El defensor del pueblo solicitó la urgente intervención del municipio en el proceso de desarme de la base de la empresa Indalo, ubicada en Laprida al 7000. Su pedido se fundó en que, en el marco de la audiencia judicial convocada en el predio, se constató una serie de irregularidades que ponen en riesgo la calidad de vida de quienes habitan los barrios linderos y afectan el ambiente en general. En el recorrido por el predio se evidenció, por ejemplo, el desguace de las unidades fuera de servicio y el acopio de líquidos contaminantes. Estas cuestiones incumplen la sentencia judicial que ordenó un plan de abandono del lugar conforme a la normativa vigente y a los efectos de mitigar al máximo el daño ambiental y a la calidad de vida de los vecinos que la base ya generaba.
El defensor del pueblo de la Ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, solicitó la urgente intervención del municipio por los daños ambientales originados en el proceso de desarme de la base del sistema público de transporte de pasajeros ubicada en calle Laprida 7075. En la misiva que Riva envió al subsecretario de Ambiente, Francisco Baggio, explicó que en el marco de la audiencia judicial celebrada en el predio en cuestión, se evidenció la ausencia del poder de policía ambiental que es de responsabilidad municipal. Tal falta de control y la desidia ya denunciada avalan ciertas acciones irregulares que afectan gravemente al ambiente y a la calidad de vida de quienes habitan los barrios linderos (Viejo Cauce y Peumahue).
En el mismo sentido, pidió el control de los ruidos provenientes del taller que se realizan sin respetar los acuerdos previos, afectando la calidad de vida de los vecinos linderos.
El martes 11 de octubre se llevó a cabo una audiencia en el sector con el objeto de conocer efectivamente la fecha de traslado definitivo, de modo de garantizar el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, en la recorrida se constató de manera sorpresiva un desastre ambiental en el predio. En lugar de trasladar los vehículos, se está llevando adelante un proceso de desguace de las unidades fuera de servicio sin procedimiento formal alguno, actividad incompatible con el uso del suelo del sector. Además, se observó el acopio de líquidos contaminantes e inflamables y restos de quema dentro del predio en cercanías a los tanques de combustible. La emanación de olores y la generación de ruidos molestos resultan lesivas a la salud de la población y del ambiente, incumpliendo de igual modo la normativa ambiental vigente que determinó el traslado definitivo de la base.
Paralelamente, Riva solicitó que, en el marco de la Ordenanza 9657, informe la aprobación del plan de remediación que se estaría llevando a cabo en la base de autobuses de calle Laprida 7075. En ese caso, solicitó copia del proyecto y descripción de cada una de las observaciones planteadas.
Cabe recordar que en el mes de mayo de 2022 la justicia ordenó el traslado de la base de la empresa Indalo en un plazo de 110 días, fecha estipulada para el pasado mes de agosto. El fallo judicial resaltó entre sus fundamentos que la planta estaba ubicada en una zona no apta para la actividad y afectaba la calidad de vida de sus vecinos, haciendo hincapié en la ilegal excepción del municipio para autorizar la base en el sector. El recurso judicial fue presentado por la Defensoría del Pueblo y vecinos de los barrios lindantes a la mencionada base en noviembre de 2019. La autoridad judicial dejó expreso también que hasta tanto se efectivice el traslado definitivo de las operaciones, las demandadas deberán cumplir cabalmente las medidas cautelares vigentes en el marco del recurso de amparo, así como una serie de medidas adicionales tendientes a mitigar al máximo el daño ambiental y a la calidad de vida de los vecinos.
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