Soberanía en disputa: quién decide sobre nuestra tierra, nuestra riqueza y nuestro futuro

La soberanía suele mencionarse en actos escolares, discursos presidenciales y conmemoraciones patrias. Se la invoca frente a una amenaza militar o ante una disputa territorial, pero pocas veces se la relaciona con decisiones aparentemente cotidianas: quién controla los recursos naturales, qué intereses condicionan la política económica, quién regula el comercio, qué empresas dominan los sectores estratégicos o hasta dónde un gobierno puede actuar sin pedir autorización a actores externos.

El trabajo de Stefan A. Kaiser, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en el que se basa este artículo, parte de una definición precisa: la soberanía es el derecho legal exclusivo, supremo e inalienable que posee un Estado para ejercer el poder dentro del ámbito de su jurisdicción. Ese poder se manifiesta mediante los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial y no puede ser legítimamente asumido por particulares, empresas o instituciones ajenas al Estado.

Esta definición permite entender que la soberanía no es solamente independencia frente a otros países. También es autoridad interna. Significa que ninguna corporación, grupo económico, embajada, organismo financiero, poder mediático o persona privada puede colocarse por encima de las instituciones democráticas ni sustituirlas en la toma de decisiones.

Una soberanía que existe en el derecho, pero puede vaciarse en los hechos

El documento introduce una distinción central para cualquier análisis político: la soberanía legal no debe confundirse con el poder económico, la influencia política o el dominio de hecho. Una empresa puede condicionar a un gobierno; un grupo económico puede financiar campañas, influir sobre legisladores o presionar a jueces; una potencia extranjera puede imponer prioridades diplomáticas o comerciales. Pero ese poder fáctico no se convierte jurídicamente en soberanía: la autoridad legal continúa perteneciendo al Estado.

Sin embargo, esa diferencia jurídica no debería tranquilizarnos. Que la soberanía permanezca formalmente en el Estado no significa que sea ejercida plenamente.

Un país puede continuar teniendo Constitución, Congreso, elecciones, bandera y asiento en las Naciones Unidas, mientras las decisiones estratégicas son tomadas bajo la presión de acreedores, corporaciones multinacionales, centros financieros o gobiernos extranjeros. La soberanía legal permanece, pero su ejercicio se debilita, se condiciona o se entrega.

Aquí aparece la diferencia entre tener soberanía y ejercerla.

La pérdida contemporánea de soberanía rara vez adopta la forma clásica de una invasión militar seguida por la ocupación del territorio. En la actualidad puede producirse mediante mecanismos menos visibles: endeudamiento estructural, tratados desiguales, privatización de áreas estratégicas, extranjerización de la tierra, control privado de la infraestructura, dependencia tecnológica, subordinación financiera o desmantelamiento de las capacidades científicas, industriales y estatales.

No siempre se pierde soberanía cuando otro país ocupa físicamente el territorio. También puede perderse cuando un gobierno conserva las oficinas públicas, pero ya no dispone de los instrumentos necesarios para decidir.

El territorio no es solamente suelo

La soberanía posee una dimensión geográfica inseparable de la existencia del Estado. Territorio, población y organización política constituyen sus componentes materiales. El territorio determina el espacio dentro del cual se aplican las leyes, se ejerce la jurisdicción y se establecen las fronteras frente a otros Estados.

Pero el territorio no es simplemente una superficie. Contiene agua, minerales, hidrocarburos, biodiversidad, infraestructura, rutas comerciales, posiciones geopolíticas y posibilidades de desarrollo.

Por eso, la discusión sobre la propiedad de la tierra no puede reducirse a una operación inmobiliaria entre particulares. Cuando grandes extensiones, cursos de agua, zonas fronterizas, áreas productivas o regiones con recursos estratégicos quedan bajo control de actores extranjeros, el problema deja de ser exclusivamente patrimonial. Se convierte en una cuestión de poder.

La soberanía territorial no exige que toda la tierra sea estatal. Exige que el Estado conserve la capacidad de regular su uso, limitar su concentración, impedir la apropiación de áreas estratégicas y garantizar que el interés colectivo prevalezca sobre la rentabilidad privada.

Un Estado que renuncia a controlar quién posee su territorio, cómo se explotan sus recursos y hacia dónde se dirige la riqueza producida dentro de sus fronteras comienza a desprenderse de una parte sustancial de su soberanía.

Soberanía económica: decidir quién gana, quién paga y qué se produce

El estudio señala que los Estados históricamente utilizaron su soberanía para establecer impuestos, implementar políticas económicas, regular los mercados y organizar sus relaciones comerciales externas. Las aduanas, los aranceles y las regulaciones no arancelarias fueron instrumentos destinados tanto a proteger la seguridad nacional como los intereses comerciales.

Esta dimensión económica resulta decisiva. La soberanía no consiste únicamente en sancionar leyes, sino en disponer de las condiciones materiales para aplicarlas.

Un país que no controla su moneda, su crédito, su energía, sus alimentos, sus comunicaciones, sus rutas, sus puertos o su tecnología puede conservar independencia jurídica, pero enfrenta serias limitaciones para ejecutar una política propia.

Cuando el presupuesto nacional depende de préstamos externos; cuando la energía se define en función de mercados internacionales y no de las necesidades internas; cuando la producción industrial requiere tecnología que el país no puede desarrollar; cuando la infraestructura estratégica queda en manos de empresas que responden a intereses extranjeros, la democracia comienza a perder contenido.

Los ciudadanos pueden votar, pero las grandes decisiones quedan fuera del alcance de su voto.

