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El 7 de abril el juez federal Daniel Rafecas procesó a la diputada Vanina Biasi (Partido Obrero‑FITU) por “incitación a la discriminación” y le impuso un embargo de diez millones de pesos. El motivo: una serie de tuits en los que calificó al Estado de Israel de “genocida”, lo comparó con el régimen nazi y denunció la masacre de la población palestina.
Libertad de expresión en el banquillo
Rafecas invocó la Ley 23.592 para sostener que los mensajes “superan con creces los límites de la libertad de expresión” porque “alientan al odio contra la comunidad judía”. El razonamiento ignora una distinción elemental: criticar con dureza la política de un Estado —incluso describirla como genocida— no equivale a propagar odio contra un pueblo o una religión. Equiparar la denuncia de crímenes de guerra con antisemitismo abre una puerta peligrosa: la criminalización de la palabra incómoda.
El telón de fondo: cifras que hielan la sangre
Mientras Biasi es llevada a los tribunales, Gaza sigue contando cadáveres. Desde que se reanudaron los bombardeos el 18 de marzo, UNICEF reporta al menos 322 niños muertos y otros 609 heridos —un promedio de 100 menores asesinados o mutilados por día— y eleva a más de 15 000 la cifra de menores fallecidos desde octubre de 2023.
El saldo total supera ya los 50 600 palestinos, la mayoría mujeres y niños, según la ONU. Frente a ese panorama, el secretario general António Guterres se declaró “profundamente alarmado” y exigió el fin de los ataques contra civiles y el bloqueo de la ayuda humanitaria.
No es un grito en el desierto
Lejos de ser una exageración aislada, la acusación de genocidio cuenta con aval jurídico. En enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia consideró “plausible” la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel por violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y ordenó medidas urgentes para proteger a la población palestina.
Cuando un tribunal mundial admite esa posibilidad, perseguir penalmente a quien la repite en redes sociales raya en la negación de la realidad.
El espejo argentino
Argentina sabe, por experiencia propia, que tipificar las atrocidades -llamarlas por su nombre- es un paso indispensable para frenarlas. La misma Justicia que calificó de genocidio a la dictadura de 1976‑83 hoy persigue a quien denuncia un genocidio en curso. Esa incoherencia erosiona la credibilidad del Poder Judicial y envía un mensaje intimidatorio a periodistas, activistas y parlamentarios que cuestionan el statu quo.
Humanismo, no mordaza
Un enfoque humanista y antibelicista parte de un principio sencillo: ninguna causa justifica el bombardeo sistemático de civiles ni el hambre como arma de guerra. Quien alza la voz contra esa barbarie ejerce un deber moral antes que un derecho político. Silenciarla no protege a ninguna comunidad; solo protege la impunidad de los perpetradores.
Procesar a Vanina Biasi por llamar genocidio a lo que organismos internacionales describen como una matanza masiva de civiles es disparar al mensajero mientras la tragedia continúa.
La Justicia argentina se enfrenta a una disyuntiva histórica: garantizar la libertad de expresión al servicio de la paz y los derechos humanos o convertirse en cómplice, por acción u omisión, de la censura y la guerra.
Hoy, más que nunca, la palabra debe ser refugio de las víctimas, no rehén de la política.
