Corroza afilió a una muerta y quedó hasta las manos

Plottier es un escándalo. La Justicia Electoral ya le avisó a la Fiscalía para que inicie una investigación penal

DE NUESTRA REDACCIÓN07/11/2022NeuquenNewsNeuquenNews
Julieta Corroza

La ex dirigente del MPN y presunta precandidata a intendenta de la Plottier por un acuerdo entre Rolando Figueroa y la jefa comunal Gloria Ruiz, Julieta Corroza, fue responsabilizada de afiliar a una muerta (literal) al partido político que intenta crear.

La maniobra fraudulenta ya fue constatada por el Poder Judicial de la Nación -vía Juzgado Federal de Neuquén- y ahora Corroza corre el riesgo de que le inicien una investigación por un delito de índole penal. La noticia se conoció hace unas pocas horas, en medio del descontento de la planta política de Plottier con Ruiz, por su decisión de entregar la posibilidad de relección y dejarlos literalmente a la deriva.

El expediente judicial, al que tuvo acceso este medio, dice textualmente lo siguiente: “Notifíquese electrónicamente al Ministerio Público Fiscal, haciéndole saber además que la  Sra. Julieta   CORROZA   D.N.I.   N° 25.191.764, en el carácter de autoridad certificante del partido de autos, certificó la autenticidad de los datos y firma del formulario de adhesión de la ciudadana  SEPULVEDA, Mabel  D.N.I.  Nº 11.510.348  en la ciudad de Neuquén  con fecha 30/08/2022, como así también que la defunción de la nombrada se verificó  con  fecha anterior a la certificación de la adhesión 06/04/2022”.

Según la Justicia, el partido de Corroza  presentó de manera digital (el 01/09/2022)  planillas de adhesiones las cuales incluyen a la citada ciudadana; y con fecha 13/09/2022 lo hizo de manera física al juzgado con “un formulario de  adhesión perteneciente a la ciudadana SEPULVEDA,   Mabel D.N.I. Nº 11.510.348,  con  su firma ológrafa, confeccionado en la ciudad de Neuquén de fecha 30 de agosto de 2022”.

Es decir, la firma era naturalmente trucha.

Ahora Corroza está hasta las manos y con el riesgo concreto de que la investiguen por la presunta comisión de un delito de acción pública.

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