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Campesinos paraguayos denunciaron este martes la política que lleva a cabo el Gobierno, la cual contempla desalojar a 700.000 familias de indígenas y trabajadores rurales de ese país, informaron medios locales.
La alerta se produjo luego de que las autoridades paraguayas desalojaron el asentamiento Edilson Mercado, situado en el departamento Canindeyu (sureste); y una comitiva fiscal-policial destruyera más de 300 viviendas y expulsara a unas 300 familias en colonia Tacuapí, ciudad de Yasy Cañy, en el propio departamento.
El líder del Movimiento Campesino Paraguayo, Belarmino Balbuena, detalló que alrededor de 860 asentamientos indígenas y campesinos pudieran ser desalojados a tenor de una ley aprobada el pasado 30 de septiembre por el presidente Mario Abdo Benítez y que tipifica como delito la ocupación de tierras privadas.
Balbuena rtemarcó que dicha ley criminaliza la lucha por la tierra; al tiempo que expreó que “ahora tienen fundamentos jurídicos para ejercer su despojo. Por ley un luchador por la tierra indígena, campesino o sin techo tiene diez años de cárcel sin medidas sustitutivas".
Por su parte, el secretario de la Organización Nacional De Aborígenes Independiente (ONAI), Armando Portillo Benítez, expresó que en lo que va de 2021 se han producido en esa nación 11 desalojos a comunidades indígenas.
A lo cual añadió el líder de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), Jorge Galeano, que Señaló que el 94 por ciento de tierras cultivables en Paraguay pertenecen al agronegocio y la ganadería privada, y solo el seis por ciento se halla en manos del campesinado y las comunidades indígenas.
"Determinados actores económicos fueron los que promovieron esta nueva legislación de desalojo. Hay que tener en cuenta el contexto internacional de los precios de la soja y de la carne que actualmente son elevados. Hay una presión muy fuerte sobre la tierra que está en manos de los pequeños productores campesinos e indígenas", ahondó Galeano.
Quien sentenció que al amparo de dicha legislación los los empresarios y grupos económicos de poder podrán arremeter contra las pequeñas porciones de tierra en poder de pueblos originarios y campesinos abandonados, quienes carecen de política alguna por parte del Estado para salir de su situación de pobreza. “Algunos de esos asentamientos poseen más de diez años de existencia".
