China condenó a muerte a un exfuncionario por recibir millones en sobornos

Un tribunal de China condenó a muerte a Yang Youlin, ex alto funcionario del área de desarrollo económico de Nankín, tras declararlo culpable de haber recibido sobornos por más de 2.210 millones de yuanes, una cifra equivalente a unos US$325 millones. La sentencia fue dictada el 6 de julio por el Tribunal Popular Intermedio de Changzhou, en la provincia de Jiangsu, y corresponde a un fallo de primera instancia.

Yang ocupó distintos cargos públicos entre 1993 y 2023. Según el tribunal, utilizó esas funciones para favorecer a empresas y particulares en contratos de ingeniería, operaciones empresariales, transferencias de tierras y financiamiento. La investigación lo ubicó en el centro de una red que no se limitó al cobro de coimas: también fue condenado por malversación, entrega de sobornos, uso indebido de fondos públicos, abuso de poder y lavado de dinero. 

El fallo oficial detalló que, además de los sobornos millonarios, Yang habría participado entre 2014 y 2016 en la apropiación fraudulenta de 12 millones de yuanes de fondos fiscales; habría entregado más de 25 millones de yuanes en pagos ilegales a otros funcionarios entre 2005 y 2023; y habría desviado 15 millones de yuanes de una empresa estatal para actividades privadas. También se le atribuyó haber causado pérdidas al Estado por 23 millones de yuanes mediante decisiones irregulares vinculadas a terrenos. 

La severidad de la pena fue justificada por el tribunal en la magnitud del dinero involucrado, el impacto social del caso y el daño causado a los intereses del Estado y de la población. Aunque Yang habría aportado información sobre delitos de terceros y expresó arrepentimiento durante el proceso, la corte consideró que esos elementos no alcanzaban para atenuar la condena. Las audiencias se realizaron en marzo y abril, con la presencia de más de 30 asistentes, según informó el propio tribunal.

El caso se inscribe en la extensa campaña anticorrupción impulsada por Xi Jinping desde su llegada al poder. Esa ofensiva, presentada oficialmente como una lucha contra “tigres y moscas” —altos dirigentes y funcionarios de menor rango—, investigó a millones de personas dentro de la burocracia china. En 2025, la Comisión Central de Disciplina y la Comisión Nacional de Supervisión abrieron causas contra 115 funcionarios de nivel provincial o ministerial, de los cuales 69 recibieron sanciones disciplinarias.

Pero el caso Yang también muestra una dimensión más política del sistema chino. La campaña anticorrupción es defendida por Beijing como una herramienta para limpiar el aparato estatal y disciplinar al Partido Comunista. Sin embargo, críticos citados por agencias internacionales sostienen que también ha funcionado como mecanismo de control interno y de desplazamiento de rivales políticos dentro de una estructura donde la justicia opera bajo fuerte subordinación al poder político.

La pena de muerte por corrupción no es habitual, pero tampoco es inédita en China. Reuters señaló que, en los casos recientes conocidos, las condenas capitales por corrupción se aplicaron cuando las sumas involucradas superaban los 1.000 millones de yuanes. En 2021 fue ejecutado Lai Xiaomin, ex titular de la estatal China Huarong, y en 2024 fue ejecutado Li Jianping, exfuncionario de Mongolia Interior condenado en una causa por más de 3.000 millones de yuanes.

La sentencia contra Yang ocurre, además, en un país que mantiene un uso intenso y opaco de la pena capital. Amnistía Internacional sostiene que China sigue siendo el principal ejecutor del mundo, aunque la cantidad real de condenas y ejecuciones no se conoce porque esos datos son considerados secreto de Estado. En su informe sobre 2025, la organización registró al menos 2.707 ejecuciones en 17 países, pero aclaró que esa cifra excluye las miles que se cree que se realizan en China.

Más allá del impacto judicial, el expediente expone un punto sensible del modelo chino: el poder de los funcionarios locales sobre tierras, infraestructura, desarrollo urbano y financiamiento. En ese cruce entre Estado, empresas, suelo urbano y obra pública se consolidaron durante décadas muchas de las oportunidades de crecimiento económico del país, pero también algunas de sus redes de corrupción más profundas.

La condena a Yang Youlin funciona así como advertencia interna y mensaje político. No se trata solo de castigar a un funcionario por enriquecimiento ilícito. Es también una demostración de fuerza del Estado chino sobre su propia burocracia: quien administra contratos, tierras y recursos públicos puede convertirse en pieza clave del desarrollo, pero también en símbolo extremo de descomposición cuando ese poder queda sin controles independientes.

Fuente: BBC Mundo