hablado con la entonces presidenta Fernández de Kirchner y que ella le habría preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque eso le habrían comunicado desde la Embajada de Estados Unidos.

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