La política anti industrial del gobierno de Milei: implicancias del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones en la Ley Bases

El plan anti industrial de Milei tiene como base una fuerte devaluación y suba del Impuesto PAIS, que encarecieron los insumos para el mundo pyme industrial, y a este aumento de costos se agrega la suba de tarifas en marcha.

Pero no sólo se trata de condiciones macroeconómicas adversas: el DNU 70/2023 derogó la Ley de Compre Nacional y con ella el Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO). La Ley 21.608 de promoción industrial también fue derogada por el DNU. También fueron eliminadas las líneas de crédito con bancos públicos, como BNA y BICE, que promovían la inversión y los proyectos estratégicos que impulsaban el cambio tecnológico.

En el mismo sentido, el ajuste fiscal impacta en la desfinanciación de organismos trascendentes como la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior, el INTI y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

La apertura comercial irrestricta es una gran amenaza para el entramado productivo nacional (eliminación de la política de Licencias Automáticas y No Automáticas) que puede generar un aluvión importador. Las últimas decisiones fueron las de bajar aranceles de importación para productos de línea blanca como heladeras y lavarropas (del 35% al 20%), a los que se le suman los neumáticos (35% a 16%) e insumos plásticos (12,6% a 6%).

Otro fuerte golpe que podría recibir la industria nacional sería la modificación del régimen antidumping. El oficialismo pretende aplicar un tope al porcentaje de los derechos aplicados a ciertas importaciones y establecer un plazo máximo del orden de los 18 meses para este tipo de medidas.

A contramano de lo que pretende imponer el RIGI y el marco teórico de Milei, la política industrial ha cobrado un nuevo impulso en el mundo, demostrando su papel crucial en la disputa global por el liderazgo tecnológico e industrial. En un contexto de transformación estructural impulsada por la transición energética hacia una economía verde, la política industrial desempeña un papel fundamental al acelerar dicha transición y posicionar a las naciones en las nuevas cadenas de valor.

El propio FMI ha publicado un último informe (“Cobertura de la política industrial en la supervisión del FMI: consideraciones generales”, marzo 2024) que detalla las policías industriales adoptadas por países desarrollados desde la pandemia a la actualidad.

En Estados Unidos, la PI se ha convertido en una política de Estado. Tanto Trump como Biden han implementado medidas de política industrial a través de leyes como la “CHIPS Act”, la “Bipartisan Infrastructure Law (BIL)” y la “Inflation Reduction Act (IRA),” con el objetivo de hacer frente a la competencia con China y robustecer el entramado industrial estadounidense.

Por su parte, la Unión Europea ha lanzado su política industrial del Pacto Verde, que busca mantener la capacidad industrial en Europa y preservar empleos manufactureros. Brasil refuerza los estímulos fiscales para apalancar a su industria e intensifica las barreras comerciales: reciente imposición de un esquema de cuotas de importación en once tipos de aceros y aleaciones.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con media sanción en la Ley Bases, incentiva el ingreso de proyectos con un mínimo de U$D 200 millones de capital, con amplios beneficios tributarios y cambiarios y estabilidad fiscal por 30 años.

Cede soberanía a la hora de controversias (se resuelven en el CIADI). No están establecidos sectores prioritarios, pero durante la sesión el diputado Miguel Ángel Pichetto, retomando al Presidente Milei, precisó lo que la ley no aclara: es para minería, petróleo y gas. A la usanza de los ‘90, también puede computarse como proyectos, con iguales beneficios, la compra de acciones hasta 15%.

Un breve análisis de un régimen de inversiones implica evaluar su impacto en la generación de dólares, la mejora fiscal, el cambio en la matriz productiva y la creación de empleo. En este caso se observa lo siguiente: En materia de divisas, el régimen establece libre disponibilidad de 20% en primer año, 40% en segundo y 100% a partir del tercero. Ello dificulta ostensiblemente la posibilidad de ingresos de dólares por esta vía.

En el plano fiscal, reduce ganancias a 25%, elimina Derechos de Exportación a partir del tercer año, permite el cómputo del Impuesto a los Débitos y Créditos compensatorio de ganancias, y otorga beneficios de IVA. Elimina derechos de importación. Impide que provincias y municipios modifiquen tributos sobre estos proyectos. Esto significa un aumento del gasto tributario, tal cual lo señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Estabilidad garantizada con resolución de controversias en jurisdicción extranjera: para estas medidas tributarias, aduaneras y cambiarias, incluye estabilidad fiscal hasta 2058 lo cual significa que no puede haber cambios tributarios y cambiarios hacia adelante. Esto convierte a la Argentina en un enclave extractivista por 30 años. En caso de que hubiere disputa con el Estado Nacional, la resolvería un tribunal arbitral extranjero donde el 88% de las demandas que sufrió Argentina terminaron con fallos favorables para los demandantes.

El GAFI alertó, por su parte, sobre la ausencia de controles en materia de ingreso de capitales de origen ilícito, convirtiendo al RIGI en un potencial vehículo de lavado. Si se agrega el blanqueo low cost, sin controles y que incluye a no residentes, Argentina se convierte en una plaza financiera para atracción de capitales que han huido de la tributación en otros países.  

Cambio en la matriz productiva: no hay transferencia tecnológica sino que se beneficia al inversor extranjero, porque el local debe pagar aranceles por los insumos necesarios para producir el mismo bien de capital. Tampoco hay política de desarrollo de proveedores (ya el DNU 70 elimina el Compre Nacional y el PRODEPRO, Programa de Desarrollo de Proveedores). No exige agregación de valor. A ello se debe añadir que los adheridos al RIGI no tendrán obligación de comercializar productos en Argentina.

Se constituye un régimen cuasi colonial: las empresas extranjeras podrán producir con beneficios extremos y exportar libremente, sin abastecer al mercado local.

Generación de empleo: al tratarse de actividades extractivas, con poco encadenamiento promovido, la creación será poca. En los últimos 15 años las actividades de agro, minería, petróleo y gas representaron 400.000 puestos de trabajo de forma directa, solo el 6% del total de empleo registrado privado. Y no sufrieron ni subas ni caídas, ni cuando crecieron sensiblemente ni cuando cayó su actividad. En ese mismo período, sólo generaron 17.000 puestos de trabajo registrados privados directos, punta a punta.

Esta iniciativa se inscribe en el plan de políticas que lleva adelante el actual Gobierno y que tiene como principal objetivo otorgar beneficios a grandes grupos económicos con la finalidad de obtener dólares frescos, en un objetivo inmediato de levantamiento del cepo y posterior dolarización de la economía.  No aparecen contrapartes positivas para el desarrollo nacional.

La Ley Bases, en efecto, contiene medidas que encastran perfectamente con el RIGI, tales como un blanqueo de capitales laxo y a tasa cero, la rebaja del impuesto patrimonial a los Bienes Personales, privatizaciones de empresas públicas e intervención de organismos descentralizados, la desregulación del sector hidrocarburífero, cambios regresivos en el mundo laboral y la eliminación de la moratoria previsional, entre otros aspectos, que configuran una Argentina más desigual y menos soberana.

Fuente: centrocepa.com.ar