NeuquenNewsEn un fallo de fuerte impacto institucional y presupuestario, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 promovido por el Poder Ejecutivo Nacional para condicionar la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución judicial hizo lugar al amparo colectivo presentado conjuntamente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), e intimó al Gobierno a dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar de manera inmediata el envío de partidas destinadas al funcionamiento de las casas de altos estudios y a la recomposición salarial de docentes y no docentes.
El conflicto tuvo su origen cuando, tras ser vetada por el Poder Ejecutivo, la Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada por el Congreso de la Nación mediante mayorías agravadas. Ante esta insistencia legislativa, el Gobierno emitió el Decreto 759/2025, disponiendo que los fondos solo se liberarían una vez fijadas las fuentes de financiamiento e incluidas las partidas en el Presupuesto General.
En los fundamentos de su sentencia, el juez Cormick fue categórico al señalar los siguientes puntos:
Inviolabilidad constitucional: El decreto operó como una "figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional", funcionando como un mecanismo extraconstitucional ante la imposibilidad legal de aplicar un segundo veto.
Test de razonabilidad: La norma dictada por el Ejecutivo "no supera un test mínimo de razonabilidad", al intentar suspender una ley en la que el Poder Legislativo reafirmó su potestad constitucional.
Control judicial: El magistrado enfatizó que la revisión de decisiones con impacto económico "es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado", descartando que el fallo constituya una intromisión indebida en las cuentas públicas.
Respecto del argumento económico sostenido por el Gobierno, el fallo puso en duda las alegaciones sobre la inviabilidad fiscal. Citando informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se recordó que en el marco de presupuestos prorrogados, el costo de la ley representa aproximadamente un 0,23% del PBI nominal proyectado para 2025, un margen que no justifica el bloqueo administrativo de los fondos universitarios.
