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La causa que investiga una compleja organización delictiva destinada a apropiarse y comercializar de forma fraudulenta terrenos en el paraje El Rincón, en cercanías de Villa La Angostura, sumó un nuevo avance procesal. El fiscal Adrián De Lillo, junto al asistente letrado Ramiro Amaya, formularon cargos contra cuatro nuevas personas por su presunta participación en una asociación ilícita que operó entre junio de 2023 y agosto de 2024. A estas imputaciones se suma la realizada el 9 de junio pasado a un quinto sospechoso.
La audiencia de formulación de cargos se realizó el 2 de julio y fue presidida por el juez de garantías Ignacio Pombo, quien avaló todas las imputaciones. Según expuso el MPF, los acusados diseñaron un plan sistemático para apoderarse ilegítimamente de derechos sobre terrenos rurales ubicados en El Rincón —zona de alto valor inmobiliario por su cercanía con el Paso Internacional Cardenal Samoré—, para luego subdividirlos, urbanizarlos informalmente y venderlos a terceros mediante redes sociales y documentos falsificados.
Los imputados son F.M.M, A.V.C, E.G.B, A.P.J.F y S.M.M. De acuerdo a la teoría del caso, F.M.M y A.V.C habrían liderado la estructura criminal, mientras que los demás integraban el grupo como miembros activos con distintos roles: desde la producción de documentos apócrifos hasta la participación directa en maniobras de usurpación y estafa.
El expediente ya cuenta con al menos 15 hechos delictivos detallados, que involucran delitos como asociación ilícita, usurpaciones, estafas reiteradas, falsificación de documentos públicos, extorsión, turbación de la posesión y hurto. La gravedad de las acusaciones llevó al MPF a solicitar que la causa sea declarada compleja, tanto por la cantidad de imputados como por la diversidad y reiteración de los hechos. El juez hizo lugar y fijó un plazo de investigación de seis meses, que vence el 9 de diciembre de 2025.
Uno de los casos más emblemáticos involucra a una mujer de 77 años, a quien los imputados habrían intimidado y engañado para obligarla a firmar documentos y pagar sumas de dinero bajo coacción. La víctima, en situación de vulnerabilidad, fue abordada junto a su hija por F.M.M y A.V.C en un estudio jurídico de Villa La Angostura. La maniobra derivó en la pérdida de la posesión de su vivienda y sus bienes personales —entre ellos muebles, camas, colchones y electrodomésticos—, además de su patrimonio territorial. Según la acusación, los imputados habrían usado esas tierras como base para cometer otras estafas a través de publicaciones en Facebook.
La fiscalía también documentó hechos de usurpación directa, en los que los acusados habrían ingresado de manera clandestina a terrenos de terceros, desalojando de facto a los poseedores y amenazando con llamar a la policía para evitar la continuidad de obras vecinales. En otro caso, se habrían presentado con documentación falsa para interrumpir el trazado de un camino comunitario, amedrentando a los trabajadores.
Las estafas reiteradas alcanzan a siete personas que entregaron un total estimado de 67.500 dólares a cambio de fracciones de tierras que, según el MPF, nunca pertenecieron a los acusados. Se estima que el perjuicio económico global de la organización asciende a unos 190 mil dólares, considerando pagarés firmados y dinero en efectivo entregado por las víctimas.
Respecto de la confección de documentos apócrifos, los investigadores detallaron que los acusados —en al menos diez oportunidades— simularon derechos hereditarios sobre parcelas de gran tamaño, incluso de más de 70 mil metros cuadrados, para luego transferirlos fraudulentamente. Los documentos falsificados se usaban como sustento legal para las ventas, generando un circuito de apariencia legítima que engañaba a compradores desprevenidos.
Durante la audiencia, el MPF también solicitó la aplicación de medidas de coerción. El juez Pombo dispuso que los cinco imputados no podrán acercarse a ninguna de las 20 víctimas reconocidas en el expediente en un radio de 100 metros, ni establecer ningún tipo de contacto con ellas —ni personal ni por medios digitales o telefónicos— hasta el 9 de diciembre. En el caso de F.M.M, quien reside en Buenos Aires, se impuso además la obligación de presentarse semanalmente en una comisaría, ya sea en su jurisdicción habitual o en Bariloche, en caso de encontrarse en la región.
Desde el entorno judicial se valoró el avance de esta causa como un paso clave para desarticular estructuras criminales que operan bajo una fachada de legalidad en zonas de alta especulación inmobiliaria, como lo es el corredor andino neuquino. “Estas bandas no solo vulneran el derecho a la propiedad, sino que instalan un clima de amenaza y fraude sostenido, afectando la paz social de toda una comunidad”, expresó una fuente con acceso a la causa.
La abogada querellante que representa a las víctimas adherió a la totalidad de los hechos presentados por el MPF y a su calificación legal, lo que refuerza el criterio de que la acusación tiene solidez probatoria inicial para avanzar hacia una posible etapa de juicio.
Fuente: Prensa Ministerio Público Fiscal
