Plottier: denuncian irregularidades y fines recaudatorios en el sistema de fotomultas

El conflicto por la implementación de las fotomultas en Plottier se intensificó luego de que el Ejecutivo municipal vetara la ordenanza de suspensión aprobada por el Concejo Deliberante. La medida buscaba frenar los cobros ante las crecientes dudas sobre la legalidad y operatividad del sistema, que distintos sectores denuncian como un mecanismo con fines meramente recaudatorios y carente de transparencia.

Uno de los aspectos más cuestionados es el esquema de distribución de ingresos. Según un pedido de informes, la empresa prestadora se queda con el 60% de lo recaudado, mientras que el municipio percibe apenas el 40%, a pesar de que es el Estado quien asume los costos de infraestructura y personal para la atención al público. Además, el Ejecutivo no ha podido precisar el destino de los fondos remanentes, lo que alimenta las sospechas de opacidad.

En el plano operativo, las irregularidades afectan directamente a los vecinos. Se reportan fallas en la sincronización de semáforos, ausencia de señalización técnica adecuada y la inexistencia de un mecanismo de defensa efectivo. Actualmente, quienes desean realizar un descargo son derivados a un número 0800 atendido por personas ajenas a la realidad local, lo que impide explicar situaciones cotidianas como maniobras forzadas por el mal estado de las calles.

Desde el bloque de Fuerza Libertaria, el concejal Pablo Scrugli ratificó que el cuerpo legislativo mantendrá una postura firme en la sesión de este jueves. El edil denunció que el Ejecutivo utilizó de manera indebida una ordenanza de emergencia vial para contratar directamente a una empresa tercerizada, eludiendo el control del Concejo en un servicio que debió ser concesionado por mecanismos legales más transparentes.

A pesar del malestar social y las falencias administrativas, el sistema de fotomultas continúa vigente. Las autoridades reconocen que las notificaciones no llegan en tiempo y forma, lo que deja a los ciudadanos en un estado de indefensión jurídica frente a sanciones que consideran arbitrarias y alejadas del verdadero espíritu de prevención vial que debería regir la norma.