NeuquenNewsHay explicaciones que exigen datos y otras que parecen exigir un diccionario nuevo. Javier Milei eligió la segunda vía en su entrevista con Luis Majul. En el fragmento de video analizado, se refirió a “los siete intentos de juicio político” como “siete intentos de golpe de Estado”. Después habló de “los 10.000 terroristas que echamos el año pasado” y, al preguntarle el periodista cuántos llevaban este año, respondió: “Este año ya llevamos 20.000”.
Los describió como personas llegadas de otros países para “tratar de dinamitar el modelo argentino”. Es una acusación extraordinaria: en dos años, según el relato presidencial, el país habría padecido siete golpes y expulsado a 30.000 terroristas. Conviene mirar qué hechos hay detrás de palabras tan grandes.
Los pedidos de juicio político existen. Una revisión del registro de la Comisión de Juicio Político de Diputados permite identificar siete proyectos originales presentados hasta el 6 de febrero de 2026; en ese sentido, el número mencionado por Milei tiene un punto de apoyo verificable. Luego ingresaron otros tres, de modo que al 28 de septiembre los pedidos originales registrados contra él eran diez, además de cinco proyectos que amplían expedientes anteriores.
Pero el Presidente da un salto que el registro no autoriza: un proyecto de resolución para promover un juicio político no es un golpe de Estado, ni significa que la Cámara haya aprobado una acusación. La propia Constitución encomienda a Diputados la acusación y al Senado el eventual juicio. El mecanismo puede incomodar a quien gobierna; justamente para eso existe el control institucional.
Con los “terroristas” el salto es todavía mayor. Terrorismo no es una categoría para designar genéricamente a extranjeros rechazados en una frontera. En el derecho argentino, el artículo 41 quinquies del Código Penal agrava delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a autoridades a actuar o dejar de actuar.
La legislación migratoria contempla los actos de terrorismo entre las causas que pueden impedir el ingreso o la permanencia de una persona. Identificar a alguien con una actividad terrorista requiere, por lo tanto, hechos y fundamentos concretos; una documentación insuficiente o un trámite migratorio rechazado no acreditan por sí mismos semejante acusación.
¿De dónde sale, entonces, el número de 20.000? Del propio Gobierno, aunque con un significado muy diferente del que Milei le dio en televisión. El Ministerio de Seguridad informó el 18 de septiembre que más de 20.000 extranjeros habían sido expulsados, rechazados en frontera o inadmitidos durante 2026. Su comunicado suma tres situaciones distintas y no dice que esas personas sean terroristas. Una persona rechazada al intentar ingresar tampoco fue necesariamente “deportada”: es posible que nunca haya entrado al país. La cifra oficial existe; lo que falta es el puente probatorio entre esa cifra y la descripción que hizo el Presidente.
La afirmación sobre 2025 choca con un desglose aún más preciso. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones obtenidos por Chequeado mediante pedidos de acceso a la información, ese año hubo 662 expulsiones y 16.684 rechazos de ingreso. Entre las razones más frecuentes de estos últimos aparecen la falta de documentación habilitante y la consideración de que una persona sería un “falso turista”. Las expulsiones, por su parte, se vincularon principalmente con infracciones a la legislación sobre drogas y delitos contra la propiedad. Se podrá discutir cada política migratoria y exigir mejores controles; lo que esos registros no permiten afirmar es que la Argentina haya expulsado a 10.000 terroristas el año pasado.
La entrevista se produjo mientras Milei defendía su lectura de una economía que ofrece motivos bastante menos cinematográficos de preocupación. El INDEC informó que el PIB cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al primero y que la actividad de julio bajó 2,9% respecto de junio. Son cifras que merecen explicaciones sobre producción, empleo, ingresos y consumo. Convertir pedidos parlamentarios en golpes de Estado y controles fronterizos en una multitud de terroristas puede servir para construir una escena de asedio permanente; no demuestra qué provocó la caída de la actividad ni mejora el bolsillo de nadie.
La ironía es que Milei no necesitaba inventar los números de partida: hubo pedidos de juicio político y hubo controles migratorios. El truco está en cambiarles el nombre hasta que cuenten otra historia. Siete proyectos se vuelven siete golpes; personas expulsadas, rechazadas o inadmitidas se vuelven terroristas; y la discusión sobre la marcha del país queda desplazada por una amenaza cuya escala el propio Gobierno no ha documentado.
Un presidente puede denunciar conspiraciones. Si además les pone cifra, le corresponde mostrar los expedientes y los fundamentos. Hoy, los documentos disponibles cuentan una historia bastante menos espectacular y mucho más comprobable.
