Diputados del PJ proponen exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios

El diputado de Unión por la Patria, Darío Peralta, junto a su colega Darío Martínez, ha presentado un proyecto de ley ante la Legislatura de Neuquén que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para los funcionarios de los tres poderes del estado provincial. La iniciativa busca garantizar que quienes ejercen la función pública lo hagan con plena capacidad y responsabilidad, preservando la transparencia y cuidando la salud de todos los neuquinos.

Objetivos y Alcance del Proyecto

El proyecto de ley establece que el gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y demás funcionarios de jerarquía equivalente del Poder Ejecutivo, los legisladores provinciales, magistrados del Poder Judicial y el personal de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario de la Provincia deberán someterse a exámenes toxicológicos anuales. Los resultados de estos análisis serán confidenciales, conforme a la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales, y en caso de detectar sustancias psicotrópicas ilegales, la persona deberá someterse a un tratamiento adecuado.

Sanciones y Confidencialidad

El proyecto también establece sanciones para quienes incumplan con la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos, incluyendo la suspensión temporal del cargo y la remoción definitiva en caso de reincidencia o negativa injustificada a someterse a los exámenes requeridos. Los diputados del PJ explicaron que los análisis deben ser un requisito obligatorio para el acceso y permanencia en los cargos y que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación de los mismos.

Contexto y Justificación

Darío Peralta, autor del texto, destacó la importancia de esta medida para garantizar la transparencia y el cuidado de los recursos públicos. "Un funcionario que cuida su salud, es un funcionario que seguramente va a cuidar los recursos de los neuquinos y garantizar una mayor transparencia en el estado", afirmó Peralta. Además, señaló que las adicciones representan una amenaza creciente y que es fundamental que los funcionarios públicos sean un ejemplo de integridad y coherencia en la lucha contra el narcotráfico.

Análisis Comparativo y Legislación Internacional

En otros países, existen antecedentes de leyes que obligan a los funcionarios a someterse a exámenes toxicológicos. Por ejemplo, en San Luis, Argentina, se promulgó la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, que obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado a realizarse exámenes toxicológicos anuales. En Estados Unidos, algunos estados requieren pruebas toxicológicas para ciertos cargos públicos y empleados gubernamentales.

Trabajadores con Controles Toxicológicos

En Argentina, ciertos trabajadores ya están sujetos a controles toxicológicos para poder trabajar. Esto incluye a los trabajadores expuestos a sustancias químicas peligrosas, quienes deben someterse a exámenes periódicos para monitorear su salud. Además, en el sector del transporte, los conductores de vehículos de carga y pasajeros también deben realizarse exámenes toxicológicos para garantizar la seguridad vial.

Legislación en Argentina y Voluntariedad

Actualmente, en Argentina no existe una ley que impida que los funcionarios de los tres poderes del Estado se realicen estudios toxicológicos de manera voluntaria. De hecho, el gobernador podría solicitar a sus funcionarios políticos que se sometan a estos exámenes sin necesidad de una ley específica. Esta medida podría fortalecer la confianza ciudadana en sus representantes y garantizar que quienes tienen en sus manos la ejecución de políticas públicas actúen con absoluta transparencia y compromiso social.

Exámenes y transparencia

La propuesta de los diputados del PJ para establecer exámenes toxicológicos obligatorios para los funcionarios de los tres poderes del estado provincial busca garantizar la transparencia y el cuidado de la salud pública. Esta medida, que ya tiene antecedentes en otras provincias y países, podría contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en sus representantes y asegurar que quienes ejercen funciones públicas lo hagan con plena capacidad y responsabilidad.

Proyecto presentado por Gabriel Chumpitaz, Diputado Nacional