NeuquenNewsLa diputada provincial Ludmila Gaitán llevó al recinto de la Legislatura de Neuquén una preocupación que trasciende ampliamente los hechos de violencia ocurridos en los Bosques de Palermo, en Buenos Aires. Su intervención estuvo centrada en el ataque de un numeroso grupo de adolescentes y jóvenes contra mujeres trans, pero fundamentalmente en las condiciones políticas y sociales que pueden contribuir a que la discriminación, la humillación y hasta las agresiones físicas comiencen a ser percibidas como comportamientos aceptables.
“Yo me pregunto con esto qué nos está pasando como sociedad para que un grupo de jóvenes crea que puede salir a perseguir o a golpear a una persona por su identidad”, expresó la legisladora al comenzar su intervención.
Gaitán se refirió al episodio ocurrido en Palermo, donde un grupo estimado en varias decenas de jóvenes protagonizó una violenta persecución contra mujeres trans que trabajaban en el lugar. Según la descripción realizada por la diputada, los agresores utilizaron distintos elementos para atacarlas y algunos incluso registraron las agresiones con sus teléfonos celulares.
“Quiero hacer referencia a algo que pasó en los Bosques de Palermo, que me parece de una gravedad enorme. Un grupo de adolescentes y jóvenes que salió a atacar a mujeres trans que estaban trabajando en ese lugar”, señaló.
La diputada aportó detalles de lo sucedido y puso especial énfasis en la actitud de quienes participaron del ataque:
“Fueron entre 50 y 60 pibes, muchos en bicicletas, que atacaron a estas mujeres con palos, con conos de tránsito, con piedras, con cualquier elemento que se encontraba en el lugar”.
Sin embargo, lo que más preocupación despertó en la legisladora fue la aparente satisfacción con la que los participantes exhibieron públicamente sus agresiones.
“Y hay algo que me parece todavía más grave, que es que estos mismos agresores lo filmaron mientras se reían, mientras se jactaban de la situación, lo publicaron en redes sociales y se burlaron públicamente de estas agresiones, mientras también eran festejados en redes sociales”.
Gaitán sintetizó su preocupación con una pregunta que interpela no solamente a los responsables de los hechos, sino también al conjunto de la sociedad:
“¿Qué nivel de violencia nosotros estamos naturalizando para que alguien se sienta orgulloso de hacer algo así?”
La diputada no presentó el ataque como un episodio desvinculado de la realidad política nacional. Por el contrario, planteó una relación entre las manifestaciones de violencia contra las diversidades y la retórica que, desde su perspectiva, viene instalando el Gobierno de Javier Milei.
“Tenemos un gobierno nacional que desde el primer día vino decidido a cuestionar a los feminismos, a estigmatizar a las diversidades, a ridiculizar la lucha por la igualdad, a intentar instalar permanentemente la idea de que los derechos conquistados son privilegios que hay que eliminar”, sostuvo.
Sus palabras apuntaron directamente a la responsabilidad que tienen quienes ocupan cargos de poder en la construcción del clima de convivencia social. Cuando la descalificación de determinados sectores se vuelve recurrente en el discurso político, existe el riesgo de que los prejuicios encuentren una legitimación que antes no tenían.
Las expresiones del presidente Milei contra las políticas de género y los movimientos feministas, entre ellas las pronunciadas durante el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2025, provocaron cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y colectivos vinculados con la diversidad sexual.
El Observatorio Nacional de Delitos de Odio contra las Personas LGBT+ registró durante el primer semestre de 2025 un incremento del 70% en los casos relevados respecto del mismo período del año anterior, de acuerdo con los datos recogidos por Human Rights Watch. Estas cifras aportan contexto a la preocupación por la violencia discriminatoria, aunque por sí solas no permiten establecer una relación causal directa entre los discursos gubernamentales y cada agresión particular.
En ese escenario, la intervención de Gaitán adquiere una dimensión que va más allá del repudio a un hecho puntual: plantea la necesidad de discutir qué consecuencias puede tener sobre adolescentes y jóvenes la reiteración de mensajes que presentan a determinados colectivos sociales como adversarios, amenazas o beneficiarios de supuestos privilegios.
El ataque de Palermo resulta especialmente inquietante por esa dimensión generacional. La violencia ejercida colectivamente, registrada en video y posteriormente difundida como motivo de diversión o reconocimiento social, muestra hasta qué punto la discriminación puede convertirse también en una forma de pertenencia grupal.
Otro de los aspectos centrales del pronunciamiento de la diputada fue su cuestionamiento a la eliminación o reducción de herramientas estatales destinadas a prevenir la violencia y proteger a los sectores vulnerados.
“Y a estos discursos de odio se le suma lo que nosotros venimos diciendo desde hace tres años, es que se están desmantelando todas las políticas públicas que justamente venían a prevenir y a combatir estas situaciones”, advirtió.
La observación introduce un segundo nivel de responsabilidad política. No se trata solamente de las palabras que utilizan los funcionarios, sino también de las decisiones institucionales que pueden debilitar los mecanismos de prevención, asistencia y acompañamiento a las víctimas de discriminación.
El Gobierno nacional ha impulsado una reestructuración de organismos y programas vinculados con las políticas de género y diversidad, entre ellos el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estas decisiones forman parte de una orientación política que el Ejecutivo defiende como reducción de estructuras estatales, pero que organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionan por sus posibles consecuencias sobre la protección de colectivos históricamente discriminados.
La advertencia de Gaitán adquiere relevancia precisamente porque combina ambos aspectos: el deterioro del clima de convivencia y el debilitamiento de las herramientas públicas destinadas a intervenir cuando la discriminación se transforma en violencia.
La intervención de Ludmila Gaitán representa una expresión de preocupación institucional frente a una problemática que no reconoce fronteras provinciales. Aunque los hechos ocurrieron en Buenos Aires, los mensajes políticos y los contenidos difundidos a través de las redes sociales alcanzan a adolescentes y jóvenes de todo el país.
Su pronunciamiento también recuerda que la responsabilidad de los representantes políticos no se limita a intervenir cuando los hechos ocurren dentro de su jurisdicción. El repudio público y la defensa de principios básicos de convivencia democrática forman parte de las obligaciones de quienes ejercen una representación institucional.
Hacia el final de su intervención, la diputada volvió a poner el acento en un derecho elemental que ninguna persona debería tener que reclamar por su identidad de género:
“Tenemos que seguir reclamando algo básico como el respeto a caminar sin miedo y a que nadie nos violente por nuestra identidad”.
Y concluyó expresando su respaldo a la movilización convocada contra las agresiones:
“Así que vamos a acompañar esta marcha. Repudiamos profundamente este ataque a las mujeres trans trabajadoras”.
La declaración de Gaitán deja planteada una discusión que merece atención. No alcanza con condenar los episodios de violencia una vez que ocurren si al mismo tiempo se naturalizan las expresiones de desprecio hacia determinados sectores de la sociedad.
Cuando un grupo de jóvenes considera divertido perseguir y golpear a mujeres por su identidad, y además encuentra aprobación en las redes sociales, la pregunta formulada por Ludmila Gaitán deja de ser una simple expresión de indignación para convertirse en una advertencia sobre el tipo de sociedad que se está construyendo.
Y esa advertencia merece ser escuchada, incluso —y especialmente— por quienes tienen responsabilidades de gobierno.
