Intercargo: el Gobierno avanza en la privatización

El gobierno de Javier Milei dio un paso más hacia la privatización de la empresa estatal de servicios de rampa Intercargo, con la puesta en venta del total de su paquete accionario a través de una licitación pública.
Así lo determinó la Resolución 1067/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial. "La operación se realizará mediante la venta del 100% del paquete accionario a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional, y no prevé el otorgamiento de preferencias ni la incorporación de un Programa de Propiedad Participada", precisó la Secretaría de Transporte en un comunicado.
El proceso se inició el 17 de marzo de 2025, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Bases, cuando se autorizó “el procedimiento para la privatización total de Intercargo S.A.U. bajo la modalidad de venta de acciones".
De este modo, el Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Transporte a elaborar y gestionar la documentación licitatoria, técnica y contractual, con la intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que será la encargada de coordinar el cumplimiento del cronograma que establece un plazo de ocho meses para completar el proceso de privatización a partir de hoy.
Qué pasará con el servicio de rampa mientras el Gobierno privatiza Intercargo
Además, "deberá llevar a cabo la actualización del inventario de bienes tangibles e intangibles que inciden en la valuación de la empresa, así como iniciar las gestiones necesarias para promover la rescisión, de mutuo acuerdo, del contrato de concesión vigente con el Estado para la prestación del servicio de rampa", agregó Transporte. Todos los procedimientos se desarrollarán a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR.
La dependencia que dirige Luis Pierrini aclaró que "la Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá garantizar la correcta continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa sin afectación de la conectividad nacional e internacional".
En paralelo, el Gobierno ya había avanzado con la desregulación de los servicios de rampa, lo que habilitó la operación de seis empresas privadas en los aeropuertos del país: MNZS S.A., Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A.
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