En el marco de la investigación por fraude a la administración pública, dos imputados admitieron su participación y recibieron penas de prisión condicional. El proceso continúa con el control de prueba y la acusación contra los principales responsables.
Durante la audiencia realizada hoy en el caso de estafas con planes sociales en Neuquén, dos de los imputados admitieron su participación en la asociación ilícita y fueron condenados a través de un procedimiento abreviado.
La jueza Carina Álvarez homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa de Ulises Omar Rodríguez Quezada y Aaron Escobar, quienes ocuparon los niveles más bajos dentro de la estructura delictiva. Ambos se limitaron al cobro de cheques: Rodríguez Quezada percibió $2.163.000 en 46 cheques, mientras que Escobar retiró $2.365.600 a través de 61 cheques, entregando siempre el dinero a terceros sin beneficiarse económicamente.
Por este motivo, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez solicitaron para ellos 3 años de prisión en suspenso, junto con 432 horas de trabajo comunitario y controles de la Dirección de Población Judicializada. La jueza Álvarez aceptó el acuerdo y declaró su responsabilidad penal.
El proceso contra el resto de los 15 imputados, entre ellos exfuncionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social, continuará en juicio. En el nivel superior de la organización se encuentran los exfuncionarios Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz, Marcos Ariel Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, acusados de liderar la estructura que permitió el desvío de $153.377.900 en fondos públicos entre septiembre de 2020 y julio de 2022.
La audiencia siguió con el control de pruebas y testigos, que continuará la próxima semana.
