NeuquenNews
El Plan Andes, impulsado por YPF para transferir áreas hidrocarburíferas maduras y enfocarse en el desarrollo de Vaca Muerta, ha desatado un fuerte debate en la provincia de Neuquén. Darío Martínez, diputado provincial y exsecretario de Energía de la Nación, se ha posicionado como una de las voces críticas, exigiendo que la estrategia no ignore los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación.
Un plan que prioriza las finanzas, no el medio ambiente
Para el legislador esta decisión de YPF tiene sentido desde el punto de vista financiero: "ya que elimina la contingencia de los pasivos ambientales aumentando el valor global de la empresa y su calificación crediticia" señaló.
Sin embargo, Martínez ha advertido que este enfoque desatiende las consecuencias locales.
“YPF no puede sacarse de encima la responsabilidad contractual que le imponen las diferentes concesiones. Deben garantizar la remediación de los pasivos generados durante décadas de actividad que les facilitaron ganancias multimillonarias, así como la financiación del cierre definitivo de los pozos”.
En Neuquén, las áreas incluidas en el Plan Andes, como los clústeres Neuquén Norte y Neuquén Sur, presentan un desafío ambiental significativo. Estas zonas contienen un total de 31 pozos a abandonar y 21 situaciones ambientales críticas, muchas de ellas sin remediación. Los altos costos operativos, combinados con una producción declinante, agravan aún más el panorama.
Martínez señaló también que "es bienvenido para Neuquén que otras empresas de menor envergadura, entre las cuales algunas son de origen provincial, continúen haciendo producir esos yacimientos que a YPF le resultan antieconómicos, pero que aún tienen crudo para extraer con distintas técnicas, manteniendo la actividad y el empleo, incluso, con los regímenes distintivos de producción y de promoción que necesiten".
El pedido de un seguro de caución
Consciente de los riesgos que implica esta transferencia de áreas, Martínez presentó un proyecto de ley que condiciona la aprobación de cualquier operación a la presentación de un seguro de caución a favor de la provincia. “La aprobación de estas operaciones de venta debe estar condicionada a un mecanismo que permita financiar los trabajos de remediación y cierre de pozos a costa íntegramente de las empresas”, explicó. Este seguro cubriría tanto los costos de los pasivos ambientales existentes como los del cierre definitivo de pozos activos, inactivos o abandonados.
El legislador también subrayó que la obligación de remediar no puede recaer sobre la provincia ni los neuquinos: “Está muy bien que YPF apunte a optimizar su utilidad, pero no a costa de incumplir su responsabilidad ambiental con los neuquinos”.
El rol del gobierno provincial
Martínez llamó al gobierno provincial a adoptar una postura firme en la defensa de los intereses ambientales de Neuquén. “Es necesario condicionar cualquier aprobación por parte del Gobierno Provincial a garantizar el cumplimiento de estas obligaciones”, insistió.
En su opinión, el Ejecutivo debe exigir que tanto YPF como las nuevas operadoras asuman plena responsabilidad por los impactos ambientales de sus operaciones.
