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El Decreto N.º 131/2025, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el viernes 24 de enero de este año, autoriza al Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres a llamar a licitación pública para el alquiler de quince camionetas pick up 4x4 con seguro contra todo riesgo y de no más de tres años de antigüedad, por un plazo contractual de cuatro meses con posibilidad de prórroga por otro período igual.
El monto autorizado asciende a 198 millones de pesos, que se imputarán a partidas presupuestarias de distintas áreas: Secretaría de Deportes y Juventudes, Subsecretaría de Deportes, Subsecretaría de Cultura y Secretaría de Género, entre otras.
En otras palabras, cada camioneta costará 13,2 millones por el período, lo que equivale a 3,3 millones de pesos mensuales por unidad.
La matemática que desnuda la ineficiencia
Si se proyecta el contrato a un año, el Estado desembolsaría 39,6 millones por vehículo, lo que representa el 72 % del valor de compra de una camioneta 4x4 nueva, cuyo precio ronda entre 50 y 55 millones de pesos en el mercado actual.
En apenas un año y cuatro meses de alquiler, el gasto acumulado superaría lo que costaría adquirir las unidades de forma definitiva. Y al finalizar el contrato, el Estado no tendría ningún activo patrimonial, sólo la cuenta de gastos pagada.
Comprar escalonado: la alternativa lógica
La necesidad de vehículos para cubrir las demandas territoriales es reconocida por la propia cartera que conduce Julieta Corroza. Si la falta de movilidad es estructural, lo racional sería avanzar en un plan de compra gradual o escalonada de unidades, distribuyendo la inversión en el tiempo y dotando al ministerio de patrimonio propio.
Con un esquema de adquisición anual de cinco camionetas, en tres años se podría completar una flota de 15 unidades, con un costo equivalente al que se proyecta gastar en alquiler en apenas 12 a 16 meses.
El contraste con el discurso oficial
El gobernador Rolando Figueroa insiste en la necesidad de “optimizar los recursos porque no hay plata”. Sin embargo, este decreto muestra lo contrario: se elige la opción más cara para resolver una necesidad permanente, bajo la excusa de la urgencia.
La retórica del ajuste pierde consistencia cuando las decisiones administrativas replican prácticas de ineficiencia conocidas: pagar varias veces por un bien que nunca se incorporará al patrimonio público.
El alquiler de camionetas puede ser razonable para emergencias o necesidades puntuales. Pero cuando se reconoce que la demanda es constante y estructural, la compra escalonada es la opción más eficiente y transparente.
De lo contrario, el Estado seguirá comprometiendo recursos millonarios sin generar valor patrimonial, erosionando la credibilidad de un discurso de austeridad que choca contra la realidad de sus propias decisiones.
