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La organización Defensa de Niños y Niñas Internacional Argentina solicitó a las legisladoras y legisladores nacionales que aprueben un sistema penal juvenil con enfoque de derechos y rechacen cualquier intento de bajar la edad de imputabilidad. Envió una carta abierta tras las declaraciones del Ministro de Justicia de la Nación al presentar los contenidos del decreto presidencial 53/2026, por el cual se amplía el temario en las Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación para tratar el «Régimen Penal Juvenil». El presidente de DNI Argentina, Norberto Liwski, firmó el documento que cuestiona los fundamentos del gobierno nacional.
Liwski realizó una aclaración histórica sobre las declaraciones del Ministro de Justicia. En 1980, año que señala el funcionario, la dictadura cívico-militar incluía en su Plan Sistemático de Genocidio a niños, niñas y adolescentes. La sanción del Decreto-Ley 22.378 reinstalaba la edad mínima penal en 16 años luego de haberla descendido en 1976 a 14 años dentro de la Reforma Penal. La organización sostiene que esa norma aún vigente debe ser derogada dado que sus contenidos no se ajustan a los actuales criterios universalmente aprobados sobre la Justicia Penal Juvenil.
DNI Argentina recordó que el país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas a través de la Ley 23.849. Las disposiciones y principios de la Convención se constituyeron en compromiso vinculante y el Estado garante de la aplicación de sus contenidos. En la Reforma Constitucional de 1994 esta Convención junto a otros Tratados de Derechos Humanos fue incorporada a la Carta Magna en el Artículo 75 Inciso 22.
La organización señala que, en la actualidad, como una conducta políticamente espasmódica, detrás de un acto de gravedad criminal producido por uno o más adolescentes se reactiva el debate público, mediático y legislativo. DNI Argentina abre serias dudas sobre los objetivos del mismo que puedan incluir mecanismos distractivos, de manipulación pública y que se presentan coherentes con las actuales políticas negacionistas y regresivas en materia de derechos.
En ese contexto, la adolescencia, que en un 60% se encuentra por debajo de la línea de pobreza y en muchos casos con problemáticas que atraviesan su desarrollo sin el acompañamiento adecuado de las políticas públicas nacionales, sitúa a este sector dentro de una centralidad mediática referida a la inseguridad ciudadana.
La carta sostiene que en simultáneo a esta reiterada iniciativa se han profundizado los mecanismos de desfinanciación del Estado Nacional respecto de las áreas institucionales cuyos programas de acción conformaban un plexo básico de prevención y asistencia hacia los adolescentes en circunstancias de conflictividad socio legal.
DNI Argentina afirma que generar un estado de alarma en materia de inseguridad relacionada con la adolescencia resulta absolutamente contradictorio con los datos que evidencian el bajo nivel de incidencia de esa franja etaria en el universo del delito. Además, la organización sostiene que constituye un mecanismo de discriminación y estigmatización sobre los sectores de mayor despojo de derechos.
La organización citó las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño que efectuó al Gobierno Argentino en el mes de septiembre de 2024. El Comité expresó seria preocupación por la falta de avances en la aplicación de sus recomendaciones anteriores, por la Ley N° 22.278 que contiene disposiciones contrarias a la Convención, por los proyectos de ley enviados al Congreso por el Gobierno que rebajarían la edad de responsabilidad penal a los 13 años, por el número de niños privados de libertad y en centros de detención a veces en lugares alejados de sus familias, por penas de prisión extremadamente largas que pueden llegar a la cadena perpetua, por las condiciones de vida en los centros de privación de libertad y por las detenciones en comisarías y las prácticas degradantes, los malos tratos y la violencia en el sistema de justicia juvenil.
El Comité de Derechos del Niño insta al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y abstenerse de rebajarla, promover la justicia restaurativa en el sistema de justicia juvenil, promover activamente medidas no judiciales como la remisión y la mediación para adolescentes en conflicto con la ley, garantizar que la detención se utiliza como medida de último recurso y durante el período de tiempo más breve posible, y poner fin de forma efectiva a la detención de niños y adolescentes bajo custodia policial.
