NeuquenNewsLos Ángeles amaneció con olor a humo, calles cerradas y patrullas militares custodiando edificios federales. No es el escenario de una película distópica, sino el resultado directo de la política migratoria del presidente Donald Trump, que esta semana profundizó su ofensiva al ordenar el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad californiana. Todo, bajo la excusa de “mantener el orden” frente a las manifestaciones que estallaron tras las redadas migratorias del fin de semana.
Las detenciones masivas realizadas por ICE (más de 40 personas arrestadas el viernes 7 de junio en operativos simultáneos en la ciudad) encendieron la chispa de un movimiento ciudadano que se expandió como fuego sobre pólvora. Las calles de Los Ángeles, especialmente en las cercanías del Centro de Detención Metropolitano, fueron escenario de protestas, enfrentamientos y una creciente indignación.
“Esto no se trata de seguridad pública. Se trata de alimentar el ego de un presidente peligroso”, denunció el gobernador de California, Gavin Newsom, en su cuenta de X.
El fiscal general de California, Rob Bonta, fue aún más tajante: acusó a Trump de “pisotear la soberanía del estado” y anunció la presentación de una demanda federal para frenar lo que calificó como un uso ilegal de tropas.
Según el reporte de Associated Press (9/6/2025), la activación de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador no se veía desde los años 60.
Protestas, represión y manipulación
El despliegue de fuerzas federales fue interpretado por funcionarios locales como una provocación calculada. La ciudad de cuatro millones de habitantes fue sacudida por protestas que, en su mayoría, se desarrollaron de manera pacífica, aunque el domingo por la noche se registraron disturbios aislados, como el incendio de taxis Waymo y el enfrentamiento con fuerzas de seguridad que utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma.
“Trump quiere caos y ha instigado la violencia”, sostuvo Newsom, quien pidió a los manifestantes que no caigan “en la trampa” de la provocación.
La detención del dirigente sindical David Huerta, presidente del SEIU California, durante las protestas del viernes, se convirtió en un símbolo de la represión. Su liberación bajo fianza fue celebrada en una manifestación masiva frente al Ayuntamiento, donde se mezclaron pancartas, banderas mexicanas, música en vivo y consignas como “¡Libérenlos a todos!”.
El verdadero rostro de la política migratoria
Lo que se presenta como una acción para “mantener el orden” revela en realidad una visión profundamente autoritaria del manejo migratorio: detenciones sin garantías, uso desproporcionado de la fuerza, y una estrategia que criminaliza la protesta social.
Este no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón de conducta que convierte a los migrantes en chivos expiatorios para fines políticos. Como en otras épocas de crisis, se busca desviar el malestar económico y social hacia un enemigo externo fabricado: el migrante, el otro, el diferente.
“La ciudad habría sido completamente destruida si no enviábamos tropas”, dijo Trump, dejando entrever no sólo su desprecio por la autonomía estatal, sino también su intención de justificar el uso del ejército contra civiles.
Un precedente alarmante
El uso de tropas federales sin autorización estatal marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno federal y los estados. La última vez que se utilizó esta prerrogativa fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson intervino en Alabama para proteger a manifestantes por los derechos civiles.
La diferencia es clara: en aquel caso fue para proteger a quienes luchaban por sus derechos. Hoy se utiliza para reprimirlos.
¿inmigración o poder?
La crisis migratoria en Estados Unidos no se resolverá con soldados ni con gas lacrimógeno. Requiere políticas inclusivas, respeto por los derechos humanos y una mirada integral sobre las causas estructurales de la migración.
Lo que está ocurriendo en Los Ángeles no es una simple disputa por competencias: es un choque entre dos concepciones del poder. Una que cree en el estado de derecho y en los límites constitucionales. Y otra, cada vez más peligrosa, que cree que la ley es lo que el presidente dice que es.
Fuente principal:
Associated Press / Los Angeles Times – 9 de junio de 2025
