Kast y la “cuenta regresiva” a migrantes irregulares: la política del miedo que sacude a Chile

La llegada al poder del presidente electo chileno José Antonio Kast no solo ha encendido alarmas por sus políticas económicas y de seguridad interna, sino que ha desatado una crisis de incertidumbre, miedo y ansiedad entre las comunidades migrantes en Chile, mucho antes de su asunción formal el 11 de marzo de 2026. Sus palabras y propuestas resuenan como una sentencia para cientos de miles de personas que llegaron al país en búsqueda de oportunidades y ahora enfrentan un ultimátum político de consecuencias sociales y humanas profundas.

En el último debate presidencial, Kast aseguró categóricamente que a los migrantes irregulares “no vamos a regularizar a ninguno” y anunció que les quedarían "92 días para abandonar el país voluntariamente antes de que asuma su gobierno”. Esta cuenta regresiva no es una metáfora: es un plazo real impuesto como condición previa a su mandato para que quienes no cuenten con documentación migratoria válida salgan del territorio chileno.

Esta promesa forma parte de un plan más amplio —avalado por su victoria en las elecciones de diciembre de 2025 con más del 58 % de los votos— para endurecer drásticamente la política migratoria, priorizando la expulsión de personas por sobre cualquier mecanismo de integración o regularización. Kast, líder del Partido Republicano, ha defendido discursos que apelan a la “mano dura” frente a la migración irregular, presentándola como una amenaza a la seguridad y al empleo, y proponiendo incluso que quienes sean deportados deban financiar su retorno.

 Migrantes en Chile: ansiedad y miedo ante la política del ultimátum

Según un informe de CNN en Español, la elección de Kast ya está teniendo efectos concretos en la vida cotidiana de los migrantes en Chile: muchos viven “entre el miedo, la ansiedad y la incertidumbre” ante la perspectiva de un régimen que promete no regularizar a quienes carezcan de estatus legal. Conversaciones recogidas por el medio describen cómo personas que llegaron al país hace años —con familia, trabajo o estudios— ahora se enfrentan a la posibilidad real de ser forzados a irse sin garantías de protección o alternativas claras.

Juan Garcés, un estudiante universitario colombiano de 26 años que llegó a Chile en 2014, resume el sentimiento de muchos: “Kast aún no asume la presidencia y sus discursos de odio ya están cambiando el panorama social. Tengo mucha ansiedad”, relata en declaraciones difundidas por CNN.

Este contexto no es menor: Chile alberga a más de 1,6 millones de migrantes, de los cuales alrededor de 330.000 estarían en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas chileno, lo que representa cerca del 8 % de la población. 

Política de expulsión versus realidad humanitaria

Aunque Kast plantea que quienes no se vayan voluntariamente serán “buscados” y sancionados, los analistas advierten que ejecutar una política de expulsiones masivas en tan corto plazo es logísticamente inviable y humanamente peligrosa, además de rozar el incumplimiento de normas internacionales de derechos humanos y refugio. Organizaciones sociales y especialistas señalan que estas propuestas pueden exacerbar conflictos sociales y alimentar el clima de xenofobia que ya ha tenido episodios de tensión entre comunidades locales y migrantes en años recientes.

La retórica de Kast y la implementación anticipada de sus discursos han generado un efecto dominó: más allá de las medidas formales —que solo podrán comenzar a tomarse tras su asunción— la percepción de amenaza a la continuidad de la vida y proyectos de migrantes ya está teniendo un impacto tangible en su bienestar emocional y sentido de seguridad.

Muros y centros de detención temporal

Las declaraciones de Kast no son un exabrupto aislado ni una consigna de campaña improvisada. El año pasado, tras una visita oficial a Hungría, el entonces candidato presidencial José Antonio Kast se manifestó abiertamente partidario de replicar en Chile el modelo impulsado por el primer ministro Viktor Orbán, que incluye la construcción de un muro o valla fronteriza para frenar el ingreso irregular de migrantes.

En ese marco, Kast defendió públicamente la instalación de una barrera física en la frontera norte chilena y la creación de centros de detención temporal, tomando como referencia directa el sistema implementado por Hungría en su frontera con Serbia. Para sus críticos, ese antecedente confirma que la actual “cuenta regresiva” para los migrantes forma parte de una visión ideológica más amplia, basada en el cierre de fronteras, la disuasión y el castigo, antes que en políticas de integración o protección de derechos. 

Una política de Estado para expulsar o integrar

Chile, hasta hace poco visto como un destino relativamente estable para migrantes de toda la región —venezolanos, colombianos, peruanos y bolivianos entre ellos— se enfrenta ahora a una encrucijada histórica. ¿Se convertirá en un país que privilegia la expulsión y el control fronterizo extremo, al estilo de políticas impulsadas por Estados Unidos o algunos gobiernos europeos? ¿O sería capaz de construir un enfoque que equilibre la seguridad con la protección de derechos?

Las respuestas a estas preguntas definirán no solo la vida de cientos de miles de migrantes, sino también el carácter de la sociedad chilena en los próximos años.

 
Fuentes: CNN en Español y declaraciones de José Antonio Kast sobre migrantes y cuenta regresiva de 92 días.