La Justicia chilena, entre la corrupción y el riesgo de una purga: la ONU advierte por la remoción de 56 jueces

La advertencia de Naciones Unidas llegó en uno de los momentos más delicados para la Justicia chilena. Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, manifestó su preocupación por los procedimientos de remoción iniciados contra 56 jueces y juezas que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica.

La experta no cuestionó que las conductas deban investigarse ni defendió una eventual utilización fraudulenta de las licencias. Su señalamiento apuntó al método escogido por la Corte Suprema: procesos sin una instancia de apelación, basados en criterios imprecisos y aplicados, en algunos casos, sobre hechos que ya habían sido examinados en procedimientos disciplinarios anteriores. 

La controversia expone una tensión que excede ampliamente a los 56 magistrados involucrados. Chile enfrenta el problema de cómo recuperar la confianza en una Justicia golpeada por graves episodios de corrupción y tráfico de influencias sin convertir la reacción institucional en una herramienta discrecional que debilite la independencia judicial.

El escándalo de las licencias

El origen inmediato del conflicto se encuentra en un informe de la Contraloría General de la República difundido en mayo de 2025. El organismo cruzó registros migratorios con información sobre licencias médicas y detectó que 25.078 funcionarios públicos habrían viajado fuera de Chile durante períodos en los que debían cumplir reposo.

El relevamiento comprendió 35.585 licencias médicas y 59.575 movimientos de entrada o salida del país registrados entre 2023 y 2024. Un 69% de los permisos había sido otorgado a través del sistema público Fonasa y el 31% restante correspondía a las aseguradoras privadas de salud. 

El informe provocó una ola de indignación y abrió investigaciones en numerosos organismos estatales. La polémica terminó alcanzando también al Poder Judicial, donde se iniciaron sumarios contra magistrados incluidos en los registros.

En junio de 2026, la Corte Suprema decidió avanzar un paso más y abrió 56 “cuadernos de remoción”, procedimientos destinados a determinar si los jueces conservaban la idoneidad necesaria para permanecer en sus cargos. 

El problema es que no todos los casos parecen ser iguales. Algunos viajes podrían constituir un abuso evidente del reposo médico, pero otros habrían estado vinculados con tratamientos o recomendaciones profesionales. En el caso del juez Daniel Urrutia, por ejemplo, su defensa sostuvo que las salidas formaban parte de un tratamiento psiquiátrico y que los antecedentes ya habían sido evaluados en un sumario que terminó con su absolución. 

La advertencia de la relatora se concentra precisamente en esa falta de diferenciación. Según Satterthwaite, algunos magistrados están siendo sometidos a nuevos procedimientos por conductas que ya fueron investigadas y resueltas, mientras ahora se les exige demostrar nuevamente su aptitud para continuar en la función judicial. 

Un mecanismo con escasas garantías

La Corte Suprema fundamentó los procedimientos en el artículo 80 de la Constitución chilena, que establece que los jueces permanecen en sus cargos mientras mantengan un “buen comportamiento”.

Para la relatora, esa expresión resulta demasiado amplia si se utiliza como causal directa de destitución. La norma no define con precisión qué conductas constituyen mal comportamiento, cómo debe relacionarse la remoción con los procedimientos disciplinarios ordinarios ni qué parámetros objetivos deben aplicarse para evaluar cada caso.

A eso se suma un elemento particularmente delicado: las decisiones de la Corte Suprema en esta materia no contemplan una instancia de apelación. La misma institución investiga, evalúa y resuelve la continuidad del magistrado.

La preocupación de Naciones Unidas es que semejante concentración de facultades permita castigar dos veces un mismo hecho o aplicar criterios distintos según la identidad, trayectoria o posiciones jurídicas del juez investigado. La inamovilidad judicial, recordó Satterthwaite, no es un privilegio personal de los magistrados, sino una garantía destinada a evitar que puedan ser removidos arbitrariamente por sus decisiones.

La intervención de la relatora no constituye una condena contra Chile ni una decisión judicial vinculante. Se trata del pronunciamiento de una experta independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, tiene relevancia porque coloca la actuación de la Corte Suprema bajo la mirada del sistema internacional de derechos humanos.

Una crisis que comenzó antes

El conflicto por las licencias médicas no creó la crisis de la Justicia chilena. Se incorporó a una institución que ya se encontraba profundamente afectada por el denominado “Caso Audios”, surgido a partir de las conversaciones y documentos extraídos del teléfono del influyente abogado Luis Hermosilla.

Las revelaciones mostraron contactos, gestiones y posibles intercambios de favores entre abogados, empresarios, integrantes del Poder Judicial y figuras políticas. El caso puso bajo sospecha los mecanismos de nombramiento de magistrados, las relaciones informales dentro de los tribunales y la existencia de redes capaces de influir sobre decisiones públicas.

Una de las principales figuras alcanzadas fue la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. En octubre de 2024, el máximo tribunal resolvió por unanimidad removerla por considerar que había vulnerado los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia.

En paralelo, el Congreso destituyó al ministro Sergio Muñoz mediante una acusación constitucional por notable abandono de deberes y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años. La decisión fue controvertida porque Muñoz no estaba involucrado directamente en el Caso Audios y distintos sectores denunciaron que su salida podía responder a una represalia por sus fallos.

La acumulación de episodios llevó a la propia presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a reconocer públicamente la magnitud del deterioro. Durante la apertura del año judicial 2026 afirmó que la institución había atravesado una crisis de “gravedad sin precedentes” y que la confianza de la sociedad había sido defraudada.

La Corte anunció nuevas reglas éticas, mayores controles administrativos, publicación de inhabilidades, mecanismos de transparencia y una revisión de sus procedimientos internos.

El peligro de confundir depuración con arbitrariedad

El Poder Judicial chileno necesita recuperar legitimidad. La dimensión de los escándalos conocidos impide cualquier intento de cerrar filas corporativamente o minimizar la gravedad de las conductas investigadas. Una Justicia que no controla sus propios conflictos de interés, filtraciones o redes de influencia deja de ser percibida como un poder independiente y pasa a ser vista como una estructura cerrada que protege a sus integrantes.

Pero la reconstrucción de la confianza tampoco puede apoyarse en procedimientos excepcionales, causales vagas o decisiones sin revisión. La respuesta frente a la corrupción no puede ser una Justicia con menos garantías.

Ese es el punto central de la advertencia de la ONU. La remoción de un juez debe surgir de hechos individualizados, reglas conocidas previamente, pruebas suficientes, derecho de defensa y posibilidad de revisión. De lo contrario, el mecanismo que hoy se presenta como una herramienta de saneamiento puede utilizarse mañana para disciplinar a magistrados incómodos.

Chile enfrenta así una crisis con dos caras. Por un lado, debe romper las redes de privilegios e influencias que dañaron la credibilidad de sus tribunales. Por otro, tiene que impedir que la necesidad política de mostrar firmeza termine debilitando la independencia de quienes administran justicia.

La salida no consiste en elegir entre impunidad y depuración. Consiste en construir controles transparentes, externos e imparciales que permitan sancionar las faltas comprobadas sin someter a los jueces a procedimientos discrecionales.

La confianza pública no se recuperará simplemente removiendo funcionarios. Se reconstruirá cuando la sociedad pueda saber por qué se investiga, qué pruebas existen, qué normas se aplican y quién controla a quienes tienen el poder de expulsar a un magistrado.

Fuente: Noticias ONU