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Con el afán ciego de perseguir un supuesto superávit fiscal, el Gobierno frenó transferencias comprometidas para el proyecto de la nueva planta de Uranio de la empresa estatal Dioxitek en Formosa.
Así como la falta de financiación para el gasoducto Néstor Kirchner puso en alerta la provisión de gas para el país y hubo que salir de urgencia a importar gas a precios más caros, ahora el Gobierno paraliza una obra clave con un avance mayor al 70% que representa una pérdida de inversión para el Estado nacional por 150 millones de dólares.
Esta falta de financiamiento nacional generó una serie de consecuencias graves. Además del riesgo de interrupción en la producción de energía nuclear, la paralización llevó a la pérdida de empleos especializados y al abandono de infraestructura e instalaciones al 70% de su avance, lo cual representa una pérdida de inversión para el Estado nacional por 150 millones de dólares.
Este proyecto, clave para el ciclo de combustibles nucleares en Argentina, estaba destinado a producir dióxido de uranio (UO₂), que es un elemento esencial para las centrales nucleares del país.
La paralización de la planta repercutirá negativamente en los reactores, que no tendrán lo necesario para funcionar, y causará un grave daño a la matriz energética nacional.
Dioxitek abastece el 7% de la energía eléctrica nacional.
La complementación de esta planta con la actual en Córdoba es crucial para mejorar la eficiencia y asegurar el suministro continuo de combustible nuclear necesario para las centrales de Atucha I, Atucha II, y Embalse.
El expresidente del Directorio de Dioxitek, Julio René Aráoz, lamentó la decisión nacional y analizó que la paralización de la planta de Formosa perjudica a toda la industria energética de Argentina, al respecto expresó: “La construcción de la planta tenía por objetivo fortalecer la capacidad de proporcionar energía limpia y confiable con tecnología única en el país y una de las pocas en Sudamérica, significaba una gran innovación”, en relación a ello destacó “su total digitalización de procesos, todas las operaciones iban a estar automatizadas y controladas digitalmente”.
La planta, dijo Aráoz, “podría estar operando en no menos de dos años si se cumpliera con el cronograma de inversiones”. “Pero este proyecto ya tendría que estar terminado. Esta es la segunda parálisis que sufre. La primera fue con Macri”, se lamentó en medio del brutal ajuste y la paralización de la obra pública que ha puesto en marcha la administración de Milei.
Como se puede esperar, esto tiene intereses opacos de fondo: “Ya hubo un intento de privatizarla durante la gestión de Macri. Pero es un caso muy particular, ya que es una empresa que tiene superávit, porque la purificación de Uranio no es la única fuente de ingresos”.
Macri hizo el primer intento, Milei el segundo. Por eso es una de las empresas que incluyó en el primer listado de la Ley Bases entre las firmas del Estado destinadas al remate en bandeja para el sector privado. Por eso llama poderosamente la atención el freno de las obras clave para el entramado productivo del país. No sería la primera vez en la historia que, previo a un proceso de privatización, se boicoten las empresas, se las paraliza y se las muestra como deficitarias o poco necesarias.
“No logro entender cuál es el objetivo, porque tenemos un sistema nuclear consolidado. Además, hay un compromiso que ha asumido el Estado ante la Justicia de Córdoba, que le ha dado fecha de vencimiento para seguir operando la planta con el condicionamiento de que el proyecto en Formosa se termine”, finalizó.
Gracias a dicha tecnología y a sus características logísticas la planta iba a minimizar el impacto ambiental y a eliminar la necesidad de desechar líquidos, al adoptar un enfoque de vertido líquido cero. Comparada con las actuales plantas industriales en el país y la región, la NPU iba a estar a la vanguardia ofreciendo un modelo de eficiencia, seguridad y modernización.
Asimismo, Dioxitek es líder regional en la producción de UO₂ y en la fabricación de fuentes selladas de Cobalto-60 (Co-60), utilizado en diversos sectores como la medicina y la industria alimentaria.
Todas estas tecnologías son exportadas a Canadá y Chile. En este marco, la paralización del proyecto NPU no solo compromete el suministro energético del país, sino que también impacta negativamente en la economía regional y en las numerosas contratistas involucradas en el proyecto, las cuales hoy exigen el pago de los compromisos asumidos, generando un perjuicio económico significativo y potenciales conflictos legales.
La situación actual también puso a Dioxitek en una posición precaria legal y financiera, con deudas pendientes que amenazan su estabilidad operativa y su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos con terceros.
Fuente: infogremiales.com.ar
