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La Cumbre del MERCOSUR en Foz de Iguazú dejó al descubierto una contradicción difícil de disimular en la política exterior del gobierno argentino. Allí, el presidente Javier Milei instó a sus socios regionales a secundar la presión militar que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela y a condenar sin matices al gobierno de Nicolás Maduro. Todo ello, apenas horas después de haber reclamado al mismo bloque un apoyo firme para denunciar el colonialismo del Reino Unido en Malvinas.
“Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, afirmó Milei, celebrando el despliegue naval estadounidense en el Caribe y el bloqueo a la exportación de petróleo venezolano. Para el mandatario, el tiempo de los “acercamientos tímidos” se agotó, y el Mercosur debería alinearse con Washington en una estrategia de presión que incluye componentes militares y económicos.
El problema no es solo el tono, sino el principio. La Argentina sostiene su reclamo por Malvinas sobre una base jurídica y política clara: rechazo al uso de la fuerza, condena a las acciones unilaterales, defensa del derecho internacional y de la soberanía de los Estados. Son esos mismos principios los que se invocan para cuestionar la militarización británica del Atlántico Sur y la explotación de recursos naturales en las islas ocupadas.
Sin embargo, al avalar explícitamente una presión militar externa sobre Venezuela, Milei introduce una doble vara difícil de justificar. El colonialismo es inaceptable cuando lo ejerce Londres en Malvinas, pero parece admisible cuando lo impulsa Washington en el Caribe, siempre que el gobierno afectado no sea ideológicamente afín. Esa selectividad erosiona la coherencia del discurso argentino y debilita su autoridad moral en los foros internacionales.
La contradicción quedó aún más expuesta frente a la postura del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, quien advirtió que una eventual intervención militar en Venezuela sería una “catástrofe humanitaria” y un precedente grave para toda Sudamérica. Lula apeló al principio histórico de no intervención y a la resolución pacífica de los conflictos, una tradición diplomática que también ha sido central en la posición argentina sobre Malvinas.
Milei, en cambio, optó por un alineamiento explícito con Estados Unidos, incluso convocando al Mercosur a acompañar esa estrategia. El gesto tensiona al bloque regional, que nació precisamente como un espacio para preservar la autonomía sudamericana frente a injerencias externas y para fortalecer posiciones comunes en materia de soberanía.
La paradoja es evidente: pedir unidad regional para enfrentar el colonialismo británico mientras se promueve la intervención de una potencia extra regional en un país vecino. En ese juego, la causa Malvinas —legítima y ampliamente respaldada en América Latina— corre el riesgo de quedar atrapada en una lógica de conveniencias ideológicas que la despoja de su fuerza histórica.
Malvinas no se defiende solo con declaraciones encendidas, sino con coherencia política sostenida en el tiempo. Cuando los principios se aplican según el aliado de turno, el reclamo pierde consistencia y se vuelve vulnerable. En Foz de Iguazú, más que fortalecer la posición argentina, la diplomacia presidencial volvió a mostrar una política exterior errática, donde la soberanía se invoca para unos casos y se relativiza para otros.
