Europa avanza hacia el control digital: España y Grecia preparan prohibiciones de redes sociales para menores

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Además, el país exigirá a las plataformas implementar sistemas estrictos de verificación de edad.

Sánchez describió el entorno digital como un espacio que expone a los menores a riesgos como adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia, afirmando que las redes sociales funcionan como un “Salvaje Oeste digital” que ya no puede quedar sin control.

Pero el paquete de medidas no se limita a la restricción por edad. El gobierno español planea presentar una legislación que responsabilice personalmente a los ejecutivos de redes sociales por el contenido ilegal o de incitación al odio. El proyecto también contempla sanciones por manipulación algorítmica, amplificación de contenido ilegal y la creación de mecanismos para rastrear el discurso de odio en línea.

España, además, confirmó la formación de una coalición con cinco países europeos para coordinar una regulación más estricta y acelerar la aplicación de normas comunes en materia digital.

Grecia se encamina a una prohibición para menores de 15

En paralelo, Grecia avanza hacia una prohibición similar. Según fuentes gubernamentales, el país está “muy cerca” de impedir el acceso a redes sociales a menores de 15 años.

Aunque aún no se conocen todos los detalles, Atenas ya había adelantado que utilizaría su aplicación estatal “Kids Wallet” como herramienta para bloquear el acceso de menores a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X, reforzando el control parental digital a nivel nacional.

Un cambio de paradigma en Europa

Las iniciativas de España y Grecia se inscriben en una tendencia internacional creciente. Australia fue pionera al implementar en diciembre pasado una prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Francia también anunció que aplicará una restricción similar para menores de 15 años a partir de septiembre de 2026.

En el plano comunitario, el Parlamento Europeo aprobó en noviembre de 2025 una resolución —no vinculante— que propone fijar en 16 años la edad mínima para el acceso a redes sociales en toda la Unión Europea, motivada por la preocupación por los efectos en la salud mental de los menores.

La eurodiputada danesa Christel Schaldemose, impulsora de la iniciativa, fue contundente: “Estamos trazando una línea. Las plataformas no fueron diseñadas para niños”.

Protección o control: el debate que crece

El endurecimiento regulatorio abre un debate que atraviesa a gobiernos, familias y empresas tecnológicas. Mientras algunos sectores celebran las medidas como necesarias para proteger la salud mental y el desarrollo de los menores, otros advierten sobre los desafíos de implementación, la privacidad y el riesgo de excesiva intervención estatal en el espacio digital.

Lo cierto es que Europa avanza hacia un nuevo modelo de gobernanza tecnológica donde las redes sociales ya no serán un territorio sin reglas, especialmente cuando se trata de la infancia.

El “Salvaje Oeste digital” empieza a cerrarse. Y el futuro de las plataformas, al menos en Europa, parece cada vez más regulado.

Captar, influir, adoctrinar

Cuando las redes quedan sin controles reales (edad, identidad, moderación efectiva), distintos actores con agendas de poder —políticas, religiosas y también criminales— encuentran un terreno fértil para captar, influir y adoctrinar a chicos y adolescentes.

No es un fenómeno “de un solo lado”: investigaciones y organismos internacionales describen cómo movimientos extremistas de distintas orientaciones y redes de propaganda usan contenidos emocionales, pertenencia identitaria, promesas de “comunidad” y la amplificación algorítmica para llegar a menores; incluso se han documentado campañas y operaciones que apuntan deliberadamente a públicos jóvenes, aprovechando su búsqueda de identidad, su vulnerabilidad y el consumo constante de video corto.

Al mismo tiempo, reportes europeos y de UNICEF remarcan que las plataformas pueden facilitar ese contacto —y que, sin sistemas de verificación y barreras, el costo de entrada para el captador es bajísimo—; y casos recientes muestran que la captación de menores puede darse también desde organizaciones armadas o redes violentas que se promocionan en redes como si fueran “estilo de vida”. 

Al acecho

No hay una sola “familia política” que monopolice el odio online en todos los países, pero la evidencia comparada sí permite identificar qué tipos de actores aparecen más sistemáticamente en la producción y amplificación de discursos de odio (especialmente cuando hablamos de odio contra minorías, deshumanización y llamados a exclusión/violencia):

• Extrema derecha identitaria / etnonacionalista: en múltiples estudios y revisiones aparece como el actor más recurrente en la promoción de agendas excluyentes y en el uso del odio como herramienta política (anti-inmigración, racismo, antisemitismo, islamofobia, anti-LGBTQ+), aprovechando el engagement algorítmico y redes de cuentas coordinadas.
• Sectores religioso-políticos radicalizados (sectarios): en distintos países se documenta el uso de redes para demonizar minorías o rivales políticos, mezclando identidad religiosa con disputa partidaria; el fenómeno suele crecer en períodos electorales o de conflicto social.
•  Espacios “anti-sistema” y conspiracionistas: no siempre son partidos formales, pero funcionan como ecosistemas políticos que empujan narrativas de odio, desinformación y hostigamiento, y terminan “derramando” esos marcos a la discusión pública.