Estados Unidos le pone un freno a la inteligencia artificial: el rechazo a los centros de datos crece en las ciudades

Mientras las grandes empresas tecnológicas anuncian inversiones multimillonarias para expandir la inteligencia artificial, en Estados Unidos comienza a consolidarse un movimiento ciudadano que cuestiona las consecuencias de esa expansión sobre los territorios. Los centros de datos, esas enormes instalaciones repletas de servidores que permiten almacenar información y ejecutar sistemas de inteligencia artificial, se están convirtiendo en protagonistas de un conflicto que enfrenta las promesas del progreso tecnológico con las necesidades de las comunidades.

Y los estadounidenses están empezando a decir que no.

Una encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst, publicada el 14 de septiembre de 2026, reveló que el 65% de los consultados se opone a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial en su comunidad, mientras que apenas el 11% está a favor. El 24% restante no manifestó una posición definida. El relevamiento incluyó a 1.000 personas y mostró un fenómeno poco frecuente en la polarizada sociedad estadounidense: el rechazo atraviesa las preferencias políticas.

Entre los votantes demócratas, la oposición alcanza el 76%, pero también representa una mayoría del 52% entre los republicanos. Incluso dentro del electorado más identificado con Donald Trump, tradicionalmente favorable a las inversiones empresariales y a la expansión de la infraestructura tecnológica, aparecen resistencias a la instalación de estos complejos cerca de las viviendas.

La explicación está menos relacionada con el funcionamiento de la inteligencia artificial que con sus consecuencias materiales. Los vecinos cuestionan la enorme demanda de electricidad, el consumo de agua para refrigeración, las alteraciones del entorno y, especialmente, la posibilidad de terminar financiando con sus propias tarifas las ampliaciones de infraestructura que necesitan las grandes corporaciones.

Las ciudades pasaron de las encuestas a las urnas

El rechazo dejó de ser solamente una expresión de preocupación ciudadana. En las elecciones del martes 3 de noviembre de 2026, numerosas comunidades estadounidenses tuvieron la oportunidad de pronunciarse directamente sobre proyectos de centros de datos y nuevas restricciones a su desarrollo.

Según el registro de Ballotpedia, una organización especializada en información electoral estadounidense, hasta el 4 de noviembre se habían definido 47 consultas locales vinculadas con estas instalaciones durante 2026. En 46 de ellas, el resultado favoreció mayores limitaciones a su desarrollo, ya fuera mediante la aprobación de restricciones o el rechazo de propuestas destinadas a facilitar nuevas instalaciones.

En Alhambra, California, el 82% de los votantes respaldó una prohibición de los centros de datos dentro de la ciudad. En Edgewater, Florida, el 77% apoyó impedir la aprobación y construcción de nuevas instalaciones, mientras que en Bloomington, Illinois, el 78% se pronunció a favor de recomendar una moratoria para los grandes complejos tecnológicos.

Se trata de decisiones con diferentes alcances legales, ya que algunas consultas fueron vinculantes y otras tuvieron carácter consultivo. Sin embargo, consideradas en conjunto, permiten identificar una tendencia política y social difícil de ignorar: una parte significativa de las comunidades no está dispuesta a aceptar sin condiciones las consecuencias territoriales de la expansión tecnológica.

La situación resulta particularmente llamativa porque Estados Unidos es, al mismo tiempo, uno de los principales impulsores de la inteligencia artificial y el escenario de una creciente resistencia ciudadana a la infraestructura que necesita para funcionar.

Houston: utilizan inteligencia artificial, pero rechazan tener un centro de datos cerca

Una de las investigaciones más interesantes fue realizada por la Universidad de Houston, en Texas, uno de los principales estados energéticos estadounidenses.

El estudio, publicado en mayo de 2026, encontró que el 85% de los habitantes encuestados del área metropolitana de Houston utiliza herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, casi el 63% rechaza que se construya un centro de datos a menos de una milla, aproximadamente 1,6 kilómetros, de su vivienda.

La contradicción es reveladora. Los ciudadanos utilizan la tecnología y reconocen sus beneficios, pero no necesariamente están dispuestos a aceptar los impactos asociados con su infraestructura.

En una región estrechamente vinculada con la producción de petróleo, gas y electricidad, la preocupación se concentra especialmente en la confiabilidad del sistema eléctrico y en la posibilidad de que el crecimiento de la demanda industrial termine afectando el suministro y los costos que pagan los hogares.

El mismo estudio encontró que una parte de los opositores reconsideraría su posición si los centros de datos funcionaran con energías renovables. Esto sugiere que el conflicto no representa necesariamente un rechazo a la tecnología, sino una exigencia de mejores condiciones ambientales y energéticas.

