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La empresa de transporte con sede en Cipolletti, que presta servicios en el Alto Valle desde el 28 de diciembre de 1979, recibió una nueva prórroga en la concesión de sus rutas interurbanas, consolidando su rol como prestadora esencial en la conectividad regional. La renovación fue oficializada mediante el decreto 789/20, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren.
Rutas incluidas en la concesión
La extensión de la concesión abarca recorridos clave para la movilidad dentro de Río Negro:
• Cipolletti – General Roca (exruta Nº 22, actual ruta Nº 65)
• Cipolletti – Villa Regina – Chichinales (ruta Nº 22)
• Villa Regina – Valle Azul
• Cipolletti – Fernández Oro – Allen por la ruta “La Falda”, incluyendo acceso a Isla Nº 10
Además, se incluye el servicio de temporada entre Cinco Saltos y el Balneario Las Grutas, con paradas intermedias en localidades estratégicas como Chelforó, Choele Choel, Lamarque, Pomona y San Antonio Oeste.
Plazos y formalidades
La empresa solicitó formalmente la extensión de la concesión y, según lo estipulado en el decreto, dispone de treinta días desde la publicación en el Boletín Oficial para aceptar la prórroga del permiso otorgado.
Argumentos del Gobierno Provincial
El Gobierno de Río Negro justificó la renovación destacando la eficiencia con la que la prestataria ha cubierto la demanda en las trazas asignadas. Según el informe técnico del Área Líneas Regulares, no se registraron sanciones graves ni quejas significativas por parte del público usuario, lo que refuerza la decisión de evitar una licitación pública.
En palabras del Ejecutivo provincial, el servicio ha sido prestado “respetando los principios de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad”, pilares fundamentales para garantizar el acceso equitativo al transporte público intraprovincial.
Un servicio esencial para la comunidad
La renovación de esta concesión no solo asegura la continuidad de un servicio vital para miles de usuarios, sino que también refuerza el compromiso del Estado en garantizar la movilidad como derecho, especialmente en zonas donde el transporte automotor es la principal vía de conexión.
