Neuquén.- El diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó un proyecto de ley que prohíbe la manipulación de tarjetas bancarias por parte de comerciantes. El objetivo es prevenir las estafas y operaciones comerciales que derivan en sustracción de fondos o datos del titular de la tarjeta, práctica acrecentada en el último tiempo.
En las operaciones de compra que los usuarios realizan en centros comerciales, es una práctica habitual que los comerciantes requieran a los usuarios de las tarjetas la entrega de las mismas para efectivizar el cobro, lo que implica la libre manipulación por parte de terceros y la no vigilancia del plástico por parte del titular. La modalidad implica la posibilidad de que se obtengan los datos de la tarjeta rápidamente, los que después pueden ser utilizados para compras u operaciones comerciales electrónicos que no requieren más que los datos que figuran en la tarjeta, pero que no fueron realizados por el titular.
A fin de evitar tales circunstancias, la iniciativa prohíbe al proveedor o comercio adherido al sistema de tarjetas de débito, crédito o compra, requerir a los titulares, usuarios, titulares adicionales o beneficiarios de extensiones de tarjetas, la entrega de las mismas a los fines de la realización de operaciones. De esta forma, las tarjetas solo podrán ser manipuladas, de manera exclusiva, por el usuario habilitado cuyo nombre figura en el plástico.
A fin de cumplimentar con la ley, el comerciante deberá acondicionar sus dispositivos de cobro electrónico de modo de facilitar las operaciones garantizando la manipulación de la tarjeta correspondiente, de forma directa y exclusiva, por el propio usuario. Para dar cumplimiento a la obligación de verificar siempre la identidad del portador de la tarjeta, el comerciante requerirá la exhibición clara de la tarjeta, del frente y del dorso, de modo de constatar la coincidencia de los datos y firma con los del DNI de su titular, tal como lo dispone la ley nacional 25065.
La Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Ciudadanía, funcionará como Autoridad de Aplicación. Los comercios tendrán un plazo de 60 días desde la entrada en vigencia de la ley para acondicionar los dispositivos de cobro que impidan su contacto con la tarjeta de débito o crédito, tales como terminaciones inalámbricas.
Los fundamentos indican que, en el último tiempo, se produjo un incremento exponencial de las operaciones comerciales digitales, y conjuntamente proliferaron las estafas cometidas mediante la sustracción de los datos de los usuarios de pagos digitales, requeridos para las transacciones electrónicas. En efecto, las estafas bancarias crecieron un 3000% entre 2019 y 2020 en el país, según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Las estafas se realizan de diversas modalidades, con el fin de vaciar las cuentas bancarias, realizar consumos desde las cuentas de crédito de las víctimas y/o solicitar un préstamo pre aprobado.
