
El Gobierno avanza con el plan para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25 que refromó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y habilitó los cambios en la Ley de Inteligencia.
Esta ley, aprobada en junio y vetada por Javier Milei, planteaba una actualización de las jubilaciones con un aumento del 8,1% retroactivo a enero, además de un mecanismo de ajuste vinculado al índice de inflación y un plus por variación salarial
NACIONALES11/09/2024
NeuquenNews
Hoy, la Cámara de Diputados de Argentina ratificó el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que había sido aprobada en junio. La votación finalizó con 153 votos a favor del veto, 87 en contra y 8 abstenciones, sin alcanzar los dos tercios necesarios para mantener la ley.

Llancafilo manifestó estar convencido de que "los jubilados necesitan que tengamos un gesto, más aun con el sacrificio que han hecho estos últimos 10 meses".

El legislador nacional por Neuquén expresó que "esto no significa poner en riesgo el equilibrio fiscal", y pidió tener en cuenta que "en el mes de enero el Ejecutivo Nacional emitió un decreto reconociendo solo un 12.5% de inflación en los ingresos de los jubilados, quedando pendiente un 8.1% que es lo que contuvimos en la ley además de que la actualización se haga por IPC".
Reiterando su voluntad de un justo reconocimiento a los jubilados y su voto afirmativo a la ley para insistir con la movilidad jubilatoria que sancionara el congreso, Llancafilo expresó que "es ínfimo el porcentaje que contempla la actualización de los jubilados" en el equilibrio fiscal.
El veto de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria ha generado un fuerte debate tanto dentro del Congreso como en la sociedad. Esta ley, aprobada en junio, planteaba una actualización de las jubilaciones con un aumento del 8,1% retroactivo a enero, además de un mecanismo de ajuste vinculado al índice de inflación y un plus por variación salarial (RIPTE).
El veto fue justificado por el gobierno debido al elevado costo fiscal, estimado en 1,2 puntos del PBI, lo que, según Milei, pondría en riesgo el superávit fiscal, una de las bases de su programa económico.
Además, el decreto del gobierno nacional que bloqueó la ley argumentó que el proyecto carecía de una fuente clara de financiamiento y generaría un impacto negativo en las finanzas públicas.
En la votación de hoy, a pesar de los esfuerzos de la oposición, no se lograron los dos tercios necesarios para revertir el veto. La votación terminó con 153 votos a favor del veto, 87 en contra y 8 abstenciones. Esto fue facilitado por el cambio de postura de algunos legisladores de la UCR, que habían apoyado la ley previamente.
Fuera del Congreso, las protestas fueron intensas, con una fuerte presencia de manifestantes de diversos sindicatos y movimientos sociales, así como un despliegue de seguridad considerable para contener la situación.
Nada para los jubilados, 100 mil millones para la SIDE
El gobierno de Javier Milei asignó recientemente una partida de 100.000 millones de pesos a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Este monto se destinará principalmente a fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y su uso tendrá carácter reservado, lo que significa que el Poder Ejecutivo no está obligado a revelar detalles específicos sobre cómo se gastarán estos fondos.
Esta medida forma parte de una reestructuración del área de inteligencia que incluye la creación de nuevas agencias como el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC).
La decisión de destinar una gran parte de estos fondos como "reservados" ha generado preocupación en sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, debido a la falta de transparencia y control sobre su uso. Según estimaciones, cerca del 75% del presupuesto de la SIDE estará en esta categoría, lo que ha suscitado críticas sobre el potencial de discrecionalidad y el uso indebido de recursos para actividades encubiertas o de espionaje interno.
Este proceso de reorganización incluye también la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo que fue reformado en 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y el regreso al uso del nombre SIDE, que tiene connotaciones históricas controvertidas en Argentina.

El Gobierno avanza con el plan para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25 que refromó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y habilitó los cambios en la Ley de Inteligencia.

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