NeuquenNewsEl Gobierno nacional decidió avanzar con Starlink para conectar a internet a 6.000 establecimientos educativos distribuidos en distintas regiones del país, en un programa cuyo valor total fue establecido en USD 21.876.000.
La iniciativa fue aprobada mediante la Resolución 663/2026 del ENACOM. Starlink Argentina aportará bienes y servicios valuados en USD 9.978.000, que incluyen 6.000 kits, accesorios y los primeros 24 meses de conectividad.
El resto, USD 11.898.000, será financiado mediante el Fondo del Servicio Universal para afrontar instalación, soporte técnico, monitoreo, gestión y un tercer año de servicio.
El dato central es que más de la mitad del valor económico del programa quedará respaldado por recursos públicos.
Y allí comienza una discusión que va bastante más allá de la calidad del servicio de Starlink.
Argentina posee una empresa estatal creada precisamente para desarrollar capacidades satelitales y de telecomunicaciones: ARSAT. Tiene satélites propios, infraestructura terrestre, una extensa red federal de fibra óptica, personal técnico especializado y experiencia acumulada en conectividad rural y educativa.
Todo eso fue construido durante años con recursos del Estado argentino.
Sin embargo, en la documentación pública conocida hasta ahora no aparece una comparación integral que permita saber cuánto habría costado utilizar ARSAT, cuánto habría sido necesario invertir para mejorar sus prestaciones o qué combinación entre infraestructura pública y operadores privados podía ofrecer una solución más conveniente para el país.
Tampoco surge de la resolución publicada un proceso competitivo abierto que permita conocer qué otras empresas pudieron presentar propuestas y bajo qué condiciones.
Ese punto es particularmente sensible.
El Reglamento General del Servicio Universal contempla diferentes mecanismos para ejecutar este tipo de proyectos, entre ellos licitaciones, concursos y, en determinados casos, adjudicaciones directas justificadas por razones técnicas o administrativas.
Sin embargo, en la Resolución 663/2026 que aprobó el programa Starlink no se identifica públicamente una licitación ni un concurso donde diferentes operadores hayan competido por precio, calidad y condiciones.
Esto no permite afirmar automáticamente que exista una irregularidad. El expediente administrativo podría contener documentación adicional que todavía no fue difundida.
Pero sí permite hacer una pregunta básica cuando están en juego casi USD 12 millones de recursos públicos:
¿qué comparación realizó el Gobierno antes de decidir que Starlink era la mejor alternativa?
Hasta ahora, esas respuestas no están públicamente disponibles.
La discusión sobre los costos agregó otro elemento. Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de ARSAT citado por Letra P, sostuvo que el servicio de Starlink tendría un precio cercano a los USD 160 mensuales, mientras que las conexiones satelitales que actualmente brinda ARSAT rondarían entre USD 60 y USD 70 mensuales.
Los servicios no son técnicamente idénticos. Starlink utiliza satélites de órbita baja y ofrece velocidades superiores y menor latencia que buena parte de las conexiones tradicionales que ARSAT presta mediante satélites geoestacionarios.
Por eso sería incorrecto afirmar que se está pagando tres veces más por exactamente el mismo producto. Pero la diferencia económica es demasiado importante como para no ser analizada.
Si 6.000 escuelas abonaran USD 160 mensuales, el gasto anual sería de aproximadamente USD 11,52 millones.
Con un costo de USD 70 por conexión, serían USD 5,04 millones. Con USD 60, aproximadamente USD 4,32 millones. La diferencia potencial podría ubicarse entre USD 6,48 millones y USD 7,2 millones por año.
Incluso aceptando que Starlink brinda mejores prestaciones, una diferencia de esa magnitud debería estar acompañada por un estudio que explique qué se está pagando, qué ventajas adicionales ofrece y por qué resulta más conveniente que invertir esos recursos en elevar la capacidad tecnológica nacional.
Ese análisis tampoco se conoce públicamente.
El punto quizás más importante no está solamente en cuánto cuesta Starlink. Está en qué deja cada peso invertido después de gastarse. ARSAT fue creada y desarrollada con dinero público. Sus satélites, centros de operación, redes, infraestructura y conocimiento técnico fueron financiados durante años por el Estado.
Cuando el país invierte en ARSAT, los recursos pueden transformarse en infraestructura, formación profesional, empleo calificado, capacidades tecnológicas y autonomía. Cuando compra un servicio terminado a una empresa extranjera, obtiene fundamentalmente el servicio.
Puede ser un excelente servicio. Pero el conocimiento, la plataforma tecnológica y la infraestructura estratégica permanecen en manos de otro. Ahí aparece una oportunidad que el Gobierno parece haber dejado pasar.
Los casi USD 12 millones que aportará el Fondo del Servicio Universal podrían haber formado parte, al menos parcialmente, de un programa destinado a mejorar las capacidades de ARSAT, incorporar nuevas tecnologías o desarrollar una solución nacional más competitiva.
