Con lo justo, la oposición logró el quorum para debatir una nueva ley de Alquileres. Sin embargo desde el oficialismo, que defiende la actual norma, impidieron que sea derogada.

 Con ese telón de fondo, el bloque opositor negocia “un cambio en la actualización” que incluye bajarla a cuatro meses. Esto, señalaron fuentes de Juntos por el Cambio, implicaría un “camino intermedio entre la derogación que piden los más duros y los bloques del medio”.

 “Sería una mejora grande frente a la ley actual, que acordamos y entendemos, es un cambio temporal hasta que tengamos el número para derogar”, destacaron.

Desde el mediodía, Diputados se encuentra sesionando. La votación se dio en medio de cruces entre la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moureau, y los diputados opositores.

 Finalmente, la derogación terminó con 110 votos negativos y 124 votos afirmativos. Como no tienen dictamen de comisión, los diputados opositores debían alcanzar los dos tercios, pero ante el rechazo del oficialismo, no alcanzó los votos necesarios para avanzar con la derogación de la Ley de Alquileres.

 Con este panorama, los diputados de Juntos por el Cambio buscarán realizar modificaciones entre las que se encuentran acortar el plazo para la actualización de los valores de alquileres, y retrotraer la vigencia de los contratos de tres a dos años.

 La sesión de este mediodía fue citada para tratar todos los dictámenes y proyectos vinculados con la Ley de Alquileres, norma cuestionada desde el momento mismo de su sanción hace tres años, apoyada originalmente por casi todo el arco político.

 “Las leyes se hacen para proteger al más débil, el más fuerte no necesita leyes. Todos tenemos el derecho a una vivienda digna y adecuada. Adecuado quiere decir seguridad en la tenencia y el sentido de la asequibilidad. ¿Por qué planteamos la idea de mantener los tres años de alquiler? Porque los que alquilan son los jóvenes, parejas recién conformadas, gente que tiene menos recursos y cierta estabilidad hace la idea de adecuado, acortar esos tiempos es sacarles calidad y poner riesgos”, expresó el diputado oficialista, Carlos Heller.

 Asimismo, agregó: “Tenemos una ley que todo el mundo dice que no se cumple, además de que la mayoría de los contratos se formulan por fuera de la ley. Es gravísimo y tendríamos que estar pensando cómo hacer para que estén registrados dentro de lo que establece la ley. Pero aparece la otra oferta, en algunas plataformas o en moneda extranjera, que es ilegal. Entonces el más débil de la ecuación termina aceptando que no son legales, que no puede cumplir y que le quitan calidad de vida”.

 Por otro lado, Pablo Tonelli, del bloque del PRO, planteó: “Al momento de aprobarse la ley, los inmuebles que se ofrecían en alquiler en CABA eran alrededor de 8000. Hoy en día ha bajado por debajo de las 1000. Habla a las claras de un fracaso de la ley, o al menos, un efecto no deseado. Produce encarecimiento en el precio de los alquileres, sino endurecimiento de las condiciones”.

 “Dejemos que la gente pacte libremente que ellos saben mejor que los políticos cuánto sale un inmueble, cuánto pueden pagar o como indexar un contrato de acuerdo a sus expectativas particulares. Si queremos progreso, saquemos al Estado de los contratos”, apuntó José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad.

 En esa línea se manifestó la radical Karina Banfi: “Hay que escuchar a los inquilinos y a los propietarios. Nos están diciendo que no hay oferta, que están muy caros los alquileres y que esta ley no sirve. Pedimos derogar totalmente esta ley porque entendemos la situación de emergencia en la que se encuentra la Argentina y que vamos a liberar a las partes para que armen su ajuste periódico”.

 “Hay una soberbia de decir que la ley no funcionó por la inflación. Esta ley no funcionó porque el Estado se metió donde nadie lo llamó. Eso hay que asumir”, enfatizó Carolina Píparo.