El gobierno denunció a 15 cerealeras que no ingresaron divisas al país

NACIONALES 10 de septiembre de 2022
Exportaron por USD 51 millones y solo 3 millones ingresaron al Central. El resto sigue en el exterior.
Cereales

En un operativo conjunto, la Aduana y la DGI analizaron exportaciones de más de 100 empresas realizadas en los años 2020 y 2021, y detectaron nuevos exportadores de granos y aceites cuyas operaciones crecieron en forma exponencial en ese período usando estudio de despachantes.

Estas empresas exportaron principalmente maíz partido, soja desactivada y aceites-mezcla, que se encuentra fuera del sistema de precios oficiales, y registraron gran parte de las destinaciones ante la misma Aduana: la de Campana.

Son 15 empresas con USD 51 millones en exportaciones y cuyos plazos de liquidación están vencidos. Además, solo ingresaron al país USD 3 millones. Es decir que el 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.

"La Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera", señaló el Director General de Aduanas, Guillermo Michel.

A los organismos recaudadores les llamó la atención la relación desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad económica y financiera de las empresas.

En los operativos detectaron que todas las operaciones evidencian un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo.

También detectaron que la posición mayoritariamente utilizada es la de Maíz Partido (PA 1104.2300.0000), caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales. En tanto, ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los volúmenes exportados.

La Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera.

Según se informó a través de un comunicado, en todos los casos las gestiones aduaneras recaen en un solo estudio de despachantes. Mientras que un porcentaje elevado de las destinaciones son registradas ante la misma aduana, Campana, repitiendo el circuito de exportación en casi todos los casos.

Además, se destacó que el monto de divisas liquidadas es sistemáticamente muy bajo en relación con los montos exportados. Y se coteja, en algunos casos, la existencia de un vínculo entre los compradores extranjeros y los exportadores.

Según se informó, tras el análisis de la AFIP-DGI, muchas de las empresas analizadas se encuentran incluidas en la Base de Firmas Apócrifas (base APOC), bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia.

En ese marco, la Aduana-AFIP presentó una denuncia que está siendo investigada por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó más de 80 allanamientos en simultáneo en todo el país, en los que se secuestraron celulares, computadoras, discos rígidos, documentación y dos armas de fuego (una sin su pertinente documentación). La Policía Federal, a su vez, colaboró en los allanamientos y también trabajó en la investigación.

El Juzgado Federal de Campana investiga la posible existencia de una asociación ilícita. Según se comunicó desde la Aduana, las investigaciones preliminares dejarían en evidencia que las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual sería una prueba de que detrás de toda la estructura formal existirían uno o más exportadores ocultos.

Según el gobierno existen suficientes elementos de convicción para sostener que el exportador real -esto es, el verdadero dueño de la mercadería- habría sido sustituido por empresas ficticias o pantalla. Esta sustitución, que aparece evidente con sustento en los datos objetivos obtenidos -incapacidad económica para afrontar las operaciones-, constituye una acción tendiente a impedir o, cuanto menos, dificultar mediante métodos ardidosos el adecuado control del Servicio Aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías.

LPO
 

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