Quizás el resultado no habría sido inmediato. Tal vez Starlink siga siendo hoy técnicamente superior para determinados puntos extremadamente aislados. Pero cada inversión destinada a mejorar ARSAT habría quedado dentro del patrimonio tecnológico del país. Ese debate no parece haber sido parte central de la decisión.
La cuestión tampoco se limita a satélites. El mundo discute cada vez con mayor intensidad quién controla las comunicaciones, los datos, las redes, los centros de procesamiento y la infraestructura digital.
Estados Unidos, China y Europa destinan enormes recursos a desarrollar capacidades tecnológicas propias. No lo hacen solamente por cuestiones comerciales. Lo hacen porque entienden que la infraestructura digital es estratégica.
Argentina, en cambio, vuelve a quedar frente a una política que prioriza contratar tecnología ya desarrollada en el exterior en lugar de establecer una estrategia de largo plazo que permita disminuir esa dependencia. La discusión sobre soberanía digital no significa aislarse del mundo ni rechazar inversiones extranjeras.
Significa evitar que servicios esenciales dependan exclusivamente de decisiones tomadas por corporaciones cuyos centros de poder, infraestructura y accionistas se encuentran fuera del país.
En conectividad satelital, esa diferencia no es menor. Quien controla la infraestructura controla buena parte de las condiciones del servicio, precios, actualizaciones tecnológicas y posibilidades futuras. Por eso fortalecer una compañía como ARSAT no debería ser considerado simplemente un gasto estatal. Es también una inversión estratégica.
El programa establece que Starlink cubrirá los primeros 24 meses de conectividad. El tercer año será financiado mediante el Fondo del Servicio Universal. A partir del mes 37 comenzará otro problema: las provincias o municipios deberán decidir si continúan utilizando el servicio y bajo qué condiciones económicas.
El valor de USD 160 mensuales mencionado públicamente no figura como tarifa contractual definitiva dentro de la resolución. Por eso todavía no puede afirmarse cuánto costará sostener la conectividad después del tercer año. Pero allí aparece otro interrogante.
Una política pública debería analizar no solamente cuánto cuesta ingresar a una plataforma, sino cuánto cuesta permanecer en ella. Si dentro de tres años las escuelas dependen técnicamente de Starlink y no existe una alternativa nacional equivalente, las jurisdicciones tendrán un margen de negociación mucho más reducido.
La discusión deja entonces de ser únicamente económica.
También pasa a ser estratégica.
La decisión ocurre además en un contexto político particular. Javier Milei mantiene una conocida relación de cercanía con Elon Musk. Ambos se reunieron en distintas oportunidades, intercambiaron elogios públicamente y el empresario estadounidense expresó reiteradamente su apoyo al programa económico y político del Presidente argentino.
La relación alcanzó incluso un fuerte contenido simbólico cuando Milei le entregó a Musk una motosierra durante la CPAC realizada en Estados Unidos. No existe evidencia pública que demuestre que esa relación haya determinado la elección de Starlink.
Pero precisamente por esa cercanía, la obligación de transparentar el procedimiento debería ser todavía mayor.
Si una empresa controlada por uno de los empresarios internacionales más cercanos políticamente al Presidente participa de un programa financiado con millones de dólares de recursos públicos, conocer cómo fue seleccionada no debería ser una cuestión secundaria.
El Gobierno debería publicar la comparación de precios, los informes técnicos, las alternativas analizadas y los criterios utilizados para descartar o relegar la opción estatal.
El contraste con el discurso fiscal del Gobierno es inevitable. La administración de Javier Milei hizo del cuidado de cada peso público uno de sus principales argumentos políticos. Con ese criterio justificó ajustes, recortes y restricciones presupuestarias en universidades, jubilaciones, discapacidad, hospitales y diferentes programas públicos.
Si la austeridad debe ser una regla, entonces debería aplicarse también cuando el Estado analiza contratos y programas vinculados con grandes corporaciones internacionales. No se trata de cuestionar que 6.000 escuelas reciban internet.
La conectividad es necesaria.
Tampoco de negar que Starlink posee una tecnología competitiva y particularmente útil en zonas rurales aisladas. La pregunta es mucho más sencilla:
¿Era ésta la alternativa más conveniente para Argentina?
Y, sobre todo, ¿cómo lo sabemos si no conocemos una licitación, una comparación integral de costos ni un estudio público que determine cuánto habría costado fortalecer ARSAT?
El Gobierno que exige austeridad a jubilados, universidades, hospitales y personas con discapacidad debería tener la misma rigurosidad cuando administra millones de dólares frente a empresas de algunos de los hombres más ricos del planeta.
La soberanía tecnológica también consiste en cuidar el dinero público. Y cuidar el dinero público no significa solamente gastar menos. Significa decidir dónde conviene invertirlo para que, después de gastar, algo quede en el país. Argentina ya puso durante años dinero de todos sus ciudadanos para construir ARSAT.
La pregunta que queda abierta es por qué, cuando aparece una nueva necesidad tecnológica, esa inversión pública deja de ser una ventaja estratégica y el Estado vuelve a mirar primero hacia afuera.
