NeuquenNewsEl gobierno de Donald Trump dio este martes 18 de agosto un nuevo paso en su ofensiva contra la Corte Penal Internacional: sancionó a su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y al abogado senegalés Abdoulaye Seye, integrante de la fiscalía del tribunal.
Las medidas implican el congelamiento de eventuales activos sometidos a jurisdicción estadounidense y, en la práctica, fuertes restricciones para operar dentro de un sistema financiero internacional profundamente conectado con Estados Unidos. Washington sostiene que la CPI se excede en sus atribuciones al investigar o procesar ciudadanos y funcionarios de países que no reconocen su jurisdicción.
Pero existe un dato fundamental para comprender lo que está ocurriendo: la campaña estadounidense contra la Corte está directamente relacionada con las investigaciones sobre Israel y, particularmente, con las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
No es una deducción.
Lo dice Estados Unidos.
El 6 de febrero de 2025, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, que creó el mecanismo utilizado posteriormente para sancionar fiscales y jueces de la CPI.
El documento de la Casa Blanca acusa al tribunal de realizar acciones ilegítimas contra Estados Unidos e Israel y menciona expresamente como fundamento la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
La CPI había emitido esas órdenes el 21 de noviembre de 2024 al considerar que existían fundamentos razonables para atribuirles responsabilidad por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza. Entre las acusaciones formuladas contra Netanyahu se encuentra el crimen de guerra de utilizar el hambre como método de guerra.
Israel sostiene que la Corte carece de jurisdicción porque el país no integra el Estatuto de Roma. Estados Unidos utiliza el mismo argumento.
La CPI responde que su jurisdicción deriva de que Palestina es Estado Parte del Estatuto de Roma y que la competencia territorial reconocida por el tribunal comprende Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Según ese criterio, la nacionalidad de quien presuntamente comete el crimen no elimina la jurisdicción cuando los hechos ocurren dentro del territorio de un Estado sometido a ella.
Tomoko Akane no integró la sala de la CPI que firmó personalmente la orden de arresto contra Netanyahu. Atribuirle “su orden contra Netanyahu” sería técnicamente incorrecto.
Pero eso no vuelve casual la sanción.
Akane preside desde marzo de 2024 la institución que emitió los mandatos y se convirtió en una de las voces más firmes en defensa de su independencia. Cuando comenzaron las amenazas de sanciones estadounidenses, advirtió que las medidas podían poner en peligro la propia existencia de la Corte y rechazó cualquier intento de condicionar la actuación de sus magistrados.
Mientras tanto, Washington fue avanzando sobre los funcionarios directamente relacionados con el expediente israelí.
En junio de 2025 sancionó, entre otros magistrados, a Reine Alapini-Gansou y Beti Hohler. El Departamento de Estado explicó entonces expresamente que ambas habían participado en la autorización de las órdenes contra Netanyahu. Meses después fue sancionado también Nicolas Guillou, otro de los jueces vinculados al caso.
Ahora la ofensiva llegó hasta la propia presidencia del tribunal.
Tras esta última decisión, nueve de los 18 jueces de la CPI se encuentran alcanzados por sanciones estadounidenses, además de fiscales y otros funcionarios. La propia Corte calificó las medidas como un ataque contra la independencia de una institución judicial. Japón, país de origen de Akane y aliado estratégico de Estados Unidos, consideró la decisión “muy lamentable”. La Unión Europea expresó también su rechazo y reiteró su apoyo a la Corte.
La historia, sin embargo, comenzó mucho antes de que Trump regresara a la Casa Blanca.
En 2024, una extensa investigación realizada por The Guardian, la revista israelí-palestina +972 Magazine y el medio israelí Local Call reconstruyó lo que describió como una campaña de casi una década de organismos de inteligencia israelíes destinada a vigilar, presionar y entorpecer las investigaciones de la CPI sobre Palestina.
Más de dos docenas de exfuncionarios y funcionarios de inteligencia, diplomáticos, abogados y fuentes vinculadas al tribunal participaron de aquella investigación periodística.
Según esa reconstrucción, organismos israelíes interceptaron comunicaciones de funcionarios de la Corte, vigilaron conversaciones entre la fiscalía y organizaciones palestinas y obtuvieron información sobre los movimientos internos de las investigaciones.
Uno de los blancos principales fue Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI entre 2012 y 2021.
Poco después de que Bensouda iniciara en 2015 un examen preliminar sobre Palestina, dos hombres aparecieron en su residencia privada en La Haya. Le entregaron un sobre que contenía cientos de dólares y un número telefónico israelí.
Una investigación interna no pudo establecer quiénes eran aquellos hombres. Según las fuentes consultadas por The Guardian, la conclusión dentro de la Corte fue que probablemente se pretendía transmitir un mensaje intimidatorio: quienes estaban detrás de aquello sabían dónde vivía la fiscal.
La CPI informó el episodio a las autoridades neerlandesas y reforzó la seguridad de Bensouda.
Los acontecimientos posteriores fueron todavía más graves.