La soberanía económica no implica aislamiento ni rechazo automático de la inversión extranjera. Significa que la integración al mundo debe realizarse desde una estrategia nacional y no desde la subordinación. Un acuerdo internacional puede ampliar capacidades, pero también puede consolidar dependencias. Una inversión puede contribuir al desarrollo, pero también puede apropiarse de rentas, información, territorio o recursos sin generar capacidades internas.

La diferencia está en quién fija las condiciones.

El pueblo como fundamento político

Kaiser reconstruye el cambio histórico que trasladó la soberanía desde el monarca hacia el pueblo. Con las revoluciones democráticas, el gobernante dejó de ser considerado dueño del Estado y la ciudadanía pasó a convertirse en la fuente política del poder. En una democracia, el pueblo transfiere temporalmente ese poder a los órganos estatales mediante elecciones libres.

Esta transformación contiene una consecuencia fundamental: los gobiernos no son propietarios de la soberanía. Son administradores transitorios de un poder que pertenece políticamente a la comunidad.

Por eso, un gobierno no debería disponer de los recursos estratégicos, del territorio o del patrimonio público como si fueran bienes propios. Tampoco debería asumir compromisos que condicionen durante décadas a generaciones que no participaron de esas decisiones.

La soberanía popular no se limita al acto electoral. Requiere información, deliberación pública, instituciones independientes, control democrático y capacidad social para intervenir en las decisiones trascendentes.

Cuando los acuerdos estratégicos se firman en secreto, cuando el Congreso renuncia a debatir, cuando el Poder Judicial se somete al poder político o económico, o cuando los ciudadanos desconocen las consecuencias de las decisiones tomadas en su nombre, la soberanía popular se vuelve puramente declarativa.

Los tratados pueden limitar el ejercicio, no borrar la responsabilidad

Los Estados pueden asumir obligaciones mediante tratados y acuerdos internacionales. Esa decisión no elimina necesariamente la soberanía: puede constituir una forma de ejercerla. La cooperación internacional, la integración regional y las reglas compartidas son compatibles con la existencia de Estados soberanos.

El problema aparece cuando esos compromisos no surgen de una decisión libre y equilibrada, sino de relaciones asimétricas de poder.

El documento muestra que, a lo largo de la historia, la soberanía pudo ser limitada mediante tratados de paz, ocupaciones, presiones políticas y acuerdos firmados por Estados debilitados. Incluso señala que un país bajo presión puede aceptar instrumentos que reduzcan legalmente el ejercicio de determinadas competencias.

No toda cesión es integración. No toda apertura es libertad. No todo tratado representa una asociación entre iguales.

La pregunta política que debe formularse ante cada compromiso internacional es concreta: ¿el acuerdo amplía la capacidad del país para decidir y desarrollarse o la reduce? ¿Genera conocimientos, infraestructura y autonomía o consolida una relación de dependencia? ¿Protege el interés colectivo o garantiza privilegios privados?

Qué significa perder la soberanía

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la soberanía es inalienable y permanece mientras el Estado continúe existiendo. Es exclusiva, suprema y no puede ser reemplazada legalmente por un actor privado o extranjero.

Pero políticamente un país puede experimentar un proceso de vaciamiento soberano.

Pierde soberanía cuando ya no puede controlar su territorio. Cuando desconoce quién posee sus tierras y recursos. Cuando necesita autorización externa para ejecutar su política económica. Cuando destruye su ciencia y depende del conocimiento ajeno. Cuando privatiza funciones esenciales sin conservar capacidad regulatoria. Cuando transforma los bienes comunes en oportunidades de negocios para grupos concentrados. Cuando acepta que sus ciudadanos paguen las consecuencias de decisiones adoptadas en centros de poder que no eligieron.

También la pierde cuando renuncia a imaginar un proyecto nacional.

La soberanía no es sólo capacidad de resistir imposiciones. Es capacidad de proyectar. Supone definir qué país se quiere construir, qué sectores deben desarrollarse, qué recursos deben preservarse, qué derechos se consideran irrenunciables y qué lugar ocuparán las próximas generaciones.

Un país sin proyecto propio termina integrándose al proyecto de otro.

La soberanía como ejercicio cotidiano

La principal conclusión del texto de Kaiser es que el concepto legal de soberanía no ha cambiado, pero sí se transformaron sus formas de ejercicio. Los Estados pueden utilizarla para proteger mercados, regular actividades, establecer acuerdos o promover procesos de liberalización. La decisión política sobre cómo ejercerla sigue siendo determinante.

La globalización no hizo desaparecer la soberanía. Cambió el terreno sobre el cual se disputa.

Hoy se juega en las cadenas de suministro, en el control de los datos, en la energía, en la deuda, en los minerales estratégicos, en la propiedad de la tierra, en las patentes, en las telecomunicaciones y en la capacidad científica. Se juega también en la posibilidad del Estado de cobrar impuestos, regular monopolios, garantizar derechos y evitar que el poder económico sustituya a la voluntad democrática.

La verdadera pérdida de soberanía comienza cuando una sociedad acepta que no puede decidir. Cuando convierte la dependencia en sentido común, la desigualdad en destino y la subordinación en pragmatismo.

Defender la soberanía no significa levantar muros ni rechazar el mundo. Significa relacionarse con él sin renunciar al derecho de elegir. Significa comerciar sin entregar, cooperar sin obedecer, recibir inversiones sin perder el control y celebrar acuerdos sin hipotecar el futuro.

Porque un país soberano no es aquel que nunca negocia. Es aquel que todavía puede decir que no.