NeuquenNewsHay una cifra que impide refugiarse en las fórmulas habituales de la diplomacia: al menos 20.179 niños palestinos muertos y 44.143 heridos entre el 7 de octubre de 2023 y el 7 de octubre de 2025. Es el recuento recogido por la Comisión Internacional Independiente de Investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En su informe sobre la infancia palestina, presentado en junio de 2026, la comisión concluyó que las autoridades y fuerzas israelíes atacaron deliberadamente a niños y que Israel continuaba cometiendo genocidio y otros crímenes atroces en Gaza. También señaló que los niños siguieron muriendo y resultando heridos después del alto el fuego de octubre de 2025.
No se trata solamente de bombas y disparos. La investigación examina la destrucción de las condiciones que permiten crecer y sobrevivir: viviendas, atención médica, servicios de maternidad y neonatología, educación y acceso a alimentos. Cuando un recién nacido depende de un sistema sanitario devastado y una familia desplazada no tiene un lugar seguro al cual volver, la violencia continúa mucho después del ataque que aparece en una fotografía. El informe vincula expresamente el daño a la infraestructura materna con sus consecuencias para los nacimientos y la salud de los bebés.
La palabra genocidio tampoco apareció por primera vez este año. El 16 de septiembre de 2025, la misma comisión concluyó que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes habían cometido cuatro de los cinco actos previstos en la Convención de 1948: matar a integrantes del grupo, causarles daños físicos o mentales graves, imponer condiciones de vida encaminadas a su destrucción e impedir nacimientos. Entre los hechos examinados incluyó el ataque a la clínica de fertilidad Al Basma, donde, según el informe, fueron destruidos miles de embriones y material reproductivo. Israel rechaza la conclusión de genocidio y cuestiona el trabajo de la comisión.
Las denuncias no se limitan a lo que Israel ha hecho con la población de Gaza. También obligan a mirar qué pretende hacer con la tierra. En septiembre de 2025, la comisión investigadora sostuvo que el Gobierno israelí había mostrado una intención clara y persistente de establecer un control permanente sobre Gaza y de asegurar una mayoría judía en Cisjordania ocupada y dentro de Israel. En febrero de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que la violencia, los traslados forzosos y otras prácticas israelíes despertaban preocupación por una posible limpieza étnica tanto en Gaza como en Cisjordania. Esa advertencia tiene un alcance preciso: identifica un riesgo y sus fundamentos; no constituye por sí sola una sentencia judicial.
Leídos en conjunto, los informes describen una secuencia difícil de presentar como una suma de episodios aislados: se expulsa a familias, se destruyen barrios y servicios esenciales, se restringe la posibilidad de vivir allí y se plantea el control permanente del territorio. La limpieza étnica no empieza únicamente cuando alguien cruza una frontera. También puede avanzar cuando se vuelve imposible permanecer en la propia casa. Esa es la lectura política que surge de las prácticas documentadas y de la advertencia de la Oficina de Derechos Humanos; corresponde distinguirla de una condena judicial que todavía no existe.
Es en ese punto donde la crítica al sionismo de Estado que guía estas políticas de ocupación, supremacía demográfica y expansión territorial resulta ineludible. Invocar la seguridad de Israel no concede a su Gobierno derecho alguno a desplazar a otro pueblo, privarlo de alimentos o destruir la vida de sus hijos. Denunciar ese proyecto político y las decisiones de quienes lo ejecutan es distinto de atribuir responsabilidad a los judíos como comunidad religiosa o cultural. La responsabilidad por estos hechos debe recaer en autoridades, mandos y autores concretos.
Los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la toma de rehenes fueron crímenes contra civiles que deben ser condenados. No autorizan el castigo colectivo de los palestinos. Tampoco convierten a un niño en un objetivo militar ni borran la obligación de Israel de cumplir el derecho internacional. La condena de aquellos ataques pierde toda honestidad si se utiliza para justificar la devastación sostenida de Gaza.
Hay que ser exactos incluso frente a hechos que provocan indignación. No hubo una declaración formal de «Gaza como zona de genocidio» hecha por la ONU en su conjunto, ni le tomó «tres años completos» llegar a esta conclusión: fue una comisión independiente de Naciones Unidas la que publicó su determinación sobre el genocidio en septiembre de 2025, menos de dos años después del 7 de octubre de 2023. La Corte Internacional de Justicia, que tramita la demanda de Sudáfrica contra Israel, dictó medidas provisionales, pero aún no ha emitido una sentencia definitiva sobre el fondo de esa acusación.
La precisión no atenúa la denuncia; la sostiene. Un Gobierno que enfrenta hallazgos de genocidio formulados por una comisión investigadora de la ONU, una advertencia de limpieza étnica de su Oficina de Derechos Humanos y una causa abierta ante la Corte Internacional de Justicia debe responder por sus actos. Mientras llega esa rendición de cuentas, los niños palestinos no pueden esperar otra ronda de eufemismos.