La investigación periodística señaló al entonces director del Mossad, Yossi Cohen, hombre cercano a Netanyahu, como protagonista de una operación personal destinada a persuadir a Bensouda de abandonar la investigación.
Cohen habría mantenido encuentros inesperados con ella, realizado contactos no solicitados y aumentado progresivamente la presión cuando quedó claro que la fiscal no abandonaría el expediente.
Las fuentes consultadas por la investigación sostuvieron que Bensouda interpretó los contactos como amenazas personales y que la inteligencia israelí había obtenido además información sobre miembros de su familia para presionarla. La propia Bensouda dejó constancia interna de que se había sentido amenazada.
En mayo de 2026, ya fuera de la Corte, Bensouda decidió hablar públicamente sobre las presiones sufridas y sostuvo que Israel buscaba que detuviera las investigaciones sobre Palestina.
La acusación es de una gravedad extraordinaria: un organismo de inteligencia estatal tratando de condicionar mediante vigilancia, presión e intimidación personal a quien debía determinar si funcionarios de ese mismo Estado podían ser responsables de crímenes internacionales.
Israel ha rechazado las acusaciones contenidas en aquella investigación y la oficina de Netanyahu las calificó de falsas e infundadas.
Hay, sin embargo, una diferencia inquietante entre aquella etapa y la actual.
Lo que entonces se habría desarrollado mediante operaciones secretas de inteligencia ahora se practica mediante instrumentos oficiales del Estado norteamericano.
No hay agentes escondidos ni encuentros clandestinos.
Hay decretos, comunicados del Departamento de Estado, congelamiento de activos y prohibiciones financieras dirigidas contra jueces y fiscales de un tribunal internacional.
Estados Unidos sostiene que está defendiendo su soberanía y la de Israel. Pero desde otra perspectiva la escena resulta difícil de ignorar: una de las mayores potencias económicas y militares del planeta utiliza su capacidad financiera para imponer consecuencias personales a magistrados extranjeros que investigan a dirigentes de un país aliado.
El problema excede largamente a Netanyahu.
Porque si un juez puede sufrir consecuencias económicas personales por una resolución judicial que disgusta a una gran potencia, la pregunta deja de ser qué establece el derecho internacional.
La pregunta pasa a ser qué jueces pueden permitirse aplicarlo.
Existe además una contradicción política imposible de esconder.
Estados Unidos ha defendido la actuación de la Corte Penal Internacional cuando sus órdenes estuvieron dirigidas contra dirigentes considerados enemigos de Washington. Pero rechaza su jurisdicción cuando alcanza a ciudadanos estadounidenses o dirigentes israelíes.
Tomoko Akane conoce personalmente esa lógica de represalias.
En 2023, Rusia emitió una orden de detención contra ella después de que la CPI ordenara detener a Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra vinculados con Ucrania. Años después, es Estados Unidos quien la sanciona económicamente mientras la Corte mantiene abierto el proceso contra Netanyahu.
Los métodos son distintos. El principio que está en juego es el mismo: que la aplicación de la justicia internacional tenga consecuencias para quien se atreva a investigar a dirigentes protegidos por Estados poderosos.
Y allí aparece el verdadero problema.
Un tribunal que solamente puede perseguir a líderes de países débiles o enemigos de las grandes potencias no constituye justicia internacional. Constituye una administración internacional de las relaciones de fuerza.
Sería incorrecto afirmar que las nuevas sanciones fueron completamente silenciadas. Reuters, Associated Press, The Guardian, El País y otros grandes medios internacionales informaron sobre ellas.
La discusión periodística más incómoda es otra.
¿Por qué la decisión de una superpotencia de imponer sanciones económicas contra la presidenta de un tribunal internacional por actuaciones judiciales vinculadas con un aliado no provoca una conmoción política y mediática proporcional a su gravedad?
Imagine por un momento que una potencia rival congelara los bienes y bloqueara financieramente a jueces internacionales porque investigaron a su presidente. Probablemente hablaríamos de intimidación, autoritarismo y ataque a la independencia judicial.
Cuando quienes aplican el mecanismo son Washington y uno de sus principales aliados, el acontecimiento corre el riesgo de convertirse simplemente en otra noticia de política exterior.
Y acaso ese sea el elemento más preocupante de toda esta historia.
No que las presiones sean desconocidas.
Sino que después de años de espionaje denunciado, amenazas contra fiscales, sanciones contra magistrados y advertencias públicas destinadas a frenar investigaciones, comenzamos a considerarlas normales.
La independencia judicial deja de existir mucho antes de que un tribunal cierre sus puertas. Empieza a desaparecer cuando quienes deben administrar justicia aprenden que investigar a determinadas personas puede costarles su seguridad, su patrimonio, su libertad de movimiento o la tranquilidad de sus familias.
Y cuando eso sucede, lo que está sentado en el banquillo ya no es solamente Netanyahu.
Es la propia idea de que todos, incluso los aliados de las naciones más poderosas del mundo, deben estar sometidos a la ley.
