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El tribunal, de manera unánime, determinó que cinco personas son culpables por la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, ocurrida el 29 de junio de 2021. Este incidente resultó en la muerte de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi. Los acusados fueron encontrados responsables de estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y uno de ellos también fue condenado por falsificación de documentos. El exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, fue absuelto.
Los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo, en su fallo unánime, señalaron que las pruebas y testimonios demostraron irregularidades en las contrataciones de Eduardo Afione y Nicolás Francés. La obra no estaba terminada según los compromisos de la empresa en la licitación, con trabajos pendientes en la instalación de gas, calefactores y gestiones para su habilitación.
La defensa intentó responsabilizar a la directora del establecimiento, Martha Baez, pero los jueces concluyeron que ella actuó conforme a las resoluciones del CPE que ordenaban el regreso a la presencialidad. Su presencia en el lugar fue responsabilidad de Obras Públicas y la empresa contratista, quienes no le informaron que la escuela seguía en obra y no se podía ingresar.
Diego Bulgheroni, representante técnico de Arte Construcciones, fue declarado culpable de estrago culposo agravado y partícipe necesario de administración fraudulenta. Los jueces señalaron que omitió implementar un plan de seguridad y no colocó señalética ni vallados que indicaran la prohibición de ingreso. Además, subcontrató irregularmente a Afione y Francés, sin verificar su idoneidad. Francés, un gasista de segunda categoría, no estaba habilitado para realizar esas tareas. Bulgheroni tampoco informó a YPF Gas sobre las obras ni exigió que lo hiciera el gasista contratado irregularmente, aumentando así el riesgo que culminó en el siniestro.
Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones, también fue declarado culpable de estrago culposo agravado y partícipe necesario de administración fraudulenta. Villanueva firmó el contrato con la subsecretaría de Obras Públicas y fue responsable de la obra. Subcontrató irregularmente a Afione y Francés, quien no tenía habilitación para la obra de gas. Aunque estaba al tanto de los avances de la obra, no cumplió con las exigencias del pliego.
Además, mencionó que no se dio aviso a YPF Gas y se contrató a un gasista no habilitado.
Percat fue acusado de estrago culposo agravado en concurso real, coautor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y falsificación ideológica de documento público.
Solicitó fotos del avance de la obra a Afione, ya que “tenía que hacer el certificado”. Debido a este deficiente control de obra, no pudo supervisar la señalización ni evitar que personas ajenas ingresaran al establecimiento, ni que se contratara a un gasista sin la capacidad técnica necesaria. Tampoco informó a YPF Gas. “No supervisó ni controló las obras que se estaban ejecutando, no concurrió a la obra los días en los que suscribió varios certificados del avance de la obra”, manifestó Pombo.
El 12 de marzo, cuando firmó el acta, la obra no estaba terminada. Falsificó la información introducida en un documento público. Realizó un relevamiento y control de la obra, indicando un grado de avance que no era cierto. Percat no concurrió a la obra, ya que su teléfono no impactó en las antenas de Aguada San Roque, afirmó Pombo.
Carlos Córdoba, director de Obras Contratadas, fue acusado de estrago culposo agravado en concurso real y coautor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Córdoba y Capdevila tenían a su cargo el control e inspección de la obra y sabían que, a la fecha del siniestro, la obra no estaba finalizada, según los jueces. Esto se evidenció en las conversaciones de WhatsApp. “Sabían que la directora estaba en la escuela y no hicieron nada para impedir su ingreso. También conocían la existencia de personas subcontratadas no informadas en el expediente administrativo. Capdevila sabía que Afione trabajaba allí y podía contactarse con él. Las omisiones y la falta de control de los inspectores quedaron evidenciadas en un audio donde una mujer advertía las irregularidades al equipo de Obras Públicas”.
“Deliberadamente, omitieron controlar la obra y, a pesar de saber que no estaba terminada, permitieron el avance de los certificados que así lo acreditaban. Esta conducta implicaba una ausencia absoluta de control en la obra, generando un riesgo más allá de lo permitido que culminó en la explosión de la escuela con resultado de muerte”, argumentó Pombo.
Respecto al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, Pombo aseguró que “existen elementos suficientes para considerar a Percat, Córdoba y Capdevila coautores” del delito, mientras que Bulgheroni y Villanueva fueron considerados partícipes necesarios. “Comprometieron al Estado en la suma de 820 mil pesos. Se abonó por trabajos que no se habían concluido conforme al pliego de bases y condiciones”, afirmó.