Virginia: de recibir inversiones a cuestionar sus consecuencias

Virginia ofrece otro ejemplo significativo. Durante años, este estado se convirtió en uno de los principales destinos de inversiones en centros de datos, especialmente en el norte de su territorio, donde se desarrolló una enorme concentración de infraestructura digital.

Pero la percepción pública cambió considerablemente.

Una encuesta realizada por The Washington Post y la Universidad George Mason determinó que solamente el 35% de los votantes de Virginia se sentiría cómodo con la construcción de un nuevo centro de datos en su comunidad. En 2023, ese porcentaje alcanzaba el 69%.

En apenas tres años, la aceptación cayó 34 puntos porcentuales.

El relevamiento también mostró que el 67% de los encuestados está a favor de eliminar las exenciones del impuesto sobre las ventas que reciben determinadas instalaciones tecnológicas. La discusión ya no gira exclusivamente alrededor de los efectos ambientales: también alcanza los beneficios fiscales que los gobiernos conceden a grandes empresas para atraer inversiones.

El interrogante es sencillo, aunque sus implicancias económicas son enormes: ¿Cuánto recibe efectivamente una comunidad a cambio de entregar suelo, recursos, infraestructura y ventajas impositivas a compañías que cuentan con una extraordinaria capacidad financiera?

La electricidad y el agua detrás de la revolución digital

Los centros de datos son instalaciones indispensables para el funcionamiento de buena parte de la economía digital. Procesan información, almacenan enormes volúmenes de datos y permiten ejecutar los modelos de inteligencia artificial que utilizan empresas, instituciones y millones de personas.

Sin embargo, esa actividad tiene una dimensión física frecuentemente ausente de los discursos sobre innovación.

Los servidores necesitan grandes cantidades de electricidad y sistemas de refrigeración capaces de disipar el calor generado durante su funcionamiento. Dependiendo de la tecnología utilizada, la ubicación y las condiciones climáticas, esos sistemas también pueden requerir importantes volúmenes de agua.

La magnitud del consumo depende de cada instalación, pero los proyectos de mayor escala pueden demandar potencias comparables con las de grandes establecimientos industriales. Su conexión a las redes eléctricas puede exigir nuevas líneas de transmisión, subestaciones y capacidad adicional de generación.

Todo esto requiere inversiones. Y allí aparece uno de los principales motivos del conflicto: quién las financia.

Las empresas tecnológicas sostienen que sus proyectos pueden generar actividad económica, empleo durante la construcción, ingresos fiscales y nuevas inversiones energéticas. Pero los habitantes de muchas localidades reclaman garantías concretas de que esos beneficios compensarán los costos y de que las tarifas residenciales no terminarán subsidiando la expansión de una industria de elevada rentabilidad.

También existe una discusión sobre el empleo. Aunque la construcción de estos complejos moviliza trabajadores y proveedores, su operación posterior puede requerir planteles relativamente reducidos en comparación con otras actividades industriales de inversión equivalente.

Un conflicto que trasciende a Estados Unidos

La resistencia estadounidense deja una enseñanza para las regiones que buscan atraer inversiones tecnológicas: la disponibilidad de energía, agua y suelo ya no puede considerarse una ventaja competitiva sin analizar previamente quién asumirá los costos sociales y ambientales de su utilización.

Para una provincia energética como Neuquén, que comienza a discutir su desarrollo tecnológico y el aprovechamiento de sus capacidades de generación, transmisión y conectividad, la experiencia ofrece elementos que merecen atención.

No se trata de rechazar la instalación de centros de datos ni de desconocer las oportunidades económicas que pueden representar. Se trata de comprender que la infraestructura digital también tiene impactos territoriales y que cualquier proyecto debería evaluar su demanda eléctrica, sus necesidades hídricas, la inversión requerida y los beneficios concretos para la población.

La discusión estadounidense está incorporando, además, una dimensión democrática: las comunidades reclaman participar en decisiones que pueden modificar de manera permanente el uso de sus recursos y las condiciones de vida de sus habitantes.

La inteligencia artificial suele presentarse como una transformación inevitable, impulsada por empresas con presupuestos superiores a los de numerosos países. Sin embargo, las votaciones en distintas ciudades estadounidenses están demostrando que la expansión de esa tecnología también puede encontrar límites definidos por la ciudadanía.

La pregunta que empieza a recorrer Estados Unidos no es si la inteligencia artificial representa un avance tecnológico. Es quién se beneficia de ese avance, quién aporta los recursos para hacerlo posible y quién termina pagando sus consecuencias.