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El gobierno comenzó el año con una importante reestructuración en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Entre los cambios más importantes, destaca la potestad que tendrá el organismo para llevar adelante la aprehensión de personas en ciertos casos específicos.
En detalle, el Gobierno oficializó la reforma a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que dispone cambios en la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. En los considerandos de la medida, la administración libertaria explicó que el objetivo de la norma es redefinir competencias y reorganizar estructuras - con la creación de nuevas oficinas - para solucionar la superposición de funciones y la dificultad para integrar la información de la Secretaría.
El Gobierno modificó la Ley de Inteligencia: que dice el artículo que permitirá a la SIDE hacer detenciones
Uno de los cambios más relevantes - que ya generó fuertes críticas por parte de la oposición - es el que dispone que los agentes de inteligencia estén habilitados para realizar detenciones. La nueva potestad de la Secretaría - empoderada por el asesor presidencial, Santiago Caputo - surge a raíz de la incorporación del artículo 10 nonies.
"Los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial", detalla el inicio del artículo.
Luego, la norma explica que en el marco del desarrollo de "actividades de inteligencia, auxilio, requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia" el personal del organismo "podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
El objetivo es institucionalizar el intercambio de información estratégica entre los organismos especializados, incorporando insumos provenientes de áreas clave como la economía, la salud, la tecnología, el clima y la comunicación, entre otros. La intención oficial es ampliar la mirada del análisis estratégico nacional y dotarlo de mayor profundidad y transversalidad.
En paralelo, el decreto establecerá una Comunidad Informativa, un esquema complementario que buscará nutrir a la SIDE con datos relevantes producidos por organismos estatales que no forman parte del sistema de inteligencia en sentido estricto. Se trata de una red destinada a fortalecer la base informativa disponible y mejorar la calidad del análisis, aun cuando la información aportada no tenga carácter clasificado.
Otro de los cambios de fondo será la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La protección de redes, sistemas y activos digitales quedará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará en la Secretaría de Innovación bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. En tanto, la ciberinteligencia se enfocará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio para la toma de decisiones. Desde Casa Rosada remarcaron que esta diferenciación "mejora la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento".
El decreto también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a concentrarse de manera exclusiva en tareas de contrainteligencia. Con este cambio, el Ejecutivo busca evitar superposiciones con la Policía Federal y delimitar con mayor precisión las responsabilidades, dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad.
En ese marco, se incorporará a la Ley de Inteligencia Nacional una definición explícita de la contrainteligencia, con el propósito de actualizar el marco legal frente a amenazas de nuevo tipo. A partir de esta modificación, la contrainteligencia tendrá un enfoque preventivo orientado a detectar y analizar espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera, en un contexto marcado por desafíos tecnológicos, políticos y cognitivos.
Por último, el decreto avanzará en un ordenamiento de la inteligencia militar. Para eliminar lo que el Gobierno definió como una “superposición histórica”, se disolverá la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y la producción de inteligencia estratégica militar quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto. Desde el Poder Ejecutivo sostuvieron que "esto fortalece la inteligencia militar conjunta, elimina duplicaciones y mejora la articulación con la inteligencia nacional".
