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En silencio, entre decretos, recortes y controversias institucionales, avanza un proyecto que amenaza con reinstalar viejos fantasmas en la vida democrática argentina: la posible creación de una “Secretaría del Relato”, un área que dependería directamente de la Secretaría de Inteligencia del Estado y que tendría como misión central la supervisión, interpretación y confrontación del discurso público en redes sociales, medios de comunicación y otros espacios de expresión.
El plan, aún no oficializado pero confirmado por diversas fuentes periodísticas, incluye la conformación de un organismo que operaría bajo el amparo del nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), presentado por el gobierno de Javier Milei en abril de 2025. Su diseño se habría gestado dentro del círculo cercano del jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y del estratega presidencial Santiago Caputo, como una herramienta para “dar la batalla cultural” y neutralizar “operaciones” contra el gobierno.
¿De qué se trata la “Secretaría del Relato”?
Según las versiones filtradas, la estructura tendría funciones específicas orientadas a:
Aunque no hay aún un decreto de creación, el proyecto contempla un presupuesto que podría superar los 100.000 millones de pesos, financiado a través de partidas de fondos reservados amparados en decretos de necesidad y urgencia (DNU). Aunque el Senado rechazó esa asignación, al no haberse tratado en Diputados, la partida permanece vigente.
Riesgos para los derechos fundamentales
Especialistas en derechos humanos y organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) han alertado sobre las consecuencias de este tipo de iniciativas:
Más grave aún es que estas tareas se desarrollen bajo el paraguas de la inteligencia estatal, una estructura que históricamente ha sido señalada por prácticas oscuras y por la falta de controles democráticos. En lugar de limitarse a tareas de seguridad y prevención de delitos, se habilitaría una zona gris donde el disenso político podría ser interpretado como amenaza.
¿Batalla cultural o censura encubierta?
La narrativa oficial presenta esta posible “Secretaría del Relato” como parte de una estrategia para contrarrestar lo que denominan “la hegemonía cultural de la casta”. Pero en los hechos, podría constituirse en una agencia del pensamiento oficial que interviene, señala y castiga toda voz que cuestione el rumbo gubernamental.
Con una democracia debilitada por la polarización y la concentración del poder, la existencia de una oficina dedicada a vigilar el discurso público parece más propia de regímenes autoritarios que de repúblicas pluralistas.
Horadar la democracia
La libertad de expresión no es un privilegio de periodistas o medios, sino un derecho de cada ciudadano a informarse, disentir y hacerse oír. La creación de una “Secretaría del Relato”, lejos de fortalecer el debate democrático, podría horadar sus cimientos más profundos.
Es urgente que el Congreso, la Justicia y la ciudadanía estén atentos. Porque cuando el Estado empieza a decidir qué relato es legítimo, lo que está en juego no es sólo la política, sino la libertad misma.
