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La vicepresidenta Victoria Villarruel formalizó este lunes dos denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py. Lo llamativo no fue sólo el contenido de la presentación, sino el destinatario: no es la oposición, ni algún actor del poder judicial, ni siquiera los organismos de derechos humanos con los que suele chocar. Esta vez, la mira está puesta en su propio espacio político.
Villarruel denunció penalmente por rebelión, amenazas, intimidación pública, instigación a delinquir y asociación ilícita a un conjunto de dirigentes, comunicadores y usuarios de redes sociales cercanos a Javier Milei. Entre los apuntados están el director de La Derecha Diario, Javier Negre, la diputada nacional Lilia Lemoine, el biógrafo presidencial Nicolás Márquez y una serie de cuentas de redes sociales a las que identificó como parte de una “acción coordinada de hostigamiento”.
La causa fue sorteada al juzgado de Sebastián Casanello, con intervención de los fiscales Franco Picardi y Guillermo Marijuan.
En su presentación, Villarruel sostiene que estas acciones forman parte de una campaña sistemática para desacreditarla públicamente, aislarla dentro del oficialismo y socavar su posición institucional. No se trata de un roce ideológico: la vicepresidenta habla de una ofensiva deliberada que busca su desplazamiento, alimentada desde sectores internos que, hasta hace no mucho, compartían escenario, elogios y objetivos.
Del otro lado, las respuestas no tardaron. Negre, desde la trinchera digital, se enorgulleció de la denuncia y la usó como prueba de haber “tocado un nervio sensible”. Desde su cuenta de X (ex Twitter), la diputada Lemoine redobló la apuesta y sugirió que Villarruel busca criminalizar opiniones disidentes.
La imagen es insólita, pero no por eso sorprendente: mientras el gobierno libra una disputa con la oposición, con los sindicatos y con buena parte de los gobernadores, la vicepresidenta litiga contra figuras de su propio armado. Un armado que ya no oculta fisuras, sino que las exhibe como parte del paisaje cotidiano.
Algunos analistas recuerdan que esta escalada no es nueva. En los últimos meses, Villarruel fue dejada afuera de decisiones centrales, marginada de actos oficiales -como la apertura de la Rural- y desautorizada por funcionarios del entorno más cercano de Milei. El propio presidente llegó a calificar como “traidores” a quienes impulsaban un vínculo institucional más fluido con el Congreso.
Pero lo de ahora cruza un límite. Porque judicializar una disputa política interna -aún con razones legítimas para sentirse hostigada- abre una caja de Pandora difícil de cerrar. ¿Hasta qué punto una denuncia penal es un recurso para frenar la violencia digital, y hasta qué punto se convierte en una herramienta para saldar cuentas internas? ¿Cuántas internas más puede digerir un gobierno que hizo del orden, la autoridad y la verticalidad su bandera?
En un contexto donde la política parece vivir entre extremos, los silencios también dicen mucho. Hasta el momento, ni el Presidente ni su entorno más estrecho se pronunciaron sobre la denuncia. La omisión, en estos casos, puede ser más elocuente que cualquier comunicado.
Mientras tanto, en Comodoro Py se inicia una nueva causa judicial. Y en el corazón del oficialismo, una interna que dejó de ser soterrada para ocupar el centro de la escena. No es la primera vez que el poder se fragmenta desde adentro. Pero pocas veces esa fractura fue tan explícita, y tan institucionalmente costosa.
