La justicia dio lugar al recurso de amparo interpuesto por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén respecto a la falta de respuesta de la Municipalidad de Neuquén a las solicitudes de información pública ambiental relativa a la obra “bicisendas” sobre Avenida Argentina.
La decisión de la jueza de feria, Elizabeth García Fleiss, intima a la Municipalidad a presentar un informe sobre las obras en un plazo de dos (2) días hábiles.
En su presentación ante la Justicia, la Defensoría del Pueblo explicó que ante la falta de respuesta del Órgano Ejecutivo Municipal a cada uno de los pedidos de informes emitidos, este organismo no pudo evaluar adecuadamente la totalidad de los riesgos que la obra pueda proyectar sobre los peatones, ciclistas y transeúntes en general. Por ello, oportunamente solicitó al Instituto Prueger, en el marco del convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones, la realización de un estudio que permita alertar sobre eventuales riesgos proyectados por la obra.
Al respecto, el informe del profesional, que se adjuntó a la presentación judicial, concluyó que la obra, según su diseño actual, conlleva un elevado riesgo de accidentes en relación con el flujo promedio de vehículos automotores, ciclistas, peatones y feriantes.
En su escrito, la Defensoría del Pueblo manifestó que la obra pública en cuestión debería contar con la realización de una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental, el que además debe incluir un plan de gestión ambiental que alerte, entre otros aspectos, sobre la eventual afectación del arbolado urbano.
En este marco, la Defensoría indicó que oportunamente había solicitado también al municipio se pronuncie respecto al arbolado urbano ubicado en las plazoletas de la Avenida Argentina, ítem que tampoco fue respondido. Cabe resaltar que la semana pasada se realizó la remoción de un histórico ejemplar arbóreo por el aparente riesgo de caída que presentaba.
En este caso en particular, y atento a la falta de información, la Defensoría del Pueblo contactó telefónicamente a las autoridades de las áreas municipales con competencia en la materia, oportunidad en la que se informó que el ejemplar habría sido puesto en riesgo luego de que las máquinas que trabajaban en el lugar con motivo de la ejecución de la citada obra, afectaran sus raíces.
Por ello, en la medida judicial presentada, el Defensor del Pueblo solicitó se ordene “la inminente suspensión de todo trabajo de obra que involucre movimientos de suelos o de cualquier naturaleza que puedan afectar el soporte de los árboles que se encuentran en el sector de influencia de la obra hasta tanto se efectúe un pormenorizado estudio del estado de toda la franja de arbolado urbano ubicado en la extensión de la obra en cuestión y se garantice y proteja el estado de cada ejemplar. Además, se proceda en forma inmediata a señalizar adecuadamente la cinta asfáltica que comprende la bicisenda propiamente dicha alertando acerca de los eventuales riesgos que involucra su utilización y/o circulación cercana, máxime teniendo en cuenta su uso en el desarrollo de la histórica feria de artesanías local, con afluencia de turistas que desconocen la existencia de dicho carril.” Riva resaltó que la urgencia en tal solicitud de justifica en garantizar la seguridad física de la ciudadanía y la seguridad ambiental del arbolado urbano en crisis, fruto de la falta de evaluación de riesgos y planeamiento del ejecutivo en la obra en cuestión.
El pedido del defensor del pueblo se enmarcó en la Ordenanza N° 9657 sobre suministros de información pública ambiental y en toda la legislación nacional, provincial y local referente a la materia. Asimismo, a modo de antecedente judicial, la Defensoría del Pueblo hizo referencia a la obra denominada “Avenida de los Ríos” en la que se dispuso la suspensión por no contar con estudio de impacto ambiental idóneo ni haber convocado a una audiencia pública.
Las circunstancias en las que se promovió la acción no podían esperar a la culminación de las obras para accionar en tutela del ambiente y de la integridad físicas de los transeúntes, por lo que el defensor local solicitó la habilitación de la feria judicial para la tramitación del expediente. Consecuentemente, la jueza de feria dio lugar a la presentación en el expediente judicial N° 100544/2021.
En su documento la Defensoría solicitó al poder judicial una actitud activa en el dictado de medidas precautorias, sugiriendo una rápida convocatoria a una audiencia de partes, asistidas por profesionales técnicos, para poder resolver esta acción así como analizar las políticas públicas vinculadas a la obra pública. “La buena gestión en materia de obra pública y ambiente es nodal en estos tiempos para la garantía de la sustentabilidad y el derecho al ambiente sano de generaciones futuras, incompatible con la administración basada en el secretismo oficial”, indicó el Defensor en el recurso judicial presentado.
Fuente: Defensoría del Pueblo
