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La fiscalía pidió la destitución del defensor acusado de violento

Se trata del defensor civil de la IV Circunscripción Javier Cassano, enjuiciado por varios hechos de violencia de género y hostigamiento a su ex pareja
ACTUALIDAD - POLICIALES30/09/2023NeuquenNewsNeuquenNews
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Este viernes finalizó el jury que enfrenta el defensor público de Junín de los Andes, Javier Cassano, en la Legislatura provincial por hechos de violencia de género contra su ex pareja. La fiscalía pidió la destitución del funcionario. El Jurado contará con 15 días hábiles para definir si aplica o no una sanción.
 
Toda esta semana Cassano, quien actualmente se desempeña como defensor oficial civil en la IV Circunscripción, fue juzgado por cinco acusaciones relacionadas con hechos de violencia de género, intimidaciones e incumplimientos a restricciones de acercamiento a su ex pareja, que datan de 2019.

El principal hecho habría ocurrido a principios de septiembre de ese año, cuando el hombre concurrió a la casa de quien era su pareja, le recriminó algunas cosas y rompió la puerta de ingreso de una patada, para ingresar por la fuerza a la casa. Por esta situación, la mujer radicó la denuncia correspondiente. Tras ello, se le atribuye haber cometido más intimidaciones e incumplimientos a restricciones de acercamiento, por lo que se le terminó iniciando un sumario interno ese mismo año.

En el fuero penal, aunque inicialmente se le formularon cargos, en 2020 la causa se resolvió mediante un acuerdo de las partes y el defensor público fue absuelto por los delitos que se le imputaban. No obstante, respaldada en informes de funcionarios de la Oficina de Violencia, la policía que le tomó la denuncia a la joven de 22 años que era pareja del defensor, testimonios de amigas y otras piezas de prueba como mensajes del propio defensor,la fiscal jefa Sandra González Taboada sostuvo a lo largo del proceso que la víctima fue coaccionada a retirar su denuncia y acceder a una resolución alternativa del conflicto y que se encontraba en una situación de "extrema vulnerabilidad" y "asimetría" ante el funcionario denunciado, situación que el imputado aprovechó.

El deseo manifestado por la víctima de retirar la denuncia y las expresiones con las que se "autoinculpaba" ante las psicólogas fue interpretado como uno de los signos claros de la violencia de género a la que estaba sometida.

Bajo esta premisa es que sostuvo que el defensor demostró una actitud intolerable como miembro del Poder Judicial y que también afectó la impresión pública de la Justicia provincial. "Cassano faltó reiteradamente a sus deberes de funcionario judicial", sentenció la fiscal, quien desarrolló su alegato de clausura este viernes durante poco más de una hora en la que detalló toda la prueba que a su criterio demuestran la veracidad de las acusaciones contra el funcionario.

Finalmente, pidió al Tribunal de Enjuiciamiento que se den por acreditados todos los hechos y que como sanción se aplique la destitución.

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Por su parte, la defensora Laura Giuliani criticó la perspectiva de género aducida por la fiscal jefa al señalar que se subestimó y no se escuchó a la víctima cuando manifestó que quería retirar su denuncia. También criticó las escuchas telefónicas -no consideró correcto su otorgamiento- sumadas a la causa y la revictimización que se produjo al enjuiciar al defensor aunque la causa contra su ex pareja ya había tenido su resolución. Destacó además que se trató de hechos de poca entidad (ya que finalmente no se constataron lesiones a la víctima en el hecho principal y solo se le atribuyó un daño) y que el funcionario nunca dejó de trabajar a pesar del proceso en su contra.

El propio Cassano también tomó la palabra y una vez más, atribuyó lo ocurrido a malos entendidos y a los problemas de salud mental que sufría su entonces pareja, además de criticar que el proceso haya llegado a un jury.

A su turno, la defensora Giuliani pidió que se absuelva a su defendido o que, subsidiariamente, se le aplique una suspensión por 60 días de su trabajo.

El Jurado de Enjuiciamiento cuenta a partir de esta jornada con un plazo de 15 días hábiles para analizar la prueba y llegar a un veredicto.

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