NeuquenNewsParaguay atraviesa una de sus crisis políticas y financieras más importantes de los últimos años. Este jueves 5 de noviembre, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia al cargo, en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera con aproximadamente 2,9 millones de clientes.
La decisión se produjo cuando el mandatario enfrentaba un pedido de juicio político y comenzaba a perder el respaldo de sectores de su propio partido, el Colorado.
Peña comunicó su decisión mediante un mensaje grabado, en el que sostuvo que buscaba preservar la estabilidad institucional y social del país.
El origen de la crisis se encuentra en la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar graves problemas en su situación financiera.
Según el organismo regulador, el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.
La medida provocó restricciones en las operaciones bancarias y dificultades para que numerosos clientes pudieran acceder a sus fondos.
La situación generó protestas y preocupación entre los ahorristas, incluidos jubilados y trabajadores que utilizaban los servicios de la entidad.
El impacto también alcanzó a organismos públicos que mantenían recursos depositados o invertidos en el banco, entre ellos el Instituto de Previsión Social.
El escándalo adquirió una dimensión política debido a los vínculos que Santiago Peña mantuvo con el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank.
El mandatario había sido accionista del grupo controlador hasta 2025, situación que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y sobre el manejo de fondos públicos.
Las investigaciones también apuntan a presuntas irregularidades en operaciones financieras y en los mecanismos de supervisión bancaria.
En el marco de la causa, ocho personas vinculadas con la entidad fueron detenidas, mientras las autoridades judiciales avanzan en la determinación de responsabilidades.
La presión sobre Peña aumentó cuando dirigentes del Partido Colorado comenzaron a expresar públicamente su apoyo a un proceso de juicio político.
El expresidente Horacio Cartes, referente del oficialismo, y el titular del Congreso, Basilio Núñez, se pronunciaron a favor de avanzar con mecanismos institucionales para resolver la crisis.
La pérdida de respaldo político dejó al mandatario en una posición cada vez más comprometida.
Finalmente, Peña anunció su renuncia antes de que se resolviera el procedimiento parlamentario.
La dimisión presidencial abre una nueva etapa institucional.
El Congreso deberá intervenir en el tratamiento de la renuncia, mientras se define la continuidad del Poder Ejecutivo conforme a los mecanismos previstos por la Constitución paraguaya.
En paralelo, continuará la investigación sobre las presuntas irregularidades financieras y las responsabilidades de funcionarios y directivos vinculados con Ueno Bank.
Otro de los puntos de debate es la situación jurídica que podría corresponderle a Peña después de dejar el cargo, particularmente por las disposiciones constitucionales relacionadas con los expresidentes y su eventual condición de senadores vitalicios.
El Banco Central del Paraguay informó que el procedimiento de resolución busca proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.
El organismo anunció medidas para comenzar a devolver fondos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, con un primer pago previsto de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, sujeto a las condiciones establecidas.
Sin embargo, la recuperación del dinero y la normalización de la situación de los clientes dependerán del desarrollo del procedimiento.
La renuncia de Santiago Peña no pone fin a la crisis. Paraguay enfrenta ahora el desafío de garantizar la continuidad institucional, esclarecer las responsabilidades y ofrecer respuestas a millones de personas afectadas por el colapso bancario.